El Organo Central de Fiscalización informa de las irregularidades al Consejo Nacional

"Desorden descomunal" en las cuentas del PRD durante la directiva de Robles

En esa gestión hubo una "Secretaría de Finanzas de aparador": Fernando Belaunzarán

RENATO DAVALOS

Contratos duplicados, incumplimiento en los pagos al Seguro Social y Hacienda -más de 30 millones de pesos-, desorden administrativo, cifras variadas sobre el monto de la deuda y pagos discrecionales a proveedores, es el resumen del informe del Organo Central de Fiscalización (OCF) que conoció ayer el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en torno a la administración de Rosario Robles, en medio de un debate en el que se acusó de fraude y se pidió enjuiciamiento penal contra los responsables. "Un desorden descomunal", definió Carlos Payán, uno de los integrantes de ese órgano.

En el corolario de esta discusión, el Consejo Nacional aprobó un resolutivo que presentó el presidente nacional perredista, Leonel Godoy Rangel, para que la recién creada Comisión Especial contra la Corrupción, a la que se integraron Miguel Angel García Domínguez, Juan Carlos Solís, Héctor Romero y Rolando González, conozca el informe del órgano y proceda, en su caso, tanto estatutaria como judicialmente ante las autoridades competentes.

Los cabildeos en torno a la restructuración del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) continuaron en una jornada matutina previa al inicio de los trabajos del consejo, que fue enterado por Payán del informe al que dio lectura en la plenaria. Refirió que se trata de una auditoría inconclusa, ya que el despacho Galaz Yamazaki no pudo finalizar su trabajo por la ausencia de documentación y debido a las pretensiones de aumento de honorarios. Ante esto, se decidió invitar a otro despacho, Pricewaterhouse Coopers.

El documento, presentado por Payán y por los otros dos integrantes, Ricardo García Sainz e Ifigenia Martínez, detalla que los perredistas rebasaron el tope de campaña en 56 distritos electorales, hubo aportaciones en efectivo que rebasaron 500 días de salario mínimo, aportaciones en especie para los candidatos por concepto de tiempo-aire en radio y televisión, ausencia de reportes de los informes de campaña en mil 194 inserciones de prensa y tampoco hubo reportes de mil 722 promocionales clasificados en 944 espots.

La gestión de Robles heredó al perredismo una deuda de 409 millones de pesos. Había recibido la presidencia del PRD con un débito de 120 millones de pesos. "Utilizamos una gran cantidad de tiempo en querellas entre grupos y facciones que nos utilizan o pretenden utilizar para fines que nada tienen que ver con el patrimonio común", concluye el informe del OCF.

Diez meses después de que iniciara la auditoría, el informe establece que dejaron de utilizarse los formatos de comprobación de gastos y se detectaron operaciones que no estaban registradas, por lo que el pasivo con proveedores pasó de 30 millones de pesos a 168 millones. No existieron controles para reportar los ingresos recibidos para campañas específicas. "No fue posible depositar confianza en la estructura del control", señala.

En 2003 hubo un déficit de 166 millones de pesos, financiado con créditos y diferimiento de pago a proveedores. Los gastos de propaganda sumaron 125 millones de pesos; a la radio, 43.8 millones; a televisión, 85.9 millones; a prensa, 5.9 millones y a encuestas 14 millones.

Dentro de la propaganda se incluyen un millón 285 mil playeras que costaron 28.2 millones de pesos, con precios unitarios de 18 a 46 pesos. Se imprimieron 3.8 millones de pendones, que costaron 21 millones de pesos, con un precio de compra que va de 4.40 a 10.12 pesos. También un millón 376 mil gorras, que costaron 10.6 millones; el proveedor Abastecedora Comercial surtió 255 mil, a 5.55 cada una, y otros cuatro las cotizaron a 8.68 pesos.

A un grupo de proveedores se les pagó con oportunidad, pese a la escasez de recursos. Se enlistaron 12 empresas. Existieron pagos por 24 millones a empresas para la producción de espots; ahí figura Publicidad, Imagen y Movimiento.

Sorpresivamente, añade el informe, "hace unos días se han dirigido al PRD proveedores reclamando el pago de servicios proporcionados durante la campaña". El Canal 40, con 11 millones de pesos, y la encuestadora Alduncin con 9 millones. En ninguno de esos casos existe contrato, orden de inserción o cualquier otro elemento que permitiera confirmar la existencia de compromiso.

La falta de normas y procedimientos exige un esfuerzo colectivo para alcanzar un nivel de administración que permita el uso adecuado de los recursos, sugiere el informe.

El debate

La discusión se tornó áspera. Pavel Meléndez señaló el "fraude evidente" que se cometió en la gestión Robles y pidió iniciar el proceso penal. Hubo una "Secretaría de Finanzas de aparador", indicó Fernando Belaunzarán. El órgano tendría que continuar con el proceso, estableció Juan José García Ochoa.

Gerardo Fernández Noroña pidió al consejo una "amonestación" al CEN por haber sido omiso ante las irregularidades.

Carlos Sotelo, secretario de Ejercicio Gubernamental, respondió que en muchas reuniones del comité se hicieron objeciones a las determinaciones de Robles. "Aquí hay integrantes del comité que saben perfectamente quiénes se opusieron y quiénes no", especificó.

Javier Hidalgo, vocero perredista, respondió que también tendría que investigarse a la directiva que participó de estas decisiones. En entrevista, Graco Ramírez, del grupo rosarista, indicó que al PRD no le temblará la mano para proceder en este caso. Se abrió un receso cuando los consejeros habían aprobado la creación del resolutivo que investigará y procederá estatutaria y penalmente contra los responsables.