La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó ayer que en diciembre y enero pasados, en el contexto de la sobrevigilancia aeroportuaria en esta capital por el supuesto peligro de atentados terroristas que esgrimió entonces el gobierno de Estados Unidos, se quebrantó la legalidad nacional de diversas maneras: usurpación, por agentes policiales extranjeros, de funciones que la Constitución establece como exclusivas de las autoridades mexicanas; trato degradante y discriminatorio a pasajeros durante las revisiones previas al abordaje; empleados de empresas de seguridad privada que retuvieron ilegalmente pertenencias de los viajeros y abusos de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes -sin justificación- hicieron detenciones.

En aquel criticado operativo de seguridad se cometieron, dijo la CNDH, "actos y omisiones de servidores públicos que propiciaron la violación directa de varias disposiciones del orden jurídico nacional e internacional, así como situaciones de pleno desconocimiento a los valores que dan sustento a las condiciones mínimas de dignidad humana, igualdad, libre tránsito, legalidad y seguridad jurídica con que deben contar las personas en nuestro país, lo cual supone el desconocimiento o desprecio del deber del Estado de actuar con la debida diligencia ante este tipo de contingencias, tolerando -en cambio- que particulares realizaran funciones de vigilancia y revisión legalmente reservadas para las autoridades, todo ello en menoscabo de derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Asimismo, "las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública federal consintieron y toleraron la actividad de agentes del gobierno de Estados Unidos de América en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no limitada al intercambio de información, sino a la participación activa de los mismos en la revisión de pasaportes y otros documentos de pasajeros".

Cabe recordar, ante estos señalamientos, que los hechos denunciados ocurrieron en el contexto de la "máxima alerta" declarada a fines del año pasado y principios del presente por el gobierno de George W. Bush, ante la pretendida inminencia de atentados terroristas, y que esas alertas obedecen más a intereses propagandísticos que a razones policiales y de seguridad. El hecho es que muchos gobiernos -el de México entre ellos- sucumbieron ante las presiones de la Casa Blanca y multiplicaron en forma desproporcionada y absurda sus dispositivos de vigilancia; en nuestro país se llegó incluso a una grave e inadmisible claudicación de la soberanía, al aceptar la operación de agentes policiales estadunidenses en el AICM.

Pese a los alegatos de la Secretaría de Gobernación y de la PFP de que los efectivos extranjeros se limitaban a realizar un "análisis de información" y que "las decisiones e instrumentación de los operativos corresponden en forma exclusiva a autoridades mexicanas", la CNDH documentó en el momento de los hechos la participación directa -e ilegal- de policías estadunidenses en la revisión de pasajeros, equipajes y documentos.

A la violación de la soberanía nacional se añadió una serie de violaciones a los derechos humanos de connacionales, en territorio mexicano, por efectivos policiales estadunidenses. El gobierno foxista estableció, de esa forma, una nueva modalidad de abuso que se suma al quebrantamiento habitual de garantías y derechos por las corporaciones policiacas nacionales y a los atropellos que los agentes estadunidenses perpetran contra los mexicanos que se aventuran al norte de la frontera.

Ante semejante demolición de la legalidad, los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Seguridad Pública federal tendrían que ser llamados a rendir cuentas por el Legislativo, en tanto que las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en diciembre y enero en el AICM -documentadas por la CNDH- deberían dar pie a la conformación de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República.

Si no se procede en ese sentido, se reforzará la extendida y creciente percepción social de que el pretendido gobierno del cambio es en realidad un imperio de la impunidad.