Afirma Conciliación que sólo un centenar de empleados ha demandado su reinstalación

Burócratas denuncian presiones para que firmen retiro voluntario

Hacienda contrata un despacho particular para que intimide a los señalados, aseguran despedidos

FABIOLA MARTINEZ

De los casi 50 mil trabajadores que liquidó el gobierno federal el año pasado con el Programa de Separación Voluntaria (PSV), sólo un centenar ha interpuesto demanda para exigir su reinstalación.

Se trata de un grupo que, en su mayoría, está compuesto por personal que fue obligado a firmar su baja luego de "presiones evidentes", revelaron fuentes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Es decir, de acuerdo con las denuncias de los trabajadores afectados y las investigaciones preliminares de la autoridad laboral, una de las estrategias que han utilizado diversos funcionarios de la administración pública para "elegir" a los trabajadores despedidos es argumentar que se trata de personal de confianza, aun cuando muchos de ellos tengan puesto de base.

Inclusive, afirman algunos de los empleados que decidieron demandar, el proceso que han seguido dependencias como la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria ha sido la contratación de un despacho privado, Mier y Concha, mediante el cual comunican a los trabajadores que sus funciones están duplicadas.

Con base en esto, relatan, "nos obligaron a firmar la renuncia voluntaria como única alternativa si queremos cobrar salarios devengados y finiquitos". En caso contrario, los amedrenta el despacho referido: "pueden ir a demandar al TFCA, donde no prosperarán sus querellas. Y, aún en el remoto caso de que dos o tres años después ganaran la demanda, su puesto ya estaría ocupado".

De acuerdo con la información del TFCA, la aplicación del PSV en el actual sexenio ha sido, en general, apegada a los lineamientos autorizados; sin embargo, las anomalías empezaron a reportarse en el ciclo del programa aplicado el año pasado, periodo en el que salieron por esa vía "casi 50 mil empleados", según cifras de la SHCP.

Este año continuará el PSV, destinado particularmente a adelgazar la plantilla de trabajadores de base; además de ello, por instrucciones del Congreso de la Unión, deberán ser liquidados funcionarios de alto y medio niveles, tales como subsecretarios, directores generales adjuntos y secretarios particulares, así como personal de apoyo, calificado en el rubro de empleados de confianza.

El objetivo, precisa la SHCP, es que las dependencias y entidades públicas reduzcan su gasto corriente 15 por ciento, según lo establece el Presupuesto de Egresos 2004, por lo que el recorte -tan sólo en este nivel- podría alcanzar las 12 mil 500 plazas.

Al respecto, el presidente del TFCA, Alfredo Farid Barquet Rodríguez, dijo que aceptarán las denuncias que se interpongan ante esta instancia, con el fin de verificar la situación de cada demandante.

No obstante, si tras la investigación respectiva se comprueba que éstos son personal de confianza, no habría nada qué hacer para lograr el pago de un finiquito o su reinstalación, toda vez que para los empleados de confianza -dijo- "existe un problema de diseño legal: la normatividad burocrática sólo prevé para ellos el derecho a recibir un salario y los beneficios de seguridad social".

El presidente del TFCA ratificó que "en los ejercicios anteriores (del PSV) prácticamente no hubo reclamos por despido injustificado; en cambio, de 2003 a la fecha sí se han recibido demandas de trabajadores que alegan la existencia de presiones para firmar su renuncia".

En este contexto, Barquet Rodríguez explicó que, con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tribunal a su cargo tiene la obligación de admitir las demandas, precisamente para determinar si son empleados de confianza quienes, de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, "no tienen ninguna estabilidad laboral".

Problemas con legislación

En tal caso, "tendríamos que aplicar la ley burocrática. No es un criterio del TFCA sino un problema de diseño de la ley, parte de una vieja discusión en torno a la pertinencia de lo establecido por el apartado B. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre la inconstitucionalidad de la norma que rige a los empleados públicos, porque ello es facultad de la SCJN".

El máximo tribunal del país ya se ha pronunciado en contra de la sindicalización única en este sector; de igual forma, falló en torno a la no relección de los dirigentes e incluso ha ampliado el rango para los trabajadores de organismos descentralizados, cuyos integrantes pueden optar por continuar en el apartado B o promover la firma de un contrato colectivo, amparado por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, respecto de los derechos del personal de confianza, "se trata de un asunto pendiente", agregó Barquet.

En el grupo de personal despedido, para este año se encuentran al menos 5 mil empleados de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, la ley burocrática determina los cargos que son considerados de confianza, entre éstos destaca la planta de la Presidencia de la República y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiere la aprobación expresa del jefe del Ejecutivo. En las dependencias regidas por el apartado B, los puestos de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización; asimismo, quienes manejen fondos y funciones de auditoría, entre otros.