Uno de sus abogados fue atacado con arma blanca y tuvo que ser hospitalizado

Anónimos, amenazas y ceses, constantes en el proceso contra Medina Millet

Denuncian ola de represalias contra peritos cuyas conclusiones favorecen al acusado

EDUARDO R. HUCHIM/ VI

Merida, Yucatan, septiembre de 2004. "Mira Bolio, si te sigues metiendo en el caso de Medina, te voy a matar muy pronto. Apártate lo más pronto posible de este caso, o morirás muy pronto".

Estas palabras, registradas en una grabación de la contestadora telefónica del domicilio particular del amenazado constituyen uno de los muchos actos de intimidación que han rodeado al caso Medina-Abraham. Fueron dirigidas el 5 de enero de 2000 al abogado Rubén Bolio Pastrana, uno de los penalistas yucatecos más prestigiados y defensor -junto con Marco Antonio Cerón Ruiz- de Armando Medina Millet.

Denunciado el hecho ante el Ministerio Público, se ubicó el origen de la amenaza en el teléfono de una casa deshabitada del fraccionamiento Los Pinos. Adicionalmente, ambos abogados yucatecos han sufrido el robo de documentos o la revisión de sus automóviles por parte de desconocidos, además de que, en los años 1997 y 1998 -cuando aún gobernaba aquí Víctor Cervera Pacheco- fue común que a las puertas del despacho de ambos se estacionaran patrullas de la Policía Judicial.

Bolio Pastrana -quien es también notario público- estuvo a punto de ser inmiscuido, a finales de 2001, en la constitución simulada de una sociedad anónima, intentona de la que se enteró de manera fortuita porque un amigo suyo que trabajaba en un banco de Veracruz, ante el que fue presentado el testimonio respectivo, le preguntó del asunto, extrañado porque el documento estaba firmado de manera distinta a como lo hace habitualmente el penalista.

El abogado defensor infiere que la intención de quienes falsificaron su firma y el testimonio respectivo era desacreditarlo y encarcelarlo en Veracruz, con lo cual le habrían causado un enorme daño a él y a su defendido; además de la libertad, el abogado habría perdido la fe pública y, desde luego, no habría podido continuar con la defensa de Medina Millet.

Acuchillado y anestesiado, pero declaró, según la procuraduría

Las acciones contra el abogado Cerón fueron más lejos: la noche del 9 de noviembre de 1996, cuando caminaba por una calle de la colonia Delio Moreno Cantón, poco después de salir de un tugurio adonde fue a recoger unas fotografías sobre el caso que defendía y que le fueron prometidas por un hombre que nunca llegó, Cerón fue atacado con un cuchillo y enviado al hospital por un desconocido que lo acusó de haberlo encontrado en la cama con la esposa de éste.

El abogado Cerón no excluye la posibilidad de que la agresión esté vinculada con el caso, pero tampoco lo asegura, porque carece de pruebas.

Existen, sin embargo, hechos en torno a la agresión que no parecen dejar lugar a dudas: el agresor fue detenido y sentenciado, pero poco después la Procuraduría de Justicia del Estado pidió la reclasificación de las heridas causadas al abogado -para situarlas entre las que no ponen en peligro la vida- y el agresor quedó en libertad. La procuraduría estaba encabezada entonces por José Manuel Echeverría Bastarrachea, quien sustituyó a Jorge Lizcano Esperón. Este se vio obligado a renunciar a consecuencia de las irregularidades en el caso Medina-Abraham.

Adicionalmente, la procuraduría adjudicó a Cerón Ruiz declaraciones que nunca hizo, e inclusive logró que se le dictara orden de aprehensión, que sólo pudo anularse cuando el agredido obtuvo la suspensión en un amparo que interpuso. Su argumento contundente fue que, de acuerdo con las actuaciones del Ministerio Público, él supuestamente formuló las declaraciones que se le atribuían cuando en realidad se hallaba anestesiado anestesia porque estaba siendo operado en un hospital, a consecuencia de las heridas que le produjo su agresor.

