Versión de que los siete policías federales abandonaron el cadáver por orden de un superior

Matan agentes de la AFI a un comerciante durante un operativo

Tercer caso en esta administración en que miembros de la PGR son responsabilizados de asesinato

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Bastó que Juan Manuel Zárate Villarruel, vendedor de juguetes en las inmediaciones del mercado Sonora, preguntara a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) "¿dónde está su orden de cateo?", para que lo detuvieran, y luego fuera asesinado a golpes por los agentes a bordo de una camioneta.

Ya muerto el detenido, en lugar de que los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaran la presencia del Ministerio Público para dar fe de los hechos, abandonaron el cuerpo en avenida Canal, colonia Merced Balbuena, casi frente al negocio del comerciante.

La orden de tirar el cadáver, según versiones obtenidas en círculos policiacos, partió de un comandante de la AFI que aún no ha sido localizado.

Los datos indican que los agentes, presuntos responsables del homicidio, informaron a su jefe "se nos pasó la mano, ¿qué hacemos?", y la respuesta fue "tírenlo". Hecho esto, los elementos de la AFI se trasladaron a otro sitio, aparentemente sin cumplir con la orden de cateo inicial emitida por el juzgado tercero de distrito.

La familia de Juan Manuel Zárate Villarruel se dio a la tarea de localizarlo en calles aledañas al mercado de La Merced y San Pablo, pero finalmente encontraron el cuerpo muy cerca de su negociación: Juguetería Verónica, que tiene una entrada por la avenida Fray Servando.

Lo subieron a un automóvil particular y lo trasladaron al Hospital de Balbuena con la esperanza de salvarle la vida, pero en cuanto llegaron les dijeron que Zárate Villarruel estaba muerto. La agencia 33 del Ministerio Público capitalino tomó conocimiento de lo sucedido y solicitó la intervención de la Policía Judicial para localizar a los agentes federales implicados.

La indicación fue cumplida por los policías capitalinos y, gracias a que familiares y conocidos de Zárate Villarruel recorrieron las inmediaciones del mercado Sonora, se logró ubicar a los elementos de la AFI en la calle de Peña y Peña.

Las versiones obtenidas dan cuenta de que uno de los agentes federales se resistió a la detención, inclusive con su arma de cargo en mano. Fue necesaria la intervención del Grupo de Reacción Inmediata para controlar la situación y conducir en calidad de detenidos a siete miembros de la AFI a la agencia 17 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Así, el saldo de uno de los operativos antipiratería practicados por la PGR la madrugada del sábado en la ciudad de México, fue de un muerto, una mujer embarazada en riesgo de abortar, siete agentes federales sujetos a investigación por homicidio y mil playeras de marca apócrifa incautadas.

Pero de ello nada informó la PGR. Pese a que emitió un comunicado, en el que dio a conocer la incautación de "más de 620 mil productos apócrifos en el Distrito Federal", no se refirió al homicidio.

El de Zárate Villarruel constituye el tercer caso en lo va de esta administración en que elementos de la AFI son responsabilizados de la muerte de personas durante operativos. El primero ocurrió en marzo de 2002, el segundo en enero de 2003.

La versión oficial de la PGR es que la madrugada del sábado unos 70 elementos de la AFI cumplirían una orden de cateo del juzgado tercero de distrito. Cuatro locales de la avenida Canal, colonia Merced Balbuena, a un costado del mercado Sonora, serían revisados para decomisar mercancía ilegal; ninguno de esos locales correspondía al de Zárate Villarruel.

Aunque se había anunciado una conferencia de prensa al respecto, el visitador de la PGR, Angel Buendía Buendía, sólo leyó un documento. No aceptó preguntas. Pretendió abandonar las instalaciones de la Dirección General de Comunicación Social de la PGR resguardado por sus escoltas y el vocero de la PGR. Sin embargo, la insistencia de los reporteros no sólo lo obligó a bajar las escaleras en medio de grabadoras y demandas de información.

Así, proporcionó los nombres de los siete agentes detenidos: Ricardo Riande Santiago, Germán Vallejo Gutiérrez, Paulo César Mendoza Martínez, Eddy Edmundo Pérez Deviana, Jorge Cervantes Ramírez, Miguel Martínez Ornelas y Rogelio Velasco Hernández.

Según Buendía Buendía, a las siete de la mañana el área a su cargo "inició una investigación para deslindar responsabilidades, y en su caso, sancionar a aquellos servidores públicos que se hubieran apartado de las obligaciones que les impone la ley".

Dejó entrever que la PGR tratará de atraer el caso al fuero federal, ya que, para él, la procuraduría capitalina deberá "esclarecer las circunstancias en que sucedieron los hechos y, en su momento, resolverá lo que conforme a derecho proceda, remitiendo a solicitud de esta procuraduría, si así lo considera oportuno, tanto la averiguación previa como a los policías federales investigadores, para resolver su situación jurídica".

El funcionario salió casi corriendo de las oficinas de Comunicación Social, asegurando que están a la espera de que los agentes federales sean puestos a disposición de la PGR.

Aunque aseguró que en el operativo participaron elementos de la policía capitalina que laboran en los grupos Centauro y Guerrero, familiares de Juan Manuel Villarruel Zárate ya identificaron como los responsables del homicidio a los siete agentes federales.

Marco Antonio Zárate Carbajal, sobrino de Juan Manuel Villarruel afirmó que no sólo el occiso fue golpeado, también Juan Manuel Zárate Carbajal y la esposa de éste, Guadalupe Saldívar, quien está embarazada y fue conducida a un hospital privado para recibir atención médica. Según los reportes de los familiares está en riesgo de abortar.

El joven, quien presenció lo dicho por Buendía Buendía, también aseguró que la familia de su tío fue amenazada si denunciaban a los agentes federales.

Recuento

Este no es el único caso en que elementos de la AFI se han visto involucrados en un homicidio: el 30 de marzo de 2002, Guillermo Vélez Mendoza, presunto secuestrador, murió de asfixia y su cuerpo fue abandonado durante horas en una camioneta en las instalaciones de la PGR. Hugo Armando Muro Arellano, el comandante responsable de la muerte, no ha sido enjuiciado; Aidé Heras Martínez murió en enero de 2003 durante una balacera en la que elementos de la AFI, acompañados de madrinas, supuestamente trataban de detener a David Heras Martínez, presunto narcotraficante de la comunidad de El Salado, Sinaloa. Cinco agentes involucrados siguen prófugos.