La expulsión de 56 huicholes de su comunidad, el motivo

Otra recomendación de la CNDH a Ramírez Acuña

Hay indebido uso de la función pública, omisión y dilación de la justicia, afirma el ombudsman

Por el indebido ejercicio de la función pública y la omisión y dilación de la justicia en el caso de 56 indígenas huicholes que fueron expulsados hace dos años de la comunidad Pedernales de Santa Catarina "por profesar la religión evangélica", la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, la recomendación 62/2004, toda vez que nuevamente han sido amenazados con ser sacados de la población de Tenzompa, en Huejuquilla el Alto, donde se refugiaron inicialmente.

La CNDH precisa que conoció de la expulsión de los huicholes el 9 de agosto de 2002, cuando el pastor Arturo Farela Gutiérrez solicitó la intervención de este organismo "para evitar la expulsión y la comisión de ilícitos en contra de feligreses de Pedernales de Santa Catarina".

Estos ilícitos, detalla la CNDH, ocurrieron cuando en una asamblea comunal personas del llamado credo tradicional acordaron que quienes profesaran la religión evangélica deberían dejar la comunidad, o de lo contrari, "serían expulsados con violencia, además de que quemarían sus casas".

La decisión de expulsar a los huicholes evangélicos de su comunidad se debió a la negativa de éstos a participar en diversas ceremonias tradicionales, argumentando objeción de conciencia.

Abunda la CNDH: "los huicholes evangélicos no se negaron a participar en los trabajos comunitarios, pero sí en aquellas actividades que ellos señalaron como objeción de conciencia, como las que implican ingerir bebidas alcohólicas o cazar animales; ésa fue la razón por la que el consejo de ancianos y la asamblea general de la comunidad los expulsaron".

La CNDH informa que solicitó a las autoridades estatales y municipales medidas cautelares de protección en favor de los huicholes, y gestiona ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la donación de un terreno para que se asienten los expulsados.

En su recomendación al mandatario estatal de Jalisco, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, hace notar que aun cuando hubo avances en las negociaciones de este conflicto religioso, persiste la problemática entre los encuentros en que han participado representantes de los gobiernos de Jalisco, el federal y de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.

Subraya que "no ha habido acciones suficientes" para prevenir hechos violatorios de garantías ni para imponer sanciones a los actores, así como tampoco para lograr una indemnización para los agraviados por la pérdida de sus bienes y el castigo a los responsables.

La CNDH concluye que han sido vulnerados los derechos humanos de los indígenas huicholes practicantes de la religión evangélica, por el indebido ejercicio de la función pública y la procuración de justicia. "La inacción de las autoridades municipales para adoptar acciones preventivas fue incluso permisiva hacia conductas de agravio", además de que dichas autoridades no dieron respuesta a la información solicitada por este organismo, lo cual manifiesta inadecuado ejercicio de la función pública, así como el desprecio por el sistema protector de los derechos humanos.

Asevera que la omisión y dilación en la procuración de justicia en que incurrieron las autoridades estatales y municipales afecta la libertad de creencia y culto consagrada en los artículos 24 constitucional, 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanosy el 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.