Serrano dice desconocer si la auditoría excluyó facturas

Niega Provida desvío de recursos asignados en 2003

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Jorge Serrano Limón, dirigente del Comité Nacional Provida, afirmó que "no existe ninguna irregularidad ni ilícito" en el manejo de los 30 millones de pesos que ese organismo recibió del gobierno federal en 2003.

Todavía sin haber recibido notificación oficial de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre la conclusión de la auditoría del órgano de control interno de la dependencia, respecto al uso de los recursos entregados el año pasado a Provida, Serrano Limón aseguró que el organismo cumplió a cabalidad el convenio suscrito con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Recordó que el compromiso inicial era construir 10 centros de ayuda para la mujer. En realidad, dijo, se edificaron 12 y se reforzó la operación de otros 26 ya existentes, por lo que resulta "ilógica" la pretensión de que Provida devuelva el dinero.

El viernes pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hubo irregularidades en la administración de los fondos públicos asignados al grupo conservador, por lo que procedería la solicitud de devolución del dinero, así como el análisis sobre la posibilidad de fincar responsabilidades de los funcionarios y particulares que incurrieron en dichas anomalías.

"No sé qué piense la Secretaría de Salud (Ssa), pero los 30 millones se ocuparon para lo que estaba dispuesto. Se han salvado muchas vidas", comentó en referencia al trabajo de los CAM, en los que las mujeres con embarazos no deseados reciben apoyo médico y económico para tener a sus hijos, y evitar así la posibilidad del aborto. El informe de Provida resalta como un logro haber evitado 7 mil 280 interrupciones de embarazos, de los cuales 143 fueron producto de violación intrafamiliar.

El dirigente dijo desconocer si la investigación de la contraloría interna de la Ssa tomó en cuenta la petición de Provida de que se retiraran del expediente algunas facturas que habían sido incluidas "por error".

La conclusión de la auditoría ocurre dos meses después de que seis organizaciones civiles denunciaron las irregularidades cometidas en el ejercicio de los 30 millones de pesos. Señalaron que 81.53 por ciento del total del presupuesto se destinó a los rubros de publicidad y mobiliario y equipo, así como a la compra de artículos suntuarios.

Además bajo el concepto de "ayuda a mujeres", Provida gastó un millón 35 mil pesos en la contratación de un salón de fiestas para realizar dos capacitaciones y una reunión de directivos.

Las mismas agrupaciones civiles feministas habían denunciado a principios de 2003 el procedimiento, también irregular, por el cual el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, decidió asignar a Provida los referidos 30 millones de pesos.

Y es que, según afirmaron las organizaciones, el diputado panista dispuso de una parte de los recursos que la Ssa iba a utilizar para la compra de medicamentos antirretrovirales para enfermos de sida. Aunque esto ha sido negado en reiteradas ocasiones por el secretario Julio Frenk Mora, lo cierto es que Pazos envió diversos oficios tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Ssa, en los que comunicaba la decisión del órgano legislativo de entregar el dinero a Provida