Señalan especialistas ''iniciativas mal trabajadas, poco claras y arbitrarias''

Intereses políticos pueden llevar a la educación pública a un callejón sin salida

Ilegítimo, imponer al gobierno capitalino al sindicato magisterial como único interlocutor

LAURA POY SOLANO

La educación pública en México no puede ser ''rehén de intereses políticos'' que la llevan a un callejón sin salida con iniciativas ''mal trabajadas, poco claras y arbitrarias'' en las que no existe ninguna capacidad de negociación ni se dan las condiciones para establecer un proceso de diálogo, afirmó Carlos Ornelas Navarro, especialista en descentralización educativa e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Agregó que es ''ilegítimo y arbitrario'' que se pretenda imponer al Gobierno del Distrito Federal, como ''único interlocutor válido en materia laboral, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin generar las condiciones para establecer una negociación equilibrada, situación que ha llevado a varios gobiernos locales a la bancarrota por su incapacidad para enfrentar con éxito las demandas de las secciones sindicales estatales, que cuentan con negociadores profesionales y de amplia trayectoria''.

La federalización de los servicios educativos, proceso en el cual se ha invertido más de una década, indicó, sólo ''depuró'' la centralización de la política educativa nacional creando un ''centralismo burocrático en el que la autoridad educativa federal mantiene bajo su control qué y cómo se enseña, el contenido de los libros de texto gratuitos y las modificaciones a la currícula escolar'', con lo que se homologó la normatividad del sistema educativo nacional, ''pero no se realizó una verdadera descentralización de los servicios educativos'', lo que generó que muchos estados que aún mantienen fuertes lazos con el poder central ''prefieran nadar de a muertito y no ejercer todas sus atribuciones para no tener mayores confrontaciones con el SNTE''.

El especialista señaló que a diferencia del proceso de negociación que derivó en la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en mayo de 1992, ''el contexto político que hizo posible la firma de ese acuerdo era completamente distinto, pues a diferencia del contexto actual hace una década prácticamente no existía ningún gobernador de oposición, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari simplemente instruyó a los gobernadores sobre el sentido del acuerdo''.

El contraste, insistió el académico, es que hoy enfrentamos una ''grave polarización de todas las fuerzas políticas, sin capacidad de negociación, sin un árbitro que pueda distender el ambiente de confrontación, lo que hace aún más complejo encontrar una salida que beneficie tanto al sistema educativo como al equilibrio en los recursos públicos destinados a la educación''.

Al respecto, Andrés Lozano, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador del área de Política Educativa de esa institución, afirmó que si bien la federalización de los servicios educativos ''es una medida apropiada y necesaria, ésta sólo puede aplicarse después de un proceso de consulta y análisis en el que se evalúe la viabilidad y el impacto de la descentralización educativa en el Distrito Federal, pues de lo contrario el debate sólo se centrará en los recursos y no en una visión completa de la enorme complejidad del sistema educativo en la capital del país''.

La descentralización, agregó, ''no puede darse simple y llanamente por decreto, sin un proceso claro en el que participen tanto el gobierno federal como capitalino, pero también la sociedad civil y el gremio magisterial''.

Es ''extraño'', aseguró, que con un discurso de igualdad y federalismo se pretenda dar un trato ''tan desigual al Distrito Federal, sin considerar que al resto de las entidades del país tuvieron acceso a los recursos y el tiempo para asumir sus responsabilidades en los servicios de educación básica, sin imponerlo de un día para otro''.