Iván Restrepo

Un parque nacional en peligro

En julio de 1937 el general Lázaro Cárdenas creó por decreto presidencial el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, en el norte de Oaxaca. Aunque es una de las áreas naturales más antiguas del país, hace apenas 10 años comenzó a tener apoyo institucional para su manejo. El parque enfrenta, como el resto de las áreas naturales protegidas, el reto de equilibrar sus objetivos de conservación con el interés de las comunidades locales por obtener mayores ingresos y calidad de vida en un contexto de marginación y alto conflicto social.

La costa es la región de mayor marginación de Oaxaca. Allí confluyen tres grupos étnicos diferenciados -indígenas, mestizos y afromestizos- y una situación socioambiental compleja. En paralelo, existe uno de los sistemas lagunares más importantes para la pesca (Corralero, Chacahua, Pastoría y Minialtepec), además de ser sitio de anidación de especies en peligro de extinción, como las tortugas marinas laud, golfina y prieta. También es parte de una ruta clave para las aves migratorias del neártico que invernan en el centro y sur del continente, y alberga humedales y bosques de manglar.

El parque y su zona de influencia enfrentan diversos problemas entre los que destacan los demográficos (concentración acelerada y desordenada de la población) y conflictos agrarios entre propietarios comunales, ejidales y privados; la confluencia de diversas etnias es en ocasiones ríspida y existe una fuerte polarización entre lo rural y lo urbano. En el aspecto ambiental, hay fuerte deforestación por el cambio en el uso del suelo, disminución de la producción pesquera, contaminación de los cuerpos de agua y pérdida de especies endémicas y en peligro de extinción.

Pese a todo esto, los últimos años la dirección del parque e instituciones académicas y organizaciones sociales lograron una alianza con las comunidades gracias a lo cual se han involucrado en las tareas de conservación, como es el caso de los humedales. Pero estos esfuerzos no escapan a la situación política y social, agudizada por los procesos electorales en meses recientes. En octubre habrá comicios municipales, cuando todavía siguen los conflictos suscitados por la elección de gobernador. En este contexto, algunos personajes y grupos políticos promueven acciones "radicales" para solucionar viejos conflictos agrarios vía la toma de terrenos como forma de dirimir la designación de candidatos y la obtención de votos. O simplemente para lucrar.

Eso precisamente sucedió en enero pasado, cuando unas 300 personas provenientes de las localidades de Río Grande, Santa Rosa de Lima, La Luz y Cerro Hermoso, pertenecientes al municipio de Tututepec, invadieron 12 hectáreas localizadas en el poblado de Cerro Hermoso, el cual se encuentra dentro del parque. Allí instalaron un campamento e iniciaron el desmonte para construir viviendas. Cortaron también manglar, vegetación protegida en la legislación. Para justificar su proceder exigen la ejecución de la sentencia del tribunal unitario agrario número 21, que crea y dota de tierras a un proyectado Ejido Río Grande.

La invasión se efectuó bajo el membrete del Frente Amplio de Lucha Popular y del Frente Popular Revolucionario. Casualmente los invasores tienen predios y casas en sus comunidades de origen. Además, quien los dirige, Ursino López Sanguilán, es agente de policía de Tututepec en Cerro Hermoso. Ninguna autoridad local o estatal ha realizado acción alguna para sancionar el proceder del funcionario y en cambio lo respaldan.

No es "justicia agraria" lo que mueve a los invasores. En realidad se trata de lucrar con una extensión de tierra que reúne paisajes naturales de gran atractivo para el turismo. Esta ocupación ilegal dificulta aún más las tareas de protección y conservación de los recursos y altera la convivencia pacífica que ha imperado en la región. Lo peor es que se espera una segunda toma de tierras a cargo de un grupo del PRD, que de esa manera busca sumar apoyos para la candidatura de algunos de sus miembros ligados al actual presidente municipal de Tututepec.

Así, en Chacahua se traza el camino para mayores daños ambientales. Mientras, los funcionarios se llenan la boca con cifras optimistas sobre el destino feliz de los mexicanos y sus recursos naturales.