Viola acuerdo de solidaridad

Preocupa a la SRE el intento de gravar remesas

Al referirse a la resolución que aprobó el Senado de Arizona, por medio de la cual exhorta al Congreso Federal de Estados Unidos a establecer un gravamen a las transferencias de dinero que realizan los migrantes mexicanos a sus familias, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó ayer su preocupación, pues ese tipo de medidas además de ser contrarias al espíritu de la Sociedad para la Prosperidad que firmaron los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox, desatiende las recomendaciones de organismos financieros en el sentido de evitar obstáculos al flujo de remesas.

El Senado de Arizona aprobó ayer la resolución SCM 1007 titulada Inmigrant Costs: health, jail, reimbursment, por medio de la cual pide a los congresistas federales gravar las remesas para rembolsar a Estados Unidos el costo derivado de los servicios de salud y penitenciarios que se brinda a mexicanos indocumentados.

Dicho llamado fue remitido a la Cámara de Representantes del estado en donde debe someterse a votación del pleno. Al respecto, la cancillería mexicana informó anoche que se giraron instrucciones al cónsul general de México en Phoenix, Arizona, para que exprese a los actores políticos relevantes del estado su más sentida preocupación ante la resolución. La medida es contraria a la Sociedad para la Prosperidad, la cual persigue entre otros propósitos la reducción del costo del envío de las remesas y fomentar con ellas la generación de oportunidades en las comunidades de México con mayor intensidad de emigración.

La dependencia manifestó también que la resolución es omisa con respecto a las aportaciones que los migrantes mexicanos realizan a la economía de Arizona y de Estados Unidos. En el primer caso, un estudio realizado en 2003 por la Escuela de Graduados en Administración Internacional de la Universidad de Thunderbird, en Arizona, en colaboración con el Consulado General de México en Phoenix, encontró entre otros aspectos que el poder de compra de los mexicanos en ese estado alcanzó 3.9 mil millones de dólares en 2001. La contribución fiscal estimada de los connacionales al estado en ese mismo año fue de 356 millones de dólares, mientras que el costo para el estado fue de 250 millones.

Por último, considera que existe una imposibilidad jurídica para establecer un gravamen como el propuesto, ya que se trataría de una medida discriminatoria y resultante en un problema de doble tributación.