Adolfo Sánchez Rebolledo

Desafuero, política y legalidad

Vísperas del cuarto Informe una oleada de irritación y malestar social define el momento nacional. Las causas de esta crisis son muchas, pero la responsabilidad del gobierno en su gestación y desarrollo es incuestionable. Ni el Presidente ni sus secretarios han mostrado sensibilidad y oficio para atender los problemas más graves que se les presentan, y con más frecuencia de la deseable sus actuaciones, en lugar de calmar los ánimos, han ayudado a exacerbarlos. Pero en el fondo, más allá de las torpezas y los errores cometidos, está una visión del país, de sus problemas y necesidades que no corresponde a la realidad: México no es una empresa; la administración no es el Estado ni la política democrática es un ejercicio neutral, ajeno a los intereses concretos de la gente.

A la creación de este clima enrarecido han contribuido dos problemas: las reformas al IMSS como preludio de un cambio general en las relaciones obrero patronales y el intento de llevar a juicio por desacato al jefe de Gobierno. En cuanto al segundo, el gobierno insiste en presentar la disputa como un caso jurídico sin implicaciones políticas, aunque los hechos -y las evidencias del caso- demuestren lo contrario. El autismo oficial raya en la irresponsabilidad. Sin embargo, para cualquiera que conozca un poco la realidad mexicana, resulta extraño y sorprendente que "la restauración del estado de derecho, en cuanto a la impunidad de funcionarios y políticos que han burlado cientos de mandatos legales empiece por un candidato presidencial", como escribió en El Universal el senador panista Javier Corral.

El gobierno, en su afán de hacer de este asunto un parteaguas, se desentiende de las opiniones de todos aquellos que aun siendo críticos de Andrés Manuel López Obrador se pronuncian por una solución negociada para desactivar la polarización aplicando el siguiente aforismo: "más vale un descalabro a la ley que a la gobernabilidad". Abrirle accesos a un hospital (cuando muchos influyentes cierran calles para su uso particular) no debería ser causa de una inhabilitación para gobernar y competir en las elecciones. Y menos cuando en otros casos relacionados con terrenos expropiados, como en el del llamado Paraje San Juan, se hicieron evidentes las múltiples irregularidades cometidas por los especuladores del suelo urbano en connivencia con las autoridades civiles y judiciales. En otras palabras, se acepta que existe un conflicto entre la ley y la política, que en todo caso debería resolverse causando el menor daño posible a la sociedad, subordinando la legalidad a la razón de Estado para evitar una crisis política y salvaguardar el "bien común", lo cual no puede considerarse como una opción despreciable.

Sin embargo, el jefe de Gobierno tiene una visión distinta de la evolución de este conflicto que lo lleva a conclusiones muy diferentes. En primer término, contra la versión oficial, López Obrador ha denunciado la ilegalidad del procedimiento judicial mediante el cual se le pretende despojar de sus derechos políticos, pero sus argumentos, por desgracia, no se escuchan o se minimizan.

Dijo en el Zócalo: "En términos estrictamente jurídicos, el proceso en mi contra está plagado de irregularidades y es insostenible. No quiero extenderme demasiado: sólo les diré que desde 2001 quedó suspendida la construcción de la calle que cruzaba el predio El Encino". Y añadió: "... quiero decirles también que no hay ningún escrito o informe que demuestre que el jefe de Gobierno haya desobedecido las órdenes judiciales (...) En todo este asunto se actuó con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y se cumplieron con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva. Sin embargo, la PGR consideró que el único responsable de un delito que nunca se cometió es el jefe de Gobierno. Sólo por ser el superior jerárquico (...) Por último, en todos los casos similares al mío, sobre supuestas violaciones a la suspensión de un amparo, en todos, en absolutamente todos, la PGR ha determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción exactamente aplicable y, de acuerdo con un principio general de derecho, no puede haber delito sin pena".

En referencia al análisis propiamente jurídico del caso, es interesante consultar las valoraciones realizadas por el diputado federal y ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Miguel Angel García-Domínguez en las que intenta probar con argumentos puramente legales la fragilidad de las acusaciones y la necesidad de que sea la Corte la que diga la última palabra. En fin, ésta no es la primera vez que los jueces dicten sentencias equivocadas ni será la última en que un gobernante se esconda tras el canto de las sirenas del "estado de derecho" para eliminar a sus adversarios.

Si la trama legal parece endeble, la intención política es muy clara: se trata de asestar un golpe a López Obrador y con él a la izquierda, para anular sus posibilidades con vistas a 2006. La tarea no es doblar la ley para evitar un mal mayor, sino rectificar los juicios equivocados para que florezcan sin ataduras la justicia y la democracia.