Unos 2 millones de gays y lesbianas tendrán derecho a la adopción de niños

España legaliza hoy el matrimonio entre homosexuales

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 30 de septiembre. Los homosexuales españoles, un colectivo de unos 2 millones de personas, dejarán de ser "ciudadanos de segunda clase" y verán cumplidas muy pronto varias reivindicaciones históricas. El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobará este viernes, en el Consejo de Ministros, una nueva ley que permitirá el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción de niños, con lo que se convertirá en la legislación más progresista de Europa y, posiblemente, del resto del mundo.

La alternancia en el Ejecutivo español, tras la estrepitosa derrota electoral del derechista Partido Popular (PP) en los comicios del pasado 14 de marzo, empieza a notarse en algunos ámbitos y debates que durante la era de José María Aznar se habían enquistado y polarizado, entre ellos el que se refiere a la situación legal de los homosexuales.

El presidente defendió su iniciativa de ley -que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados- con el argumento de que "hay que erradicar la discriminación de estos ciudadanos para que dejen de ser de segunda y tengan plenos derechos".

El colectivo de gays y lesbianas se empezó a organizar a finales de los años 70, en plena transición a la democracia, cuando decidieron hacer frente a la situación lacerante y persecutoria que habían sufrido durante la larga dictadura fascista de Francisco Franco. Este régimen les había condenado al ostracismo y una política de represión y "reeducación" más propia del medievo. Así vivieron casi 40 años, lo que explica de alguna manera el surgimiento de un movimiento vital y reivindicativo que cada año crecía masivamente.

En la década de los 90, los 2 millones de homosexuales que viven en este país, según cálculos de sus organizaciones, se convirtieron en un movimiento capaz de influir en el debate político nacional, al ser el foco emisor del creciente malestar ante su "discriminación" jurídica.

En las primeras manifestaciones reclamaron cambios mínimos en la legislación, pero sobre todo apelaron a la clase política y a los medios de comunicación para que combatieran la homofobia y la persecución que sufrían a diario, lo mismo en sus centros de trabajo o escuelas que en las calles o centros de reunión social.

El mensaje empezó a calar en los medios de comunicación y en la clase política, que además identificó de inmediato un sector crucial del electorado, por lo que a finales del siglo pasado se empezaron a aprobar una serie de leyes autonómicas y municipales que recogieron algunas de sus reivindicaciones: una ley de parejas de hecho, vigente en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Asturias, que les permitió gozar de diversos derechos y obligaciones civiles, entre ellos los beneficios en la declaración de impuestos, las pensiones y las herencias.

Rodríguez Zapatero enarboló las reivindicaciones rosas durante su campaña electoral, en la que se comprometió a impulsar una nueva ley que reconociera por primera vez el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cinco meses después de asumir el poder, el mandatario español inició los trámites para ver cumplido este reclamo, al aprobar el anteproyecto de ley con el que se reformará el Código Civil, que podría ser una realidad en 2005.

El presidente explicó: "lo que quiere el gobierno es que estos ciudadanos que todos conocemos, porque son amigos, parientes o compañeros de trabajo, dejen de ser de segunda y tengan plenos derechos, lo que incluye que puedan formar una familia", en alusión al derecho de la adopción de niños. En relación con ese precepto, sin duda más polémico, agregó: "lo importante es que el niño adoptado viva en una buena familia, que le dé condiciones para su desarrollo, y eso no lo determina la orientación sexual".

La iniciativa del gobierno despertó la frontal oposición en algunos sectores minoritarios y de la cúpula de la Iglesia católica, que llegó a calificar el matrimonio homosexual de algo "antinatural" y contrario al Evangelio. Incluso el derechista PP, que durante sus ocho años en el poder bloqueó sistemáticamente cualquier avance en esta materia, presentó una propuesta legislativa en la que reconocía el derecho del colectivo a formar una alianza civil -sin llamarla matrimonio- y defendía gran parte de las reivindicaciones de gays y lesbianas.

La mayoría de los demás partidos políticos de representación parlamentaria son favorables a la aprobación de estas reformas, por lo que con toda seguridad será votada por mayoría absoluta y no encontrará grandes escollos en su tramitación parlamentaria y jurídica.

Las asociaciones de gays y lesbianas consideraron por su parte que la iniciativa es "muy positiva", ya que "con este paso se supera una clara situación de desigualdad y se cumplen unas expectativas sociales en la sociedad española, además de que se evita una laguna legal y se subsana una necesidad real de regular a las parejas de homosexuales en pie de igualdad".

El "matrimonio homosexual" sólo se reconoce en Bélgica y Holanda y en algunos estados de Canadá (Nueva Escocia, Ontario, Quebec, Columbia Británica, Manitoba y Yukón).