No hay responsabilidad jurídica del jefe de Gobierno: académico

En términos jurídicos, no hay ninguna responsabilidad que se le pueda atribuir al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el caso del paraje El Encino, y uno de los personajes afectados por ello sería el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, ya que si no se concretara la petición de desafuero tendría problemas políticos y de credibilidad ante la sociedad, situación que lo podría llevar a renunciar a su cargo.

Sostuvo lo anterior Elisur Arteaga, experto constitucionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y agregó que para Macedo de la Concha ''será un fracaso que se acredite que hubo motivaciones políticas detrás de la acusación, por lo que el procurador quedaría en rídiculo''.

El investigador universitario, autor de obras como Tratado de Derecho Constitucional, consideró que el desafuero es un proceso de naturaleza penal y que en esta materia ''no bastan las suposiciones'' para que se dicte un auto de formal prisión. Se trata, añadió el constitucionalista, de un proceso vinculado más con aspectos políticos que jurídicos.

Mencionó que el primero en hacer de éste un asunto político fue el procurador general de la República, porque -recordó- en el momento en que algunos medios de comunicación señalaron la posible relación de los hijos de Marta Sahagún con el empresario Carlos Ahumada, se dio la de solicitud de desafuero contra López Obrador.

Finalmente dijo que para este procedimiento se requieren elementos que prueben la responsabilidad del acusado; expresó que ''todo parece indicar'' que a nivel interno el jefe de Gobierno del Distrito federal ordenó la suspensión de los trabajos del citado predio (El Encino), ''ya que existen oficios emitidos de la Dirección Jurídica girados a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) la que, en su caso, fue la que desobedeció las órdenes''.

JOSE GALAN