El gobierno debe tomar en cuenta recomendaciones sobre los riesgos que implica, dice

Critica ONG creciente incorporación de militares a los cuerpos policiacos

Ante la incorporación de mandos militares a los cuerpos de seguridad pública con el objetivo construir un "aparato policiaco militarizado", el gobierno federal debe garantizar que predomine un estado democrático de derecho, en el que se respeten las recomendaciones de organismos internacionales que advierten sobre los riesgos de incrementar la presencia del Ejército en las instituciones policiacas, señaló David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los nombramientos de José Luis Figueroa Cuevas, ex secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como nuevo comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), y de los generales Tomás Valencia, jefe de Estado Mayor de la PFP, y Guillermo Llanderal Cázares, encargado de las Fuerzas Federales de Apoyo, "se suman a la tendencia de incorporar a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública", lo que violenta lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, que establece que en tiempos de paz "ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Pese a ello, advirtió, se incorpora progresivamente a las fuerzas armadas a los escenarios de la seguridad interna y al político en entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde miembros del Ejército se siguen incluyendo de manera constante en las filas de la PFP para participar en actividades de formación y selección de policías.

La actuación de integrantes de las instituciones militares, indicó, "ha sido la causa de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, especialmente en los estados con mayor presencia de elementos de las fuerzas armadas".

Exigió al gobierno federal que "cumpla cabalmente" con las recomendaciones de los organismos internacionales y con las propuestas normativas establecidas en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, "para delimitar claramente la prevención del orden interno de la seguridad nacional y evitar que recaiga en las fuerzas armadas la responsabilidad de una función eminentemente civil, pues se ha documentado que la formación militar es inadecuada para el ejercicio de funciones policiales".

LAURA POY SOLANO