México D.F. Viernes 1 de octubre de 2004
Necesario, poner un alto al fundamentalismo
del mercado, afirma Hernández Navarro
Inviable la reforma política, si se mantiene
en la segregación a 60 millones de mexicanos pobres
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ
La reforma política en México no será
viable si se mantiene en la segregación a 60 millones de mexicanos
pobres, coincidieron ayer analistas y políticos participantes en
la última jornada del foro Reforma del Estado y gobernabilidad democrática,
que se realizó en la Cámara de Diputados. Y mientras la exposición
de ideas redundaba en formular una nueva visión que contribuya a
sacar del estancamiento al país, se escuchó la pregunta:
¿dónde está el gobierno que defienda a las mayorías?
Sara
Sefchovich fue la voz del reclamo a las autoridades y al Poder Legislativo,
porque ''se está volviendo costumbre que las personas hagan lo que
se les viene en gana y como les viene en gana; que decidan defender lo
que consideran sus derechos, aunque los métodos que utilizan para
ello afecten a otras personas y a sus derechos''.
Sefchovich preguntó a los asistentes al Salón
Verde del recinto legislativo de San Lázaro: ¿quién
defiende los derechos de las miles de personas que no pueden llegar a sus
trabajos, a sus hogares, a sus citas médicas o amorosas, a lo que
sea que tengan que hacer, porque se quedan varados en una carretera? ¿Quién
defiende los derechos de los comerciantes establecidos? ¿De un vecino
que quiere la tranquilidad en su hogar? ¿Quién defiende los
derechos de un capitalino a recibir agua? ¿Quién defiende
el estado de derecho según el cual los diferendos se arreglan supuestamente
con negociación y no con armas? La respuesta es nadie, dijo.
''Este país no parece tener gobierno ni gobernantes
ni autoridad ni autoridades. A todos les parece mejor hacerse de la vista
gorda, dejar que las cosas se resuelvan solas en lugar de arriesgarse a
un enfrentamiento o, peor todavía, tener que dedicar largas horas
a negociar, lo cual resulta tedioso y luce poco en los informes.''
En su turno, el coordinador de Opinión de La
Jornada, Luis Hernández Navarro, refirió que en el terreno
del poder político y de las instituciones no están representados
más de 60 millones de ciudadanos cuya situación los está
llevando a una situación límite.
''Esta nación no será viable si se mantiene
tanta segregación de tantos. Construir un México donde quepamos
todos requiere de una primera gran reforma necesaria, una que propicie
la inclusión de quienes han sido excluidos. Para ello es necesario
poner alto al fundamentalismo de mercado.''
En este caso, señaló Hernández Navarro,
la política debe retomar el puesto de mando de la economía,
porque fomentar el desarrollo del mercado interno, promover el empleo de
calidad, recuperar el valor del salario real, defender la soberanía
alimentaria, reconstruir las redes del bienestar social y preservar la
soberanía nacional no pueden ser metas a las que la nación
deba renunciar.
No obstante, el periodista manifestó dudas de que
ante la urgencia de reformas, como la indígena, el Congreso federal
y el sistema de partidos sean capaces de impulsar las modificaciones legales
para darle viabilidad al país, porque ''los legisladores no escuchan
el clamor de la calle''.
Plantea Ortiz Pinchetti cambios en la operación
del Congreso federal
El diputado del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) José Agustín Ortiz Pinchetti se manifestó por
cambios en la operación del Congreso federal, porque desde sus entrañas
se impide el impulso de las reformas de naturaleza social: ''No podemos
crear un espacio donde la legalidad no existe en el propio Poder Legislativo.
Es increíble la falta de respeto a los principios fundamentales
de información, deliberación y defensa de las minorías,
que existen todavía en el Congreso de la Unión. Está
al alcance de la mano reformarnos a nosotros mismos''.
El también legislador perredista Manuel Camacho
Solís, coorganizador del foro, se refirió al consenso de
un pacto nacional que deba incluir una estrategia de crecimiento sostenido,
sustentable y responsable de la economía; una concentración
nacional en mejorar la productividad, la calidad de la educación,
la ciencia y la tecnología; en mejorar la seguridad, la justicia
y proteger el medio ambiente.
''El pacto es necesario porque, de otra manera, en las
luchas y conflictos que actualmente se dirimen en condiciones de suma cero,
nadie estará dispuesto a esperar. No sabrá para qué
son sus esfuerzos, cómo se distribuirán las cargas y los
beneficios, y no habrá compromisos ni garantías'', dijo.
Al proponer la iniciativa popular como eje central del
trabajo del Congreso de la Unión, el coordinador de la bancada del
Partido del Trabajo (PT), Gonzalo Yáñez, destacó la
urgencia de realizar una revolución en el Poder Legislativo para
''democratizar la democracia'', con objeto de que la política sea
un acto público y no privado.
''No va a haber gobernabilidad democrática en un
país con 60 millones de pobres; una democracia que genera pobres
es una pobre democracia; necesitamos generar el bienestar social para avanzar
en la construcción de la República ética y democrática
hacia un nuevo contrato y un nuevo pacto social'', concluyó Yáñez.
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