Pide el Ministerio Público que la justicia federal no proteja al ex director de la DFS

Inicia audiencia sobre amparo interpuesto por De la Barreda

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La audiencia constitucional del juicio de amparo iniciado a petición de Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), contra la orden de aprehensión que enfrenta por su presunta responsabilidad en el secuestro de Jesús Piedra Ibarra, uno de los dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, se efectuó ayer en el quinto tribunal unitario en materia penal, luego de más de cuatro meses de que el quejoso presentó su demanda de garantías correspondiente, y luego de que al menos en cuatro ocasiones tuvo que ser diferida la diligencia debido a retrasos en trámites burocráticos.

La demanda de amparo "de fondo" que el ex funcionario -prófugo de la justicia desde el pasado 5 de diciembre, debido a que no ha podido ser detenido por la Procuraduría General de la República (PGR)- interpuso el pasado 22 de enero por medio de sus abogados fue turnada ayer a la lista de expedientes del órgano jurisdiccional en espera de sentencia.

Si De la Barreda Moreno obtiene la protección de la justicia federal quedaría sin efecto la orden de captura emitida en su contra por el primer tribunal unitario de Monterrey, Nuevo León, por lo que el órgano jurisdiccional se vería obligado a revisar nuevamente la averiguación previa integrada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y en su caso emitir otra orden de captura.

Según fuentes judiciales, durante la audiencia constitucional de ayer, la defensa del ex funcionario ratificó sus alegatos jurídicos ante el tribunal unitario del Distrito Federal, mientras el Ministerio Público Federal manifestó a la autoridad judicial que no debería proceder el amparo porque supuestamente la orden de captura estuvo apegada a derecho.

De acuerdo con los informantes, la resolución del tribunal podría emitirse a más tardar en un mes, debido a que el magistrado Pablo Antonio Ibarra Fernández ya ha tenido el tiempo suficiente para analizar el caso, puesto que lo único que faltaba para efectuar la audiencia era anexar al expediente una prueba documental.

En el documento de alegatos jurídicos ratificados ayer por los abogados del ex titular de la DFS -ya los habían presentado antes ante la autoridad judicial- destacan los siguientes aspectos: 1. Jesús Piedra Ibarra habría sido detenido "en delito flagrante", ya que supuestamente iba armado el día en que ocurrieron los hechos. 2. De la Barreda era funcionario al ocurrir el ilícito que se le imputa (privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio y secuestro), y según el Código Penal Federal ese delito "sólo puede ser cometido por los particulares, con exclusión de las autoridades en turno". 3. La orden de captura tendría que ser declarada inválida porque establece que "al parecer" Piedra Ibarra fue trasladado -después de su detención en abril de 1975- a la sede de la DFS en la capital del país que, según la Femospp, estaban ubicadas en Plaza de la República. Respecto a esto, los defensores del indiciado han logrado acreditar, mediante pruebas documentales, que las instalaciones de la llamada policía política en realidad se encontraban en la calle Morelia número 8, colonia Roma.