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México D.F. Lunes 6 de septiembre de 2004

 

Transparentar el superávit

El superávit de 57 mil millones de pesos acumulado en los primeros siete meses de este año a consecuencia de las altas cotizaciones petroleras internacionales, reportado el viernes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podría ser un factor para dinamizar la economía nacional, para llevar inversión pública a las industrias petrolera y eléctrica, así como para aliviar en algo las carencias que grandes sectores de la población siguen experimentando, a pesar de las cifras alegres del más reciente informe presidencial, en materias como educación, salud y vivienda.

Debe considerarse, sin embargo, que el destino correcto de esos recursos requerirá de una intensa participación social, no sólo para exigir al gobierno federal que informe con transparencia sobre el manejo del excedente, sino también para demandar un cambio de lógica en el accionar del gabinete económico, el cual, en el último cuatrienio, ha operado en defensa de los intereses del capital financiero internacional, no en beneficio de la sociedad mexicana. Ejemplo claro de ello es la férrea determinación del Ejecutivo federal de cumplir a rajatabla, sin importar los costos sociales y políticos, con los pagos a los bancos extranjeros en que acabó el "rescate de la banca nacional" emprendido por Ernesto Zedillo en el sexenio anterior.

Es ilustrativo de estas actitudes que el alegato oficial recurre al argumento de la falta de fondos públicos cuando se trata de garantizar las pensiones y jubilaciones o cuando defiende la necesidad de buscar inversiones privadas y extranjeras en el sector energético, pero nunca habla de carencia de recursos a la hora de cubrir los pagarés del Fobaproa o de contratar empleados de confianza con sueldos insultantemente elevados en diversas dependencias gubernamentales. La existencia de esas reservas monetarias tendría que llevar al foxismo a dejar de lado ese argumento parcial y faccioso.

Desde otro punto de vista, si las autoridades realmente desean buscar acuerdos y negociar con el conjunto de las fuerzas políticas, sería deseable que, además de deponer su manifiesta e improcedente hostilidad contra sus adversarios políticos, abrieran al debate y a la participación de los partidos y de la sociedad el destino que habrá de darse a los excedentes de los ingresos petroleros. Esa sería una manera concreta de demostrar con hechos las profesiones de fe democrática formuladas por el presidente Vicente Fox en su reciente e impugnado informe.

No está de más recordar -porque los gobernantes priístas y panistas suelen olvidarlo con alarmante frecuencia- que el dinero de las arcas públicas es, precisamente, propiedad de todos, y que en una lógica genuinamente republicana es pertinente tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía antes de definir el uso que debe hacerse de ese recurso.
 

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