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México D.F. Domingo 19 de septiembre de 2004

Corresponde a menores de 20 años 25% del total de embarazos en el país, señala

Reconoce la Ssa efectividad limitada de sus programas de salud sexual

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Los programas de salud sexual y reproductiva no han tenido la efectividad esperada, lo cual se observa en que todavía una cuarta parte del total de embarazos que se produce en el país es de menores de 20 años de edad. Aunque existen avances en el control del contagio del VIH/sida vía perinatal y sanguínea, persisten "grandes retos en la prevención sexual y mitigación del daño", admite un análisis del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ssa).

A partir de la publicación del estudio Estado Mundial de la Población 2004, la directora del Centro, Patricia Uribe Zúñiga, resaltó la importancia de articular los servicios de prevención y atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido el VIH/sida con los de salud reproductiva, tal como lo recomendó hace 10 años la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, Egipto.

Señaló que la infección por VIH/Sida es un problema de salud complejo, íntimamente relacionado con la sexualidad, desarrollo, pobreza, discriminación, estigma y derechos humanos, por lo que su solución tendría que abordarse mediante un modelo integral y focalizado en los grupos de mayor riesgo con respecto a la pandemia.

También debería revertirse la falta de coordinación entre los programas y servicios de salud, así como la tendencia del personal de salud a tener una formación fragmentaria, con gran resistencia al cambio y falta de motivación.

La integración de la salud reproductiva con los servicios de VIH/sida y otras ITS debe ocurrir sin diluir el énfasis que requiere cada grupo de la población, ampliando los servicios ya existentes, mencionó la funcionaria.

En su balance sobre los logros alcanzados por México en materia de salud sexual y reproductiva, Uribe Zúñiga se refirió a las Metas del Milenio relacionadas con la equidad de género. Dijo que la incorporación de la perspectiva de género se ha logrado en 60 por ciento de los programas de acción prioritarios en salud, mientras que la mitad de las estadísticas del sector están desagregadas por sexo.

Aunque la Encuesta Nacional de Violencia Familiar permitió tener claridad sobre la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres, y 22 entidades se han sumado al Modelo Integrado de Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, "todavía existen grandes retos y largo camino por recorrer", advirtió.

Al abundar sobre la situación de los servicios de salud reproductiva, destacó que mientras persistan altos índices de pobreza, las mujeres continuarán teniendo más hijos de los que desean, mayores complicaciones de parto, aborto y puerperio, o morbimortalidad materna y neonatal.

De la misma manera, seguirá existiendo el problema del inicio temprano de la fertilidad, el abandono escolar, las altas prevalencias de ITS. Estos fenómenos, señaló, contribuyen, a su vez, a rezagar más a las personas en pobreza.

Señaló que la inversión en salud reproductiva permite reducir el crecimiento demográfico, y mejorar los recursos educativos o laborales, además de que las parejas hacen un uso efectivo de sus derechos y aspiraciones reproductivas.

Con relación a los servicios de salud dirigidos a los jóvenes, retomó los resultados del Estado Mundial de la Población 2004, según los cuales esta responsabilidad recae frecuentemente en las organizaciones no gubernamentales, mientras el Estado se mantiene sin asumir plenamente su papel en este ámbito.

En México, apuntó, se ha establecido un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y civiles para promover una red de servicios integrales que responda a las necesidades de los adolescentes. No obstante, todavía hace falta remover obstáculos para el acceso y la utilización de los servicios por parte de este grupo de la población.

Por lo pronto, persiste la problemática del embarazo adolescente, sobre todo en entidades federativas como Chihuahua, Sonora y Nuevo León, donde las cifras se ubican por encima del promedio nacional.

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