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P O L I T I C A
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México D.F. Viernes 8 de octubre de 2004

Gilberto López y Rivas

Los motivos de Sara

La comunidad de trabajadores de la cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes ha sido un bastión de la defensa del patrimonio cultural del pueblo mexicano y un factor fundamental en la conformación, estudio y desarrollo de nuestra identidad pluriétnica, plurilingüística y pluricultural como nación. Su especializado personal técnico, manual y administrativo, artistas, profesionistas, investigadores y académicos, no constituyen una burocracia inerte y despolitizada que hace de su trabajo un modus vivendi. Por el contrario, a lo largo de muchas décadas se ha distinguido por su compromiso y vocación en la protección de nuestro acosado patrimonio arqueológico, histórico y artístico, a partir de posiciones nacionalistas y de contenido social.

Acusados por la derecha privatizadora de "gremialistas" y estigmatizados por la alta jerarquía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y miembros del Congreso de la Unión, como "activistas" y "radicales", los trabajadores de la cultura se han ganado ante la sociedad la autoridad profesional y moral para emitir juicios y ser necesariamente consultados respecto a cambios legislativos que atañan directa o indirectamente a la preservación, protección, restauración, investigación, difusión y formación de profesionales en materia de cultura, y a los organismos que por ley tienen esas atribuciones y competencias.

Esta realidad inobjetable parece no ser comprendida por la actual presidenta del Conaculta, Sara Bermúdez, quien con el sigilo que caracteriza al "gobierno del cambio" encargó a un despacho privado la elaboración de un proyecto de ley que fue conocido por la comunidad de trabajadores de la cultura a través de La Jornada y que inmediatamente mereció su repudio y provocó la movilización de los sindicatos del sector que simbólicamente, a finales de agosto, clausuraron las oficinas centrales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Mientras el INAH (1939) y el INBA (1946) tienen una larga trayectoria desde su respectiva creación por el Congreso de la Unión, el Conaculta surgió por decreto presidencial del usurpador Carlos Salinas en 1988, quien de manera errónea encargó a este organismo tareas innecesarias de "coordinación" de los institutos que en los hechos devino, principalmente en este sexenio, en una elite dispendiosa, centralista y sin conciencia social e histórica, que en violación del marco jurídico existente ha ido asumiendo un estatus de superioridad sobre estas dependencias, apropiándose ilegalmente de algunas de sus funciones y trabajos, en su beneficio. Mientras los presupuestos de INAH e INBA no han crecido en estos años, el Conaculta ha dedicado enormes sumas de dinero a proyectos no prioritarios como la macrobiblioteca o el documental sobre Octavio Paz, que sin duda será famoso por los elevados costos de producción de la hermana incómoda del secretario de Gobernación. Este derroche contrasta con las austeras condiciones salariales y de trabajo de los investigadores del INAH, por ejemplo, quienes se encuentran en franca desventaja comparativa con otras instituciones de investigación y educación superior.

Los sindicatos del INAH y el INBA expusieron ante la opinión pública y en sendos comunicados al secretario de Educación Pública y a las respectivas comisiones de cultura y educación de las cámaras de Senadores y Diputados, las razones de su rechazo del proyecto de "Ley de fomento y difusión de la cultura", basadas en los análisis de investigadores que desde hace años se dedican al tema y a partir de mesas redondas y reuniones en todos los centros de trabajo de sus instituciones.

Obviamente, el proyecto Bermúdez no cuenta con una exposición de motivos debido a que usualmente ésta es la fundamentación que los legisladores hacen sobre las necesidades y los objetivos de una determinada ley. ƑQué razones académicas, sociales o culturales puede esgrimir Conaculta para redactar la exposición de motivos de una ley en materia de cultura si, incapaz, encarga el proyecto a un despacho? Por ello, no es de extrañar que en el proyecto en cuestión subyazga una concepción de cultura que se equipara con la del conocimiento y disfrute de la cultura hegemónica occidental y, en consecuencia, trasluzca el menosprecio a la diversidad y creación cultural de los distintos pueblos indios exhibido por el gobierno de Vicente Fox.

El referido proyecto asigna facultades al Conaculta similares a las de una secretaría de Estado y funciones de superior jerárquico respecto de los demás órganos del sector cultura, centralizando en su titular decisiones que por ley competen al INAH y al INBA. Acorde con la propuesta de Bermúdez, el titular de Conaculta dirigiría, supervisaría y coordinaría las actividades de los institutos, propondría el nombramiento y remoción de sus respectivos directores y acordaría con ellos asuntos de competencia de esas instituciones, violando con ello las leyes vigentes sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y las orgánicas del INAH y el INBA.

El proyecto de ley es particularmente peligroso en lo que se refiere a las "industrias culturales", que de aceptarse en sus actuales términos beneficiaría principalmente a las grandes empresas del mundo globalizado, ya que otorga apoyo gubernamental amplio, abierto y casi irrestricto a empresas privadas consideradas "culturales". Centralización, poder absoluto sobre la política cultural y privatización del patrimonio del país son los verdaderos motivos de Sara.

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