Cuentan con una cédula virreinal de 1537 y sentencia en su favor del TUA, aseguran

Descendientes de macehuales exigen 50% del territorio de Atizapán, Edomex

Resultarían afectadas aproximadamente 300 familias que viven en colonias del municipio

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Atizapan De Zaragoza, Mex., 13 de abril. Con base en una cédula emitida en 1537 por el virrey Juan Vázquez, y acreditándose como descendientes de indios macehuales, un grupo de comuneros reclama la posesión de 2 mil 46 hectáreas comunales de esta jurisdicción, incluidos los predios donde se asientan el palacio municipal y al menos diez colonias y fraccionamientos.

Los descendientes de los naturales de estas tierras reclaman casi 50 por ciento del territorio del municipio de Atizapán.

Aunque el décimo Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió en 1999 una sentencia favorable al Núcleo Comunal de Población de Atizapán de Zaragoza -como se hace llamar este grupo-, la sentencia no pudo concretarse debido a que no tomó en cuenta a los vecinos que interpusieron amparo por considerarse terceros perjudicados.

El litigio resurgió en marzo cuando dos funcionarios y dos regidores de Atizapán de Zaragoza comparecieron ante la mesa especial de los servidores públicos de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, acusados por los presuntos descendientes de macehuales del delito de abuso de autoridad por no haber impedido la construcción del conjunto comercial Diamant Plaza, del fraccionamiento residencial Zona Esmeralda, ubicado en las tierras en litigio.

El tema será abordado el próximo jueves en sesión de cabildo y aunque algunos regidores reconocen la magnitud del conflicto, hasta esta semana ignoraban la denuncia penal que enfrentan los cuatro funcionarios.

María del Carmen González Pérez, titular de la Dirección Jurídica del ayuntamiento local, explicó que el diferendo data de 1971, cuando el Núcleo Comunal de Población de Atizapán de Zaragoza obtuvo del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) el reconocimiento de descendientes de indios naturales.

Los 101 colonos que integran dicho núcleo comunal, apuntó, exigen el reconocimiento sobre un área poligonal cerril que, argumentan, les fue asignada mediante una cédula virreinal. Con una copia de ese documento y la resolución del INI iniciaron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) un juicio en reclamo de la posesión de 2 mil 46 hectáreas comunales.

En 1999 el TUA dictó una sentencia favorable a los reclamantes, pero sólo sobre mil 672 hectáreas, toda vez que en el resto del poligonal requerido se asientan la terminal aérea, el parque de los siervos y el rancho San Juan. Tal resolución afecta a las colonias Los Olivos, San Martín, Demetrio Vallejo, El Chaparral, Calacoaya, Bosques de San Juan y Las Flores, entre otras, donde se calcula que habitan al menos 30 mil familias.

Como terceros involucrados, vecinos de dichas colonias iniciaron un juicio de amparo. El 3 de abril de 2003, después de evaluar el caso, el juzgado tercero de distrito del fuero federal dejó sin efecto la sentencia dictada por el TUA.

En febrero pasado dicho juzgado declaró el sobreseimiento de un juicio de amparo que impedía actos de gobierno en la poligonal en disputa.

El amparo "deja sin efecto el reconocimiento y titulación" de las tierras debido a que no se cumplió con los requisitos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, que indica que en la posesión deben estar plenamente delimitadas las medidas y colindancias de la propiedad en litigio, "lo cual no se cumplió en este caso".

El litigio no está cerrado, pues el Núcleo Comunal de Población de Atizapán de Zaragoza interpuso ante el juzgado cuarto de distrito un nuevo recurso jurídico: un juicio de revisión sobre los autos que no les fueron favorables.

Gabriel Ortiz López, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y representante de los colonos afectados en el litigio, asegura que la incertidumbre y temor a perder sus predios priva entre habitantes de la colonia popular San Martín, debido a que desde el mes pasado el juzgado tercero de distrito envía citatorios a vecinos de esta comunidad para solicitarles su comparecencia.

La lista oficial de terceros afectados incluye a 600 familias, de ellas al menos 50 son residentes de la colonia San Martín. "Somos dueños de los predios que habitamos, tenemos escrituras otorgadas por el gobierno del estado de México desde hace año y medio, pagamos nuestros impuestos y derechos, y ahora dicen que no somos propietarios", reclaman.

"Fuimos compradores de buena fe" dice el líder vecinal, quien recientemente adquirió un predio de 106 metros cuadrados en la colonia Demetrio Vallejo, también incluida en la presunta poligonal reclamada por los comuneros y por el cual pagó 80 mil pesos.

En el cerro de San Martín habitan alrededor de 30 mil personas que estarían afectadas por el litigio: "Lo que nosotros pedimos al gobierno municipal es que nos informe con exactitud qué es lo que está pasando, porque no es posible que a quienes durante más de 40 años hemos habitado estas colonias ahora se nos diga que no somos dueños de nuestro patrimonio".

María de los Angeles Avila, presidenta del CPC de El Chaparral, dice que sus vecinos "están tranquilos", pues aunque existe una querella, "sabemos que las tierras son nuestras y nadie nos la quitará. Esto es asunto cerrado".

Pero el pasado 23 de marzo los comuneros descendientes de indios macehuales interpusieron una denuncia penal, la Tla/MR/III/27/04, contra el director de Desarrollo Urbano, Joel Mendoza, el primer síndico procurador, Guadalupe Luna Gálvez, y el primer y segundo regidores municipales, Bernardino Martínez Hidalgo y Oscar Orta Pastrana, respectivamente.

Los acusaron del delito de abuso de autoridad por no haber impedido la construcción del conjunto comercial Diamant Plaza en las tierras en disputa.

Durante la gestión de los ahora ex alcaldes Juan Antonio Domínguez Zambrano y Régulo Pastor Fernández no se prestó demasiada atención a la controversia. El desinterés llevó a que gran parte de los expedientes que integran el juicio estén desaparecidos e incluso no obren en archivos oficiales.

La prueba "reina" de los comuneros es la cédula de 1537, emitida por el virrey Juan Vázquez, mediante la cual se otorgan derechos a macehuales sobre tierras de San Francisco Tizapán y que ahora reclaman 101 comuneros reconocidos por el INI como descendientes de esos naturales y supuestos propietarios de cerca de 50 por ciento de la superficie de Atizapán de Zaragoza.

Los macehuales fueron campesinos monolingües que habitaron las áreas maiceras alejadas de los centros urbanos del noroeste del Distrito Federal.