León Bendesky

Irrelevante

Es cada vez más notoria la irrelevancia de los planteamientos sobre la política económica en el país. En sí mismo es un asunto que debiera llamar la atención, sobre todo en una sociedad con tantas carencias sociales, restricciones a la actividad productiva y un claro retraso en la eficiencia con la que funciona el conjunto del sistema económico.

Llamativa es igualmente esta irrelevancia por lo que significa en cuanto a la institucionalidad prevaleciente. La debilidad del sistema institucional en relación a su diversidad y la competencia de los participantes es, sin duda, una de las características más perniciosas para el desarrollo.

Si se toma el debate del presupuesto federal 2005, se advierte que se está convirtiendo en un proceso de remiendo de la propuesta enviada por el Presidente o, mejor dicho, por el secretario de Hacienda al Congreso. Eso es parte de la práctica presupuestal y concierne a la reasignación de algunas de las partidas del gasto; es un asunto político y técnico propio del trabajo legislativo.

En todo caso no es mucho el margen de maniobra, pues los recursos de los que se puede disponer son bastante limitados. En lo que respecta a los ingresos se sabe que la recaudación vía impuestos es reducida y que al parecer Hacienda toma este hecho como un dato o, aún más, como una fatalidad. Así que habrá que esperar que el precio del petróleo se mantenga elevado y poder seguir extrayendo a Pemex el mayor excedente posible.

Por el lado de los gastos el planteamiento ha dejado claras las prioridades del gobierno; ese es el verdadero sentido del presupuesto de egresos. Además, algunas partidas están fijadas a partir de compromisos legales y políticos, cuya modificación exige una disposición firme para enfrentar esas prioridades y convertir en ley las disposiciones fiscales para el año entrante. Esto habrá que verlo no sólo en términos de las partidas que se afecten, sino también de los montos que se reasignen.

Las premisas de la política fiscal están claramente establecidas por la Secretaría de Hacienda, que actúa como actor privilegiado en la administración de los recursos públicos. Esto significa que en el manejo financiero es casi nula la injerencia de los legisladores y de prácticamente la totalidad de los grupos sociales, siempre, claro está, con notorias excepciones. Esta condición es una de las restricciones más claras de la necesaria participación en este campo que debería configurar los espacios de la democracia.

Hay, pues, un estricto control político, que no hay que confundir con el trabajo técnico que entraña la estructura del presupuesto y las formas en que se aplican las disposiciones para administrar las medidas fiscales. Y este control político-financiero está tan consolidado que desplaza a otras instancias del mismo sector público haciendo aún más débil la competencia institucional para definir las pautas del crecimiento y del desarrollo.

Este desplazamiento contribuye al raquitismo de la discusión de la política económica y a seguir con lo que se ha denominado como una forma de "pensamiento único". Un caso ejemplar de esta circunstancia es el Banco de México. La Constitución otorgó al banco central el rango de autonomía, lo que debería haber fortalecido sus acciones no sólo a favor del objetivo primario de controlar la inflación, sino de recrear y afianzar las condiciones para el crecimiento de la economía.

En cambio, el Banco de México ha validado el desaseado, largo y costoso proceso de gestión de la crisis bancaria provocada en 1995, y la aplicación de la política monetaria está muy lejos de establecerse como sustento del crecimiento productivo. No obstante, en meses recientes el gobernador del banco ha hecho una serie de planteamientos acerca de las trabas al funcionamiento de la economía que ameritan atención.

Tres de esos pronunciamientos sirven como muestra. Primero, el hecho de que México pierde atractivo para la inversión y ello incluye no nada más la proveniente del exterior, sino el gasto interno en este rubro, que es muy reducido. Segundo, la fuerte dependencia fiscal de los ingresos petroleros, que exige un replanteamiento profundo de la forma de operación financiera de Pemex. Tercero, la insuficiente captación de impuestos que realiza el fisco y que constituye una deficiencia estructural de primer orden que traba el mejor desempeño en la economía mexicana.

Nadie repara en estas consideraciones; el gobernador predica en el desierto. A pesar de las fuertes discrepancias que se tengan con él como viejo funcionario del sector financiero y de las responsabilidades en que ha incurrido en las recurrentes crisis de los últimos 20 años, es la cabeza de una de las instituciones que debían ser más relevantes de la economía.

El caso es que esa entidad pública y quien la encabeza han ido pasando de manera persistente y cada vez más notoria de una autonomía, pensada supuestamente para reforzar su presencia en la conducción de la economía, a una posición de creciente irrelevancia. Esta es otra muestra de la endeble situación institucional que se valida desde los mismos poderes del Estado