Anuncia que enviará a la PGR pruebas de su inocencia

López Obrador recibió la notificación de la instructora

Cuenta con un plazo de siete días naturales para responder en su defensa

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ANGEL BOLAÑOS

La sección instructora de la Cámara de Diputados notificó al jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, del inicio del proceso de desafuero radicado en su contra, otorgándole un plazo de siete días naturales -a partir de hoy- para responder en su defensa.

Por la mañana, López Obrador informó que haría llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente con las pruebas documentales demostrativas de su inocencia en el caso del predio El Encino, con objeto de que el Ministerio Público Federal amplíe la investigación y se allegue de elementos nuevos para desistirse de la acusación por desacato.

A mediodía, el secretario técnico de la sección instructora, Oswaldo Peralta Rivera, se presentó a la oficina de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal acompañado del notario público número 98, Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, para entregar la notificación del inicio del procedimiento de declaración de procedencia para el probable desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La cédula fue recibida por el director de Servicios Legales de la administración local, José de Jesús García Cuevas.

Tras la diligencia, Peralta Rivera informó al presidente de la sección instructora, Horacio Duarte Olivares, del cumplimiento del trámite. El diputado Duarte manifestó a este diario que ''para garantizar una adecuada defensa'' de López Obrador, y respetar todas las formalidades del procedimiento, se informó de cada uno de los pasos que habrán de seguir la defensa y la parte acusadora.

En espera de la respuesta del jefe de Gobierno, la instructora determinó mantener una guardia en la oficina, ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro; no obstante, el plazo vencerá hasta el viernes de la próxima semana.

Negocios en la construcción de una autopista

Horas antes de la notificación, López Obrador anunció que la PGR recibirá un legajo de pruebas documentales, con objeto de comprobar su inocencia en el caso El Encino: ''Que ellos determinen si hay algún delito; desde luego que los apoderados legales de los dueños de la empresa (Promotora Internacional Santa Fe, y en particular Federico Escobedo Garduño) mintieron. šDe eso no hay ninguna duda! Hay falsedad en todo lo declarado a las autoridades, y además puede darse el caso de una acusación por fraude, porque vendieron una franja para (la construcción de) la autopista, que no era de ellos'', dijo. Al preguntarle si la PGR actúa de buena fe, López Obrador respondió que ''hasta las piedras cambian de modo de parecer, o sea, vamos a esperar; es un asunto muy serio, no es cualquier cosa que por este caso se esté pidiendo la destitución y el encarcelamiento del jefe de Gobierno''.

Incluso anunció que si la procuraduría federal no acepta el legajo de las pruebas supervinientes, y no se desiste de la acusación en su contra, esperará la apertura del periodo de pruebas para entregarlo a la sección instructora. Dicho periodo inicia al día siguiente de que concluye el periodo de alegatos, que inicia hoy.

El documento entregado por la instructora en las oficinas del gobierno capitalino anuncia a López Obrador el inicio ''del procedimiento de declaración de procedencia en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo (desacato), y sancionado por el artículo 215 del Código Penal Federal''.

También se le refiere que el expediente se integra por la solicitud de procedimiento de declaración de procedencia, fechada el 14 de mayo, ''en virtud de que no obedeció el auto de suspensión que le fue debidamente notificado y dictado por el juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, el 14 de marzo del año 2001''.

Las consecuencias del procedimiento de declaración de procedencia, advierte el documento firmado por los diputados Rebeca Godínez y Cuauhtémoc Frías, del PRI; Alvaro Elías Loredo, del PAN, y Horacio Duarte Olivares, del PRD, son ''establecer la existencia del delito por el cual se formula solicitud de declaración de procedencia y su probable responsabilidad en la comisión del mismo; establecer la subsistencia o insubsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, y que la sección instructora de la Cámara de Diputados dictamine, si ha lugar, a proceder penalmente en su contra''.

En caso de que se determine que sí hubo comisión del delito deberá elaborar un dictamen para turnarlo al pleno de la Cámara de Diputados que, erigido en jurado de procedencia, decidirá si existe razón fundada para el juicio contra López Obrador. La notificación advierte al respecto que si el veredicto es afirmativo, ''el sujeto protegido con inmunidad procesal queda inmediatamente separado de su cargo, empleo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. Y las demás a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el primero, fracción 5, y el título II, capítulo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos''.

El artículo constitucional manifiesta que ''para proceder penalmente contra... el jefe de Gobierno del Distrito Federal... por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación''.

También se informó a López Obrador que tiene derecho a nombrar un defensor, a consultar personalmente o por medio de su representante legal el expediente del juicio de procedencia, ''las veces que considere necesarias'', en el domicilio legal de la sección instructora, ''todos los días de la semana de 9 a 15 horas, y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el expediente''.

Además, se le aclara que ''a su elección'' deberá comparecer personalmente o por escrito ante la instructora lo que a su derecho convenga, con respecto a la solicitud y requerimiento de declaración de procedencia que se formula en su contra, dentro del plazo de siete días naturales, contados a partir de hoy, con el apercibimiento de que de no hacerlo o dejar de informar dentro del plazo señalado se entenderá que contesta en sentido negativo.

Piden a diputados analizar con lupa el caso del jefe de Gobierno

En juego, la gobernabilidad: senadores

ANDREA BECERRIL

Senadores de PRI y PRD advirtieron que la sección instructora de la Cámara de Diputados debe valorar con detenimiento la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, porque está en juego la elección de 2006 y la gobernabilidad del país.