Anónimos, amenazas, ceses

Los actos de intimidación no se han detenido en los abogados defensores, sino se han extendido a los testigos. Estos son algunos ejemplos:

Fernando José Ríos-Covián Patrón, jefe de la Sección de Química Forense de la procuraduría yucateca, aceptó en enero de 2002 que durante la averiguación previa del caso fue presionado por sus superiores para que, ante representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Poder Judicial de Yucatán, sólo dijera lo que estaba en el expediente, pues de lo contrario "tendría problemas". Además, recibió anónimos escritos en computadora y llamadas telefónicas amenazantes. Por esa razón guardó silencio ante irregularidades que le constaban y sólo habló cuando en la procuraduría hubo nuevos jefes.

Quien no guardó silencio y reveló ante representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la necropsia a Flora Ileana nunca se practicó, fue Marianela Espejo Salazar, subdirectora del Servicio Médico Forense y, por ello, recibió presiones y amenazas directamente -llamadas telefónicas, notas que aparecían en su escritorio de la procuraduría, acusaciones de traición- y por medio de familiares y amigos, a quienes les pidieron que la convencieran de no meterse en problemas porque "alguien cercano pagaría" sus errores. Además, su vehículo fue dañado en dos ocasiones a las puertas de la Procuraduría, y su jefe, Jorge Hadad Herrera, le ordenó que, en su audiencia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hablara del protocolo de la supuesta autopsia.

Adrián Waldo Capetillo, químico que dictaminó la invalidez de la prueba de Walker que la juez Leticia Cobá Magaña dio por buena, fue presionado por funcionarios judiciales mexiquenses para que se desistiera de su dictamen y poco después de negarse fue despedido de su trabajo como perito en la Procuraduría de Justicia del estado de México, debido "al acontecimiento de la desobediencia en que incurrió".

"Nunca pensé que los brazos del caso Medina-Abraham llegaran al estado de México", comentó el perito al reportero Rudecindo Ferráez García, del Diario de Yucatán. Al publicar la entrevista, este periódico comentó que el hecho "coloca en comprometida situación al procurador del estado de México, abogado Jesús Alfonso Navarrete Prida, no sólo porque es él quien firma el lunes 30 de diciembre (de 2002) la destitución de Waldo Capetillo, en revelador documento que tenemos a la vista, sino también porque en su puesto anterior, como subprocurador de Procesos Penales de la República, trabajó varios años con el jefe de peritos de la PGR, Eduardo González Mata, destituido después de ser acusado de corrupción en el desempeño de su cargo".

Para la defensa de Medina Millet, González Mata es el artífice del expediente que motivó la sentencia.

¿Jetatura, coincidencia o represalia?

Por su parte, el abogado Rubén Bolio Pastrana alude a las "casualidades" que han rodeado, para mal, a varios de los peritos que han elaborado análisis y dictámenes para la defensa de Medina Millet. Cita, además de los mencionados, el caso de Juventino Montiel Sosa, quien dictaminó que la trayectoria del proyectil en el cuerpo de Flora Ileana es clásico en disparos suicidas.

Un hijo de este perito fue involucrado, en 1998, en el asalto a una sucursal bancaria en el Distrito Federal. A pesar de no aparecer en el video respectivo y de que los verdaderos asaltantes lo deslindaron del hecho, pasó ocho meses en la cárcel hasta que lo absolvió un juez.

Bolio Pastrana también menciona el caso de Carmelo Lino Michelini Pérez, perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien tras emitir un dictamen de balística no fue ratificado en su puesto.

Menciona, asimismo, el caso del teniente coronel Vicente Zárate Noble, que está incluido en otra parte de este reportaje.

El dinero como motivador

Otro perito que también fue cesado, en 1997, es Eduardo de la Cerda González, jefe de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, quien emitió un dictamen de química forense en el sentido de que en el riñón de Flora Ileana había residuos de cocaína. También efectuó un estudio de ADN y dictaminó que la blusa que el Ministerio Público presentó como la que llevaba la joven al morir, no tenía sangre de Flora Ileana, es decir que la prenda fue cambiada.

Entrevistado en el reclusorio, Medina Millet afirma que el jefe de De la Cerda le pide que no intervenga en el caso, pero el químico forense no acepta. Entonces llega a Aguascalientes un hombre que le entrega un cheque en blanco y le propone que ponga "los ceros que quiera" para que se olvide del caso. El perito rechaza la oferta y, después de emitir su dictamen, es cesado.

