El Congreso local les fincó juicio político "por incurrir en anomalías en sus funciones"

Ganan proceso 13 magistrados inhabilitados en 2002 en Baja California; regresarán a sus puestos

La justicia federal también ordenó cubrir los salarios que debieron devengar los togados

ANTONIO HERAS Y JORGE A. CORNEJO CORRESPONSALES

A partir de un fallo que emitió el juzgado primero del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baja California deberá restituir en sus cargos a 13 magistrados que fueron cesados en octubre de 2002 e inhabilitados un año después, como resultado de un juicio político que les fincó el Congreso local, por el cual fueron hallados responsables de incurrir en anomalías en sus funciones.

Además, la justicia federal ordenó cubrir los salarios que los magistrados debieron devengar durante los últimos dos años, lo que representará al TSJ una erogación extraordinaria superior a 40 millones de pesos.

El presidente del Congreso estatal, Everardo Ramos García, consideró que el dictamen debe acatarse "porque es una orden que no se puede hacer de lado, aunque apenas el martes por la tarde nos notificaron. Tendremos que revisarlo para defender los causales o ver de qué manera se puede resolver" la situación.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Eleazar Verástegui, señaló que el organismo a su cargo respetará la decisión del Poder Judicial federal, "porque precisamente está para velar el cumplimiento del estado de derecho". Agregó tener la certeza de que "el Congreso local va a agotar los recursos legales, pero si el fallo persiste, habrá de darle el espacio" a los magistrados destituidos y retirar a quienes los suplieron en las cuatro salas que opera el TSJ.

En su momento, Verástegui presentó la denuncia por la cual el Congreso bajacaliforniano empezó un juicio político contra los magistrados por "actos realizados durante su desempeño en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su despacho", además que se les imputó designar a funcionarios "de manera irregular".

Por su parte, el director jurídico de la Legislatura, Ricardo Merino Frausto, consideró que se acatará la resolución del juzgado primero del Poder Judicial de la Federación, si bien acotó que es posible apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lo cual el Congreso de Baja California cuenta con diez días a partir de la notificación.

Diputados acusan a Elorduy Walther de parar Ley de Acceso a la Informacion

La Legislatura local exigió al gobernador Eugenio Elorduy Walther que publique en el Diario Oficial de Baja California y haga efectiva la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada el 4 de agosto pasado.

En un desplegado que se publicó este miércoles en diarios locales, el Congreso acusó al mandatario de tener la intención de impedir que se hagan públicos los pormenores de su administración. Además le imputó ir contra el actuar del gobierno federal que encabeza el presidente Vicente Fox Quesada, al rechazar la citada legislación y no respetar "a cabalidad" la división de poderes.

Por su parte, Eugenio Elorduy afirmó que "en respeto al estado de Derecho" no publicará una ley que "adolece de muchas fallas" y que "no fue producto de un consenso con todos los poderes de Estado".

Dijo que la Ley de Transparencia se elaboró dentro de un clima de anomalías dentro del mismo Poder Legislativo, resultado de que los legisladores opositores al PAN y dos que renunciaron al blanquiazul desconocieron a la bancada panista, e indicó que esperará a que se tenga una ley "debidamente consensuada".