Demandan a la paraestatal por fraude, en Guerrero

En Chihuahua toman instalaciones de la CFE por cobro de altas cuotas

MIROSLAVA BREACH Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES

Habitantes de colonias populares de la capital de Chihuahua tomaron instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en protesta por los altos cobros del servicio doméstico y para exigir que se aplique en la entidad la tarifa 1-F, como se hace en Sonora, Baja California y Sinaloa.

El diputado local priísta Pedro Domínguez Alarcón, dirigente de los colonos inconformes, señaló que éstos han gestionado ante autoridades federales desde hace más de cuatro años que se reduzca el cobro de las tarifas eléctricas en 15 municipios de Chihuahua, los cuales registran temperaturas superiores a 33 grados centígrados en la temporada primavera-verano, pero no han obtenido respuesta.

Agregó que actualmente la CFE aplica en Chihuahua la tarifa 1-B, "lo que representa un alto costo para los usuarios del servicio doméstico". Comentó que además de "lo caro de la tarifa eléctrica", las familias de escasos recursos enfrentan constantes abusos por parte de la paraestatal, que les factura consumos bimensuales, "muchas veces imposibles de pagar".

Ante la situación, el legislador Domínguez Alarcón propuso que se reduzcan las tarifas de la CFE y que ésta restructure su esquema de facturación a fin de que cobre cada mes.

Presentan denuncia penal contra la CFE

En otro contexto, alrededor de 50 agricultores afiliados al Comité de Defensa Campesina de La Sabana, ejido ubicado en el municipio de Acapulco, Guerrero, interpusieron una denuncia penal por fraude y lo que resulte en contra de la CFE, a la que imputaron entregar a un comisariado ejidal, al que no reconoce la comunidad, indemnizaciones por operaciones de la paraestatal, que tendió redes eléctricas en 16 hectáreas.

El asesor legal de los ejidatarios, Javier Busto Galeana, dijo que la demanda presentada ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Renacimiento, se debió a que la paraestatal pagó 30 millones de pesos a seis miembros del comisariado ejidal que encabezaba Higinio Salazar Ozuna, a quien no reconocía la comunidad.

Añadió que la CFE omitió entregar las indemnizaciones a los directamente afectados, entre ellos viudas; dio empleo a miembros del comisariado ejidal espurio e inventó nombres de ejidatarios para que cobraran por las afectaciones que dejaron los trabajos de la paraestatal.