Laboraban en la procuraduría estatal; están acusados de negligencia en el caso Juárez

Niega juez emitir órdenes de aprehensión contra cuatro ex funcionarios chihuahuenses

RUBEN VILLALPANDO Y ALMA E. MUÑOZ CORRESPONSAL Y REPORTERA

Ciudad Juarez, Chih., 30 de septiembre. El juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, se negó a emitir las órdenes de aprehensión contra cuatro ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, que fueron acusados de negligencia en las indagatorias de los feminicidios por la fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiga los crímenes de mujeres, María López Urbina.

Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas contra Hernán Rivera, ex jefe de la oficina de Averiguaciones Previas en Ciudad Juárez y delegado de la PGR; Antonio Navarrete, ex comandante del grupo de Homicidios de la Policía Judicial del estado; César del Hierro, ex jefe de los Servicios Periciales en esta ciudad, y Jorge Ramírez Pulido, ex agente del Ministerio Público y ex jefe de Averiguaciones Previas durante el periodo 1992-1998, cuando fue gobernador el panista Francisco Barrio Terrazas.

Los mencionados son parte de una lista de 61 funcionarios y ex funcionarios acusados de negligecia en la lista que fue entregada por María López Urbina a la procuraduría estatal, para que se actuara en contra de ellos. Sin embargo, el juez Jiménez Santoyo consideró que el delito de abuso de autoridad, en caso de que lo hayan cometido, ya prescribió, y por eso no se pueden emitir las órdenes de aprehensión.

En estas solicitudes el agente del Ministerio Público de la procuraduría local, adscrito al juzgado octavo de lo penal, recurrió al recurso de apelación para que un magistrado estatal analice si la resolución fue adecuada y apegada a derecho.

Por su parte, la comisionada para prevenir la violencia contra las mujeres, María Guadalupe Morfín Otero, planteó la necesidad de que la PGR atraiga los casos de homicidios de mujeres, para que sea esa instancia la que continúe con las investigaciones hasta su esclarecimiento.

Sostuvo que la intervención de la procuraduría estatal ha originado que se pierdan pistas valiosas y se ha llegado incluso a torturar a sospechosos para arrancarles una confesión autoinculpatoria, por lo que su propuesta es la de ''que la PGR atraiga el ciento por ciento de los casos para que queden a cargo de la fiscalía especial'' que encabeza María López Urbina.

''Hace falta mayor voluntad política por parte del Estado mexicano para resolver los asesinatos de mujeres, las desapariciones, extravíos y ausencias en esta ciudad fronteriza'', dijo Morfín.

Precisó que desde la presentación de su primer informe, el 3 de junio pasado, planteó la urgencia de que la PGR ejerza su capacidad de atracción de los feminicidios, por ser uno de los casos penales más graves -junto con el de Acteal (Chiapas)- constituyendo un caso de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez comenzaron a recabar firmas en apoyo al plan integral que presentaron académicos en la Cámara de Diputados. En tanto, la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa envió al presidente Vicente Fox una solicitud de audiencia para el 25 de noviembre, a fin de exponerle que son ''mínimos'' los resultados de las acciones por él ordenadas para esclarecer y solucionar los asesinatos.

''Aún siguen desapareciendo jovencitas y hay nuevos asesinatos que todavía son tratados de manera similar al pasado, lo que nos hace desconfiar enormemente de que los crímenes serán resueltos y se evitarán más muertes absurdas como la de nuestras hijas'', exponen.

En el texto, la organización se compromete a presentarle al Ejecutivo ''las pruebas de que la imagen de las mujeres asesinadas es desvirtuada por las versiones de las autoridades y continúan los casos sin resolver'', en un afán, además, por recordarle al Presidente que el 25 de noviembre de 2003 se comprometió a solucionar algunas de las problemáticas derivadas de los crímenes hasta hoy perpetrados. Una de ellas era ejercer acción penal en contra de las autoridades estatales que ''actuaron con negligencia'' y que, una vez conocida la medida, se ampararon. Ello les dio la pauta, de acuerdo con la organización, para ''constantemente mofarse de la posibilidad de ser castigados, pues aseguran que sus casos ya prescribieron''.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa consideró que estas actitudes ''ponen en evidencia'' las promesas del Ejecutivo federal, asumidas a raíz del cuarto Informe de gobierno para castigar a dichas personas, sobre todo porque sus palabras fueron ''analizadas con mucha atención por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de apoyo a la justicia en nuestro país''.