Se podría iniciar juicio político contra el gobernador por el escándalo del narcotráfico: legisladores

Exigen a PGR y AFI identificar la responsabilidad de Estrada Cajigal

Petista denuncia que la Policía Ministerial funciona como grupo operativo del narco

ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ REPORTEROS

La Cámara de Diputados exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Agencia Federal de Investigación (AFI) profundizar sus investigaciones en torno a la supuesta protección a narcotraficantes en Morelos -por la cual fueron arrestados el ex director y el ex coordinador operativo de la Policía Ministerial, Agustín Montiel y Raúl Cortés, respectivamente-, "e identificar la relación y responsabilidad" que tendrían en estos hechos el gobernador Sergio Estrada Cajigal y sus colaboradores cercanos, para que pueda iniciarse juicio político en su contra, pues en la entidad prevalecen "la impunidad, el tráfico de influencias y la delincuencia organizada" al amparo del Ejecutivo local.

La bancada del PT fue más allá y exigió que ante las evidencias de que el mandatario panista se convirtió en un "narcogobernador", el Senado declare, con fundamento en la Ley Reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, la desaparición de poderes en Morelos. La fracción 3 del artículo 2 de dicha ley define que puede decretarse esa situación "con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados" por los titulares de los poderes constitucionales, "que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico".

En la Cámara de Senadores también hubo un reclamo para que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, investigue a fondo a Estrada Cajigal "por su posible responsabilidad en la protección de narcotraficantes, lo que se ha omitido hacer, y por lo tanto es inadmisible que se le haya exonerado anticipadamente".

El perredista Jesús Ortega advirtió que Macedo de la Concha actúa "con evidente parcialidad" en el caso del gobernador de Morelos, pese a que se trata de un asunto tan grave como es permitir el florecimiento del narcotráfico en la entidad.

"El dicho del responsable de la PGR no puede suplir toda una investigación; por ello Macedo de la Concha está obligado a iniciar un averiguación para ver todos los vínculos de Estrada Cajigal -muchos de ellos denunciados desde hace varios meses por los perredistas morelenses- con la delincuencia organizada", dijo.

David Jiménez, senador priísta por Morelos y ex procurador general de Justicia en esa entidad, señaló que desde hace diez años en esa entidad comenzaron a asentarse capos del tráfico de drogas sin que hubiera control de las autoridades federales ni estatales. Ello provocó la caída de un gobernador del tricolor, Jorge Carrillo Olea, y "hoy vemos que la situación se ha agravado por las evidentes complicidades entre las fuerzas policiacas del gobierno de Estrada Cajigal con la delincuencia organizada".

Jiménez dijo que si bien es apresurado plantear la desaparición de poderes en Morelos, "porque no tenemos todos los elementos", lo cierto es que el clima político se ha descompuesto.

El coordinador de los diputados del PT, Gonzalo Yáñez, consideró que sí existen las condiciones dispuestas en la Ley Reglamentaria del artículo 76 constitucional. "La fisonomía de Morelos es la de un narcoestado, porque la infraestructura de la administración pública está al servicio de los narcotraficantes. Lo que procede es la declaratoria de desaparición de poderes, porque estamos ante un fenómeno delictivo oficial y se debe atender con medidas institucionales; para eso está la figura de desaparición de poderes, que debe aprobarla el Senado", expuso.

El legislador petista destacó que la Policía Ministerial morelense funciona "como grupo operativo del narco", no sólo con el aval de Estrada Cajigal, sino que él mismo está involucrado con la delincuencia organizada.

El diputado priísta Carlos Flores Rico planteó que en Morelos "pululan mafias y capos, y todo tipo de fauna relacionada con el narcotráfico", y que junto a ellos aparecen autoridades que están bajo sospecha".