''Este es un caso que tiene que revisarse con lupa, porque cualquier decisión política para perjudicar a un adversario nos va a afectar a todos'', advirtió el senador del PRI Humberto Roque, para quien la PGR ''se ha convertido en este sexenio en la secretaría de acción electoral del PAN''. El también senador del tricolor Oscar Cantón Zetina consideró que la sección instructora debe enviar un ''sólido mensaje'' al negar esa solicitud de desafuero.

Esta acción, dijo, encierra "las intenciones crecientes e irracionales de judicializar la actividad política". No es posible, recalcó el senador tabasqueño, que se permita que Fox "utilice toda la fuerza de su investidura para aplastar a sus oponentes, para nulificar al puntero de los aspirantes presidenciales".

En entrevista aparte, Roque Villanueva destacó que si bien al dar la sección instructora entrada a la solicitud de desafuero -de lo que ayer fue notificado López Obrador- ya no puede ser desechada por notoriamente improcedente, y podría ser que una vez iniciado el proceso los diputados lleguen a la conclusión de que no se obsequia la petición de la PGR.

"Es inevitable que hay que ir al análisis; los diputados tendrán que valorar de manera minuciosa; este es un caso que tiene que revisarse con lupa, porque cualquier decisión política para afectar a un adversario nos va a afectar a todos. Espero no tener que ver jamás que se haga del juicio político o el de desafuero, una arma política."

Roque señaló que la PGR en este sexenio ha politizado de tal forma la impartición de justicia que no deja más remedio a los senadores que pensar a corto plazo en legislar para que sea el Congreso el que designe al titular de esa dependencia.

Será la única forma, apuntó a su vez Cantón Zetina, de impedir que la PGR sea usada por el gobernante en turno contra sus adversarios políticos y opositores.

Por separado, los senadores perredistasRaymundo Cárdenas y Demetrio Sodi señalaron que confían en que el PRI en la Cámara de Diputados se oponga al desafuero de López Obrador, pues de lo contrario se llevará al país a un "conflicto tremendo".

"Llegar al extremo de inhabilitar al jefe de gobierno haría ingobernable al país y a las elecciones de 2006 las más inestables y violentas que se puedan presentar, porque millones de mexicanos en el Distrito Federal verán esto como una afrenta'', agregó Sodi.

EL senador Cárdenas, por su parte, resaltó que aún es tiempo para impedir que se inhabilite a López Obrador y se lleve a la ingobernabilidad al país.

Quedó instalada ayer la Subcomisión de Examen Previo que analizará esos casos

Fallos apartidistas sobre juicios políticos, ofrecen diputados

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Al instalarse ayer la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) ofrecieron que en el análisis de las demandas contra funcionarios públicos no habrá "venganzas" ni los fallos estarán "alejados del derecho", además de que se cuidará que las resoluciones no tengan ningún sesgo de carácter partidista.

Los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos, Julián Angulo y Rebeca Godínez, respectivamente, informaron que la actual 58 Legislatura ''heredó'' 36 casos, mientras que de septiembre -cuando inició sus trabajos- a la fecha se han acumulado 37. En su primera reunión, la subcomisión acordó pedir a la secretaría general de la Cámara de Diputados los 73 expedientes para comenzar su estudio.

''Tenemos que ser garantes de la legalidad

Durante la breve sesión del órgano legislativo, el diputado Julián Angulo afirmó que la tarea de los 14 legisladores integrantes de la subcomisión ''no es la de partidizar ni de entrar en venganzas. De lo que se trata es estrictamente fijar nuestro trabajo a las bases jurídicas. Tenemos que ser garantes de la legalidad. La integración plural de la subcomisión es una de nuestras mejores cartas y avales''.

Por su parte, la priísta Rebeca Godínez planteó la necesidad de que ambas comisiones también revisen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y presenten una iniciativa de reforma a dicha legislación, para superar las lagunas que hasta ahora permiten a funcionarios evadir un juicio político.

La subcomisión se instaló mientras en la Cámara de Diputados están pendientes solicitudes de desafuero contra el diputado local con licencia, René Bejarano, y el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Tanto Angulo como Godínez señalaron que en los casos de juicio político pendientes se trabajará ''estrictamente bajo criterio de derecho''.

El diputado Angulo señaló inclusive que sólo se presentarán ante el pleno dictámenes de juicio contra aquellos servidores públicos que hayan ''quebrantado el orden jurídico'', y sólo cuando las acusaciones ''no sean notoriamente falaces o improcedentes, y que se presenten las pruebas idóneas''.

Sobre este punto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos expuso que en algunos casos se recurre a ese tipo de imputaciones contra funcionarios, aun cuando se trata de señalamientos sin fundamento. ''Tampoco se trata de recurrir al juicio político, sino aportar elementos reales'', dijo.

Aunque el presidente de la Comisión de Gobernación se cuidó de no adelantar nombres de los funcionarios sobre quienes pesa una solicitud de juicio político, la diputada Rebeca Godínez deslizó, en entrevista: ''El procurador (capitalino Bernardo) Bátiz, (el gobernador de Morelos, Sergio) Estrada Cajigal, creo, pero no sé más... quiero ver los expedientes para darles información confiable y no de oídas''.

Previamente, en la sesión de trabajo, la legisladora mexiquense señaló que los integrantes de la subcomisión asumirán su responsabilidad con la sociedad de analizar las solicitudes de juicio sin cortes partidistas y sin más compromiso que el de formar parte de un Poder Legislativo ''a la altura de las circunstancias''.