Magdalena Gómez

12 de octubre, de la invasión a la balcanización de los pueblos indígenas

Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se han transformado, algunos se han bifurcado para encontrarse en los espacios del Estado o en los de organismos internacionales, mientras que otros han hecho del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía, manteniendo la defensa de recursos naturales, tierras y territorios.

Hasta ahora no se ha logrado la aprobación del proyecto indígena de declaración en la Organización de Naciones Unidas (ONU), tampoco el de la Organización de Estados Americanos (OEA); sólo se cuenta con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las inserciones de normas relativas a derecho indígena en el orden constitucional latinoamericano expresan ciertos avances, pero su ejercicio se ve limitado. Ya es muy evidente que el proceso de juridicidad se ha topado con la indisposición de los estados para optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos han optado por apropiarse del discurso para diseñar, más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.

En la aparente imposibilidad de concretar los proyectos de declaración aludidos, hay un elemento cierto como lo es la profundización de las políticas neoliberales que han hecho de los antiguos estados nación una mera ficción, y la ONU no ha escapado a estas dinámicas. Ello explica el necesario redimensionamiento de las luchas sociales, en Latinoamérica: pelean de cara a sus estados, pero con la mira puesta en las trasnacionales, que no han requerido de proceso constituyente alguno fuera de los aparatos operativos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros.

Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, nos vamos a encontrar escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Las reformas constitucionales hasta hoy logradas son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental, pues las políticas hegemónicas, en cierta forma, operan por encima de los avances jurídicos, porque a nivel interno privan sobre el orden constitucional los arreglos metaconstitucionales de los estados y éstos también se colocan por encima de la normatividad internacional vigente, sobre todo la relativa a los derechos humanos en su más amplio espectro. Este hecho denota la trivialización del derecho indígena; la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los estados la tendencia a ubicar en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas la vía para superar la crisis económica, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas.

Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos; desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de resistencia; en los hechos se están formando comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países.

Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, "bolsones de resistencia", como les han llamado los zapatistas, y desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos sino virtualmente eliminarlos. Hoy nos encontramos ante la paradoja de que los estados han acusado a los pueblos indígenas de intentar "balcanizarlos