La comisión legislativa es controlada por el movimiento encabezado por Evo Morales

Legisladores de Bolivia buscan anular contratos con petroleras extranjeras

Se contrapone al proyecto de ley del presidente Carlos Mesa de darles nuevo status

AFP

La Paz, 1Ɔ de septiembre. Una comisión del Congreso de Bolivia busca dejar "sin efecto", por medio de un proyecto de ley, 76 contratos que facultan desde 1996 a una veintena de petroleras extranjeras la explotación de campos petroleros.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), del líder indígena Evo Morales, controla la ahora polémica comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados.

A contrapelo de un proyecto de ley del presidente Carlos Mesa que, con base en los resultados del referendo popular sobre gas verificado en julio pasado, intenta la "migración" de los contratos a un nuevo status, la comisión de Desarrollo Económico aprobó el título primero del borrador del proyecto de la ley de hidrocarburos que resta validez legal a las operaciones de las trasnacionales extranjeras.

"Los actuales contratos de riesgo compartido suscritos entre YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, estatal) y las empresas petroleras por los cuales se ha transferido la propiedad de la producción de hidrocarburos en boca de pozo y la disposición de la misma, quedan sin efecto", plantea la comisión.

Mientras el proyecto de ley de Cumplimiento y Ejecución del Referéndum, propuesto por Mesa, se encuentra trancado en el Congreso, la comisión presidida por el diputado socialista Santos Ramírez votó por la recuperación "de la propiedad de todos los hidrocarburos en favor del Estado".

También facultó a YPFB, en estado residual desde 1996, a detentar "la propiedad de la totalidad de los hidrocarburos producidos en el país, en boca de pozo y en apego al artículo 139" de la carta política boliviana, que patenta "el dominio directo, inalienable, imprescriptible del Estado" sobre todo tipo de recursos naturales.

El proyecto de ley que Mesa intenta consensuar contra viento y marea estos días dice al respecto que "la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo pertenece al Estado boliviano, que ejerce su derecho a través de YPFB autárquico en las formas y condiciones a establecerse mediante reglamento".

La comisión congresal fue más allá al proponer abrogar, de un plumazo y en arreglo a los resultados de la consulta popular hidrocarburífera, la vigente Ley de Hidrocarburos que el derrocado presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó en su primer mandato, en 1996, por vía de la cual se legitimó el poder de los consorcios extranjeros.

La comisión parlamentaria propuso, asimismo, "la retención para el Estado como mínimo de 50 por ciento del valor de la producción de gas y petróleo si la actividad de explotación de hidrocarburos se realiza mediante contratos con terceros".

En este aparte, Mesa propone una elevación paulatina de 18 a 50 por ciento de los impuestos y regalías -a los departamentos (provincias) productores- a la producción de hidrocarburos.

Siete semanas después del referendo que facultó a Mesa a anular la ley de Hidrocarburos, a recuperar en boca de pozo de pozo, donde se explotan los recursos, a potenciar YPFB, a emplear el gas para recuperar una salida propia en el mar Pacífico y a exportar, el gobierno y el Congreso pujan en medio de voces que vuelven a pedir en las calles la nacionalización de los hidrocarburos, vía expropiación o confiscación.

El mandatario se opone tajantemente a esta última salida.