Denuncia la entrega del sector energético a extranjeros

SME: trasnacionales se apoderan de gasolineras

Controlan ya 20% de las estaciones de servicio en el país

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores, denunció que con los contratos de servicios múltiples y los permisos de la Comisión Reguladora de Energía, además de que las empresas extranjeras ya tienen el control pleno de las nuevas plantas de generación eléctrica, también el gas natural está en poder del capital privado.

Denunció que las trasnacionales que operan en el sector del gas ya presionan para imponer precios en las recientes licitaciones de este energético. La pinza de poder que están usando en el país estas empresas, advirtió, se está cerrando, ya que el gas natural, insumo necesario de las nuevas plantas, pertenece al capital extranjero. En la práctica, añadió, el control del precio y la presión para las tarifas eléctricas están en sus manos.

"El círculo se cierra. Inversiones, convenios de financiamiento con los organismos internacionales y deuda están en poder del capital extranjero, y aun así el gobierno del presidente Vicente Fox insiste en que el sector energético del país no se privatiza, cuando en la práctica así sucede", indicó Flores en un informe.

Siete empresas extranjeras, puntualizó, detentan el control pleno de las nuevas plantas de generación eléctrica, prácticamente ya no hay inversión nacional en el rubro, las compañías nacionales sólo dan mantenimiento y la infraestructura se pone al servicio de trasnacionales.

La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), por su parte, sostuvo que el 66 aniversario de la expropiación petrolera desafortunadamente no fue posible festejarlo, ya que en la actual administración se "sofisticaron" las formas de privatizar este sector, pues, además de los contratos de servicios múltiples, se están llevando a cabo muchas otras formas de entrega a los extranjeros.

En un informe de esta organización se señala que si ya de por sí los contratos de servicios múltiples son anticonstitucionales, ya que con ellos se sustituye a Pemex en las funciones de explorar y producir gas, las cuales se trasladan a las empresas privadas internacionales, además se están otorgando concesiones a empresas transnacionales para regasificar y generar electricidad.

Explica que las inversiones extranjeras en estados como "Baja California se orientan a surtir combustible para generar energía eléctrica para California, en Estados Unidos; las empresas interesadas son Marathon Oil, Sempra Energy y Shell. El consorcio Chevron Texaco planea construir una planta regasificadora en la costa norte del mismo estado. En Tamaulipas se tiene contrato con la angloholandesa Shell para operar en Altamira, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pretende trabajar la empresa española Repsol".

De manera adicional hay grandes inversiones privadas en la petroquímica estatal. Mediante el proyecto Fénix se pretende invertir 2 mil millones de dólares, de los cuales 70 por ciento será privado y 30 por ciento estatal.

Pero no sólo eso, según informes de la unión, sino que están incursionando en la venta de gasolinas y de otros productos petrolíferos mediante la participación de empresas transnacionales en estaciones de servicio. "Se tiene detectada la presencia de British Petroleum, de Royal Dutch Shell, Chevron Texaco y Exxon Mobil, que en conjunto se estima que controlan 20 por ciento de las estaciones de servicio del país. Además, la empresa mexicana Hidrosina pretende asociarse con la cadena comercial Wal Mart".

Todo esto se lleva a cabo, se añade, porque Pemex cuenta con una nueva elite administrativa con enfoque privatizador, ya que en el corporativo y en las sedes de las subsidiarias se han creado más de 5 mil nuevas plazas para la contratación de personal proveniente de empresas como ICA, Dupont, IBM, de empleados de aseguradoras y militantes del PAN vinculadas a los nuevos directivos de Pemex, que no tienen el mínimo conocimiento de la industria, pero sí los mejores niveles, ingresos y prestaciones.

En contraparte, en lo que va de este sexenio, "amparándose en el programa de austeridad y racionalidad en el gasto público del gobierno federal, han salido de la empresa más de 3 mil profesionistas de carrera. Esta situación controvertida con el supuesto ahorro con el que justifican los despidos está ocasionando el incremento inmanejable del pasivo laboral, producto del incremento de las pensiones jubilatorias y las miles de demandas que Pemex está recibiendo, y que perderá dada la forma violatoria del derecho laboral con que se realizan, así como los altos riesgos a que es sometido el personal en las instalaciones por la disminución de supervisión experta", concluye el informe.