Solicitan encarcelar a general retirado en Paraguay

Se abre nueva posibilidad de juzgar a implicados en la Operación Cóndor

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 9 de octubre. La solicitud de prisión preventiva del general retirado Alejandro Fretes Dávalos, ex jefe de estado mayor de las fuerzas armadas de Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), hecha este fin de semana en ese país, abre una nueva posibilidad para juzgar a responsables de crímenes de lesa humanidad dentro de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

Con el patrocinio de Martín Almada, familiar de la desaparecida Idalina Radice de Tatter, se solicitó al juez Gustavo Santander la prisión preventiva de Fretes Dávalos, en el proceso abierto por la desaparición forzada de los ciudadanos paraguayos Federido Tatter, Ignacio Samaniego y Oscar Rojas, víctimas de la Operación Cóndor.

El pasado 27 de septiembre, en una declaración indagatoria, el general Fretes Dávalos dijo haber "escuchado" que fue el general Augusto Pinochet quien lanzó la Operación Cóndor y, aunque aseguró que no participó en la misma, reconoció haber firmado toda la documentación referente a las órdenes de pedido de informe sobre los acusados de subversivos por las dictaduras de la región.

Muchos de estos documentos fueron encontrados en los llamados "Archivos del Horror", descubiertos por Almada en Paraguay en diciembre de 1992.

Como se sabe y remarca el pedido de detención preventiva, la solicitud de datos significaba en esos tiempos la orden para el espionaje, el secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición cuando el nombre de la víctima elegida aparecía en la perversa red de Cóndor.

En su declaración indagatoria el militar responsabilizó a Benito Guanes Serrano y Alcibiades Brítez Borges, fallecidos jefe de inteligencia del ejército y de la jefatura de la policía de la capital, respectivamente, de haber actuado en las detenciones realizadas en el contexto de la Operación Cóndor.

Guanes Serrano reconoció en 1993 la existencia de esta operación, de la que él, junto a Fretes Dávalo, Brítez Borges, el desaparecido ex jefe de la policía técnica Antonio Campos Alum, Pastor Coronel y otros fueron responsables directos por Paraguay.

Martín Almada, abogado, pedagogo y dirigente de derechos humanos estuvo presente en la indagatoria y relató que el militar intentó evadir sus responsabilidades e incluso trató de sacar el tema de la órbita de las fuerzas armadas para instalarla como asunto policial.

Pero finalmente reconoció la firma de los documentos de búsqueda e informes, que en la mayoría de los casos terminaron con la entrega de un país a otro, el asesinato y la desaparición de las víctimas. En el juicio está acusado también el ex dictador Stroessner, quien vive en un exilio dorado en Brasil.

Almada relató que Fretes Dávalos aseguró que "el general Guanes era un entusiasmado por las informaciones, él preguntaba todo, quería saber todo, él me pedía firmar sus pedidos de informes y tenía que firmar esos pedidos".

Esta novedad fortalece los juicios en marcha contra los responsables de la Operación Cóndor, declarada por la justicia argentina como "una asociación ilícita entre los dictadores, para secuestrar, matar, desaparecer a personas", y éste es un delito que no prescribe.