El Congreso aprueba la decisión por estrecha mayoría

Reactiva AN juicio político vs magistrados yucatecos

El gobernador pretende desintegrar el Poder Judicial para asumir su control, acusan diputados de PRI y PRD

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 24 de marzo. Esta madrugada, los 12 diputados panistas, con el apoyo de los ex priístas Manuel Avila Noh y Félix Marcial Paat Alcocer, hicieron valer su estrecha mayoría y acordaron reactivar el juicio político en contra de cinco magistrados del Poder Judicial del Estado, acusados de bloquear la impartición de justicia al no liberar al ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por dar muerte a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, integrante de un influyente familia de origen libanés.

En contra se manifestaron los 11 legisladores del PRI y el perredista Jorge Vallejo Buenfil, quienes calificaron la acción de madruguete y de intento del gobierno local por asumir el control del Tribunal Superior de Justicia del Estados (TSJE), al que Acción Nacional señala como el coto de poder del Revolucionario Institucional.

Como respuesta, el magistrado Angel Prieto Méndez, presidente del TSJE, ofreció este mediodía una rueda de prensa en la que anunció que recurrirá al Senado de la República para abrir un controversia en contra de los 14 diputados que incoaron el juicio político contra los magistrados. De igual manera, el también ex legislador del PRI criticó que el caso de Medina Millet sea utilizado como pretexto para dirimir controversias constitucionales, pero dijo carecer de elementos para acusar directamente al gobernador Patricio Patrón Laviada de estar detrás de toda la polémica.

Lo que aparentaba ser una sesión ordinaria normal y sin mucha controversia, se tornó tensa al paso de las horas, cuando los 12 panistas y los dos legisladores ''independientes'' acordaron llevar a dictamen un total de nueve solicitudes de juicio político -entre ellas la de los magistrados-, pero desecharon todas con excepción de la más importante.

Después de un receso de dos o tres horas, antes de las seis de la tarde se reanudó la sesión y en asuntos generales se planteó reactivar la querella en contra de los magistrados. Una larga discusión precedió que a la 1:15 de la madrugada de este miércoles se aprobara dicho punto por simple mayoría.

El martes próximo, al continuar las sesiones legislativas, se deberá integrar la comisión instructora que será la que finalmente analizará si procede el juicio político; sin embargo, se delanta que esta instancia estaría integrada por un mínimo de tres diputados, de los cuales dos serían de Acción Nacional.

El coordinador de la bancada priísta, Cleominio Zoreda Novelo, advirtió que los panistas y sus dos "corifeos" ya se metieron en ''camisa de once varas" al pretender enjuiciar a los magistrados para ayudar a un delincuente como Armando Medina, aunque externó que el fondo es desintegrar al Poder Judicial para que el gobierno asuma su control. En términos similares se expresó el perredista Vallejo Buenfil.

En septiembre de 2003, los abogados defensores de Armando Medina Millet solicitaron al Congreso local juicio político contra los magistrados Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Ligia Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Mercedes Pérez Fernández, a quienes denunciaron por impedir la libertad del sentenciado, con el argumento de responder a intereses de la familia Abraham, de la cual formó parte Flora Ileana, asesinada por su entonces marido.

En febrero pasado, Medina Millet compareció en una vista pública en el Tribunal Superior de Justicia del Estado donde reiteró que su esposa se suicidó motivada por una aguda crisis nerviosa. Días después, los magistrados desecharon por improcedente el alegato de la defensa y ratificó la sentencia al reo.

Posteriormente, la Comisión de Legislación debatió sobre la pertinencia de ese juicio político y con el voto a favor de Vallejo Buenfil y Zoreda Novelo se aprobó desechar esa querella, aunque la fracción panista prometió que el asunto volvería al pleno del Congreso. Y así fue.

El secretario general de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez, en entrevista, deslindó al Poder Ejecutivo de la autoría intelectual de esta actuación y dijo ser respetuoso de los diputados y los magistrados.

Por su parte, el magistrado Prieto Méndez advirtió sobre una eventual crisis de gobernabilidad en la entidad en caso de que continúen los ataques contra el Poder Judicial, ya que el Senado podría decretar, en caso extremo, la desintegración del Congreso y someter a juicio político nacional a los diputados locales involucrados en el asunto.