-En cambio -comenta el recluso-, hay quienes de la noche a la mañana mostraron evidente prosperidad: vehículos nuevos y remodelación de casas, por ejemplo.

El reo se refiere así a quienes desde la procuraduría o como testigos contribuyeron a lo que él considera "fabricación" de su expediente y fueron recompensados por emisarios de sus acusadores.

-Sí, existe la percepción generalizada, incluso entre quienes admiten la versión del homicidio, de que la familia Abraham hizo correr ríos de dinero en este caso -le digo-, pero algo similar se dice de usted, en particular de su abuelo, Juan Millet Rendón.

-Mi abuelo no ha pagado nada relacionado con mi proceso penal. Además, el dinero que pueda tener la familia Medina-Millet, por ambos lados, incluido mi abuelo, no se puede comparar con el poder económico y político de la familia Abraham.

También dos iglesias

La respuesta sobre su abuelo es una de las más enfáticas de Medina Millet, quien añade en seguida:

-Hasta a la Iglesia han llegado la influencia y la presión de la familia Abraham.

-¿A cuál Iglesia?

-La católica y también la ortodoxa. La mamá de Flora Ileana es prima del obispo Antonio Chedraoui, primado de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en México.

-Platíqueme algunos ejemplos de esa influencia.

-En 1999, mi madre viaja a la ciudad de México y logra que cuatro organizaciones no gubernamentales y el presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de México, Francisco Javier Acuña Llamas, firmaran una carta dirigida a la juez Leticia Cobá Magaña, a quien le piden imparcialidad y que respete mis derechos y garantías, nada más. No dicen que soy inocente, sólo que la juez sea imparcial. Pues bien, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz dice luego que no firmó el documento.

Este asunto motivó que Carlos Menéndez Navarrete, director del Diario de Yucatán y católico practicante, enviara dos cartas al cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, para comentar los hechos que rodearon la intervención de Acuña Llamas y que generaron una "campaña de calumnias" contra ese periódico. En una de esas misivas, fechada el 28 de mayo de 1999, el periodista señala:

"Nos parece sensible que las autoridades eclesiásticas nieguen públicamente el apoyo de la Iglesia católica a una causa que defiende valores cristianos, por la desorientación inevitable que causa entre los laicos, sobre todo en los dirigentes de las agrupaciones piadosas; pero nos preocupa más cuando los favorecidos por esa negativa (es decir, la familia Abraham, precisa el reportero) son personas que se han distinguido como benefactoras de la Iglesia por su considerable, visible apoyo económico a la construcción de centros religiosos y sostenimiento de obras de apostolado".

El arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, de quien en Yucatán se dice que ha hecho una "opción preferencial por los ricos", ha guardado silencio sobre el caso Medina-Abraham, pero se le atribuyen actos de hostilidad al reo. Este, ministro extraordinario de la Eucaristía en la parroquia de María Inmaculada (podía distribuir la comunión a enfermos y durante las misas, cuando la concurrencia era muy grande) se muestra renuente a hablar del asunto, pero termina por aceptar que su labor de catequesis en el penal -promovió 300 primeras comuniones- fue frenada. También señala que el 24 de diciembre de 1996, durante una misa que celebró Berlie en la prisión, se le impidió acercarse a él para comulgar porque había reporteros y fotógrafos. Al año siguiente, emisarios del arzobispo le pidieron que no fuera a la misa de Navidad.

Por su parte, el obispo Chedraoui ha intervenido a favor de la familia Abraham, incluso pidiéndole a Menéndez Navarrete que dejara de ocuparse del caso.

Otro hecho, relacionado con la anulación del matrimonio anterior del hoy recluso, es que la instancia eclesiástica respectiva, a cargo del sacerdote José Gamboa Lugo (quien ha viajado fuera del país acompañando a Abraham Dáguer), reveló a la procuraduría datos secretos del proceso de anulación, particularmente el término sicopatías -atribuidos a Medina Millet y a su primera esposa-, que han servido para imputarle al ahora prisionero la proclividad a la violencia. Inexplicablemente, el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de la Provincia de Yucatán no comunicó a la procuraduría que Medina Millet había sido expresamente autorizado a contraer nuevas nupcias.

Anteriormente, el documento en el que constan esos datos fue sustraído del domicilio del hoy sentenciado, pero al parecer las autoridades policiales juzgaron más pertinente poseer otro documento, expedido por el mencionado tribunal, para integrarlo más naturalmente al expediente.

-¿Cómo iba la Iglesia a autorizarme un nuevo matrimonio si yo fuera un sicópata? -pregunta Medina Millet-. Lo que pasa es que el término sicopatía no tiene la misma acepción religiosa que siquiátrica.

Entre sicólogos y siquiatras

En el reclusorio de Mérida, pregunto al sentenciado:

-Una de las versiones que he escuchado es que actualmente usted tiene el control del Cereso, incluso del contrabando de drogas.

-Eso está muy interesante porque yo estoy desde hace ocho años encerrado en un cuarto, por motivos de seguridad.

-¿Cuáles motivos de seguridad?

-Yo he recibido, desde el día que entré, amenazas de muerte.

-Entonces, ¿qué controla usted aquí?

-¿Yo? Mi alma, nada más mi alma, porque estoy encerrado.

-¿Controla su alma?

-Mi alma, nada más

-¿Está seguro de que la controla?

-Bueno, es lo único que tengo en cuatro paredes y solo.

-Es una pregunta derivada de los antecedentes que han aparecido en el expediente sobre problemas anímicos...

-No, no, no.

-...Las sicopatías que usted mencionaba, por eso le pregunto si controla su alma.

-Eso es falso, es mentira, eso es parte de todas las mentiras y situaciones que se han dado por parte de la familia Abraham; yo aquí le repito están todas las pruebas (me entrega dos legajos con diversos documentos).

Lo cierto es que las pruebas siquiátricas que la juez tomó en cuenta para elaborar su sentencia tienen una historia truculenta que puede resumirse así:

"El acusador y coadyuvante, Asís Abraham Dáguer, ofreció como peritos a la sicóloga Gabriela Jáuregui Nieto y al siquiatra Roberto Flores Villasana (ya fallecido); la defensa ofreció a la sicóloga Blanca Estela Pérez Pineda y al siquiatra Juan Ignacio Rosales Barrera, y la procuraduría, a los sicólogos José Paulino Dzib Aguilar y Erick Chargoy Romero y al siquiatra José Antonio Cabañas Basalto."

En 1997, Armando Medina Millet accedió a una primera entrevista con los peritos de Abraham Dáguer, pero luego, por consejo de sus abogados, no aceptó hablar más que con sus propios peritos. Esta no aceptación del reo está documentada mediante actas circunstanciadas y oficios que el director del reclusorio yucateco, Francisco Brito Herrera, envió a la juez cuarta de defensa social.

En estas circunstancias, sin la colaboración del examinado, no es posible llegar a conclusiones. En particular, en un escrito de diciembre de 1997, la sicóloga Gabriela Jáuregui Nieto, perita de la coadyuvancia, dice a la juez:

"Para obtener resultados y emitir un diagnóstico de personalidad, es indispensable la práctica de diversas pruebas a la persona respecto de quien se realiza el estudio y debido a que el señor Armando Medina Millet se negó a dar las facilidades mínimas para la práctica de dichos estudios, me veo en la imposibilidad de emitir un dictamen respecto de la personalidad del señor Armando Medina Millet". Añade que, sin esa colaboración, "no se podrá emitir diagnóstico alguno en el presente caso, en materia de sicología".

Sin embargo, a pesar de que el reo no aceptó ninguna de las cinco entrevistas que le solicitaron (pedían 20 horas en total), los sicólogos y siquiatra ofrecidos por la procuraduría concluyeron, respecto del hoy recluso, que "su agresividad (capacidad para causar daño) es alta", su identificación criminal es alta y su capacidad criminal es "media tendiente a la alta". En lo que atañe a los peritajes de la defensa, cuyos autores sí pudieron entrevistarse con el reo, fueron calificados por la jueza como "meras apreciaciones subjetivas".

Debido a lo anterior, Medina Millet presentó en noviembre de 2001 -cuando ya había un nuevo gobierno en Yucatán- una denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables.