Desde 2001 ha interpuesto 139 casos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera

En 7 meses, 57 denuncias de lavado de dinero ante la PGR: Hacienda

Apoya al Ministerio Público Federal con ocho reportes de ''análisis de operaciones'' a la semana Acusado por la PGJDF, Ahumada tiene auto de formal prisión por ese delito

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende directamente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, interpuso 57 denuncias ''por operaciones con recursos de procedencia ilícita'' ante la Procuraduría General de la República (PGR) durante los primeros siete meses de este año, revelan informes de esta dependencia.

Sin embargo, no se conoce un solo caso de ellos en que se haya podido probar jurídicamente la realización de transacciones conocidas como lavado de dinero. El más sonado ha sido el del empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien fue acusado por este delito tanto por la PGR como por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Hasta ahora la PGR no ha encontrado elementos suficientes para acreditar la presunción del delito aunque sigue investigando; en tanto, la PJGDF obtuvo ya un auto de formal prisión por lavado de dinero, emitido por un juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente de la ciudad de México. Carlos Ahumada se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Norte, donde se le siguen dos procesos por presuntos fraudes cometidos en agravio de las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac.

Informes oficiales de la Secretaría de Hacienda indican que la Unidad de Inteligencia Financiera ha interpuesto 139 denuncias ante la PGR ''por operaciones con recursos de procedencia ilícita'' durante el gobierno del presidente Vicente Fox; es decir, más de dos veces más denuncias porlavado de dinero que las que se realizaron durante la presidencia de Ernesto Zedillo.

Según esto, de 1995 a 2000 la UIF encontró elementos suficientes para requerir en 65 casos la intervención de la PGR. Sin embargo, los desenlaces de las denuncias interpuestas en ambos periodos gubernamentales se desconocen o aún se encuentran en proceso.

Así, los cambios a la legislación y los administrativos para hacer más efectiva la persecución del delito de lavado de dinero parecen tan dinámicos como los procesos legales seguidos tras la acusación formal de éste. En respaldo a los trabajos de investigación de la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda le ha enviado un promedio de ocho reportes de ''análisis de operaciones'' cada semana, de febrero a julio de este año.

En su informe de labores 2004, Hacienda informa que el 28 de enero entró en vigor ''la reforma a las leyes financieras, a efecto de mejorar el combate del lavado de dinero''. Estas reformas, asegura, ''actualizan el marco normativo de las instituciones financieras, además de incorporar en forma plena el esquema a los centros cambiarios y transmisores de dinero, a través del envío de los reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)''.

Más de tres meses después de la publicación de esas reformas en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de 2004, todas las áreas involucradas en el análisis de ''operaciones con recursos de procedencia ilícita'' fueron integradas en una misma unidad, ''con la consecuente agilización de los procesos, una mejor coordinación con las autoridades y una mejor interacción con las instituciones financieras''.

En términos de procesamiento de datos y tramitación de documentos internos, los resultados parecen más ágiles. Del 28 de enero, en que entraron en vigor las reformas, a julio de este año la UIF envió 170 ''casos proactivos'' -reportes de análisis de operaciones- a la Procuraduría General de la República y 12 al SAT, y ''se presentaron 57 denuncias a la PGR'', afirma Hacienda.

Sostiene que ''el envío de esta clase de casos proactivos, provee a las autoridades competentes de un elemento eficaz de investigación, lo que permite al Ministerio Público Federal actuar oportunamente, cuando lo considere procedente, al detectar en forma indirecta algún delito''. Pero los resultados judiciales aún no se observan.