Rolando Cordera Campos

El Estado en su hora cero

Las escandalosas revelacio-
nes de Carlos Marín en Milenio, confirmadas por Joaquín López Dóriga en su programa radial de mediodía, sobre las apresuradas reuniones en Los Pinos para deliberar sobre el "caso" de López Obrador, en las que habrían participado el presidente Vicente Fox, el procurador Rafael Macedo de la Concha, el secretario Santiago Creel y el ministro Mariano Azuela, tendrían que ser evaluadas cuanto antes por el pleno de la Suprema Corte y examinadas con cuidado en el Congreso de la Unión. Dejarlas pasar para que cada quien haga con ellas lo que quiera afecta seriamente la imagen, la organización y la relación entre los poderes de la Unión y desde luego arroja más de una sombra de duda sobre lo que se ha vuelto una especie de mantra de todo liberal primerizo que solicite entrada al panteón de la transitocracia: el estado de derecho.

Al calor del litigio entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gobierno del presidente Fox, la cuestión de la legalidad se ha puesto en el centro apresuradamente, buscándose con ello trazar una ficticia línea divisoria entre quienes se afilian sin chistar a dicha legalidad y quienes buscan "arreglos" políticos para resolver un conflicto que está ahora en manos de los diputados por una solicitud de desafuero hecha también sobre la marcha por la Procuraduría General de la República. Basta con pasar la vista sobre las instituciones y personajes listados arriba, para darse cuenta de que México vive hoy uno de sus más delicados contratiempos jurídico-políticos, con el cual la estructura republicana consagrada en la Constitución no parece estar a la altura ni de las circunstancias ni de las perspectivas abiertas por el conflicto.

Se dirá que no es así y que en realidad se vive más bien una tormenta mediática más, aderezada por las bravatas populistas del jefe de Gobierno y sus múltiples aliados. Pero bastaría referirse al más reciente discurso del presidente de la Suprema Corte, sin aludir a las revelaciones de Milenio que al parecer ya se conocían de antemano en varios medios informativos importantes, para convenir que el asunto es de fondo, independientemente de quién vaya a sacar la mejor raja política de él.

En el centro no está la legalidad sino la manera en que ésta se entiende en el México democrático del presente, y es claro que no se entienden bien ni el imperio de la ley ni mucho menos el multinvocado estado de derecho. La República quedó en pañales en materia de justicia al arribar a la democracia, tal vez porque así convenía a los poderes forjados en el autoritarismo que siguen entre nosotros vivos, coleando y, sobre todo, ganando y mandando.

Separar la política del poder y la justicia de la política del poder, es la peor de las ingenuidades democráticas en que se puede caer y un pésimo servicio al Estado que se quiere reformar para que sirva al orden democrático del que carecemos. Con todo y los esfuerzos desplegados por sus ministros, la Suprema Corte actual proviene de un típico acto de poder autoritario, que entre otras cosas dejó al país sin tribunal supremo por un tiempo. Nada pasó entonces, pero eso podría ser más bien un indicador de lo mal que andamos en materia de justicia y no al revés. El origen no determina ni define, pero desde luego marca y los actuales habitantes de este decisivo poder republicano no deberían olvidarlo.

Politizar la justicia es una mala opción de los políticos que se disputan el poder formal y constituido por la vía democrática. Llegar a los extremos de un diputado del Partido de la Revolución Democrática, de descalificar los aumentos propuestos en el Presupuesto de Egresos para 2005 al Poder Judicial como "pagos" a sus servicios en el asunto del desacato de López Obrador, es la peor de las proyecciones que podemos hacer de esta circunstancia peligrosa para la justicia y para México que hoy vivimos. Pero, a la vez, habría que admitir que en estos nefastos afanes todos han tirado la primera piedra y que nadie es inocente.

A partir de este reconocimiento, que deben hacer con toda claridad y precisión los políticos y entender los medios informativos en su profundo significado, tal vez podríamos aspirar a construir un verdadero estado de derecho democrático y constitucional mediante un gran pacto político, cuya fortaleza y capacidad de atracción nos ahorrara los bochornosos cuanto infantiles votos por una unidad nacional ilusoria, que desde luego no se alcanza malcantando un himno, o un salmo.

Por la senda elegida para saldar afrentas y resolver por adelantado contradicciones que son políticas y que sólo así pueden resolverse, el país escoge mal por segunda vez y el desenlace puede ser incierto pero desde luego nada provechoso. No corregimos a tiempo la ilusión neoliberal en el mercado libre universal y aquí y así estamos; peor estaremos si la mayoría representativa se obstina en una ficción todavía más grave: que los diferendos políticos sólo tienen solución óptima por la voz de los jueces, sin que éstos hayan demostrado merecer tan enorme investidura.

El Estado en su hora cero. Esperemos no haber empezado la cuenta regresiva.