El documento entregado a la ALDF contiene abundante información sobre los casos de corrupción detectados

Aun cuando los casos de corrupción en algunas delegaciones políticas -relacionados con empresas de Carlos Ahumada- no fueron mencionados en el mensaje del mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador, ante la Asamblea Legislativa con motivo de su cuarto Informe de gobierno, el documento de más de 370 páginas que entregó al órgano legislativo, alude a los casos de Gustavo A. Madero, Tláhuac y Alvaro Obregón, así como a los procesos judiciales que se siguen a funcionarios, ex servidores públicos y al mismo Ahumada, dueño del Grupo Quart.

Esos actos, se refiere en el Informe, obligaron a las autoridades fiscalizadoras a aplicar acciones encaminadas a corregir deficiencias e irregularidades.

Advierte que "las diferentes formas de corrupción son altamente dinámicas y cambiantes, y por ello es necesario crear un marco de control que dé respuesta a su combate con el mismo dinamismo y rapidez". La corrupción, añade, es "un fenómeno que socava la convivencia social, atenta contra el orden establecido y, asociado con la impunidad, desacredita a las instituciones públicas ante la población, desarrollando en los ciudadanos un legítimo sentimiento de irritación y desconfianza".

En el capítulo dedicado al gabinete de administración y finanzas, el último apartado, titulado "Transparencia de las acciones administrativas", indica que se inició una revisión extraordinaria de los pagos a través de las llamadas CLC (Cuentas por Liquidar Certificadas) correspondientes a obras y adquisiciones de 2003, que llevaron a declarar improcedentes dichos pagos en los casos de inconsistencias o irregularidades detectadas por las contralorías internas.

Dichas acciones, precisa, fueron básicamente de carácter preventivo y encaminadas a corregir deficiencias e irregularidades en los procesos de pago de las delegaciones Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón y Tláhuac, principalmente.

Posteriormente, como resultado de auditorías practicadas en la última demarcación, se presentaron tres denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con facturas de dudosa procedencia y validez por concepto de obra, por un monto superior a 5 mil millones de pesos, relacionadas con empresas de Ahumada.

Por lo que hace a Alvaro Obregón, precisa que se realizaron dos auditorías a la Secretaría de Finanzas y dos a la delegación, que arrojaron pagos indebidos en 18 CLC, por 31 millones de pesos, "y en la segunda se identificaron hechos posiblemente constitutivos de delito en su modalidad de fraude agravado por cobro de obras no ejercidas, por diversas empresas relacionadas con el Grupo Quart, por un importe de un millón 300 mil pesos", y se detectaron facturas apócrifas por cinco millones 800 mil pesos.

En el caso de Gustavo A. Madero, donde el fraude con Quart fue por 31 millones de pesos, el informe destaca que se logró recuperar 10 millones 400 mil pesos. Se iniciaron tres averiguaciones previas a dicho corporativo, que derivaron en la consignación de Carlos Ahumada y su socio Antonio Martínez Ocampo, a quienes se dictó auto de formal prisión.

Además, se encuentran también sujetos a proceso penal Blanca Estela Hernández y Carlos Alvarez Cardoso, subdirectora y jefe departamental en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, y se dictaron órdenes de aprehensión contra Luis Salazar Cano y María Martha Delgado Arrollo, director de Recursos Financieros y subdirectora de Planeación en Gustavo A. Madero, y contra Alienso Caetano, director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