Filtran datos de la auditoría del OSF de Guanajuato

Irregularidades por más de 43 millones de pesos en obras del Poder Judicial

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

GUANAJUATO, GTO., 7 DE MAYO. Una auditoría del Organo Superior de Fiscalización (OSF) de Guanajuato detectó irregularidades por 43 millones 500 mil 961 pesos en la construcción, en 2002, de los edificios del Supremo Tribunal de Justicia, la Escuela Judicial, la Biblioteca General y las oficinas del Consejo del Poder Judicial en la capital del estado.

Cuando el presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, Víctor Manuel Ramírez Sánchez, tuvo conocimiento de que la información se filtró de manera parcial a los reporteros, protestó contra el OSF y señaló que "no es prudente que se diriman estos asuntos a través de la prensa, por lo que se tiene que solicitar mayor discreción a quienes tengan acceso a información de ese tipo".

Argumentó que las observaciones realizadas en su momento por la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy OSF, fueron solventadas, y que ya no existen irregularidades o anomalías en la aplicación de recursos.

El informe establece que el Poder Judicial del estado tuvo bajo su responsabilidad la ejecución de 77 obras que no fueron presupuestadas, y cuyo monto ascendió a 31 millones 220 mil 227 pesos, mientras que en las obras contempladas en el paquete de nuevos edificios se reportó un sobrejercicio de 8 millones 14 mil 249 pesos.

El OSF consideró que también hubo irregularidades en la construcción de otros edificios (juzgados civiles de partido y menores civiles en León, el juzgado menor mixto en San Luis de la Paz y tres juzgados penales en Salamanca), además del módulo de juzgados civiles de San Miguel de Allende.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda en el Congreso local cuentan ya con tal informe que, se había acordado, no se haría público para no entorpecer las investigaciones.

El diputado Alejandro García Sainz adelantó que existen elementos para que se proceda a levantar una denuncia civil contra quien o quienes resulten responsables de la irregularidad, pero advirtió que el contenido del informe no era de conocimiento público, por lo que evitó ahondar en detalles.

Antonio Lemus advirtió que aunque sí hay irregularidades en el Poder Judicial, "no hay elementos para entablar una denuncia penal, pero lo que sí sabemos es que se rompió el acuerdo previo de no revelar contenidos de las auditorías, a fin de no entorpecer las investigaciones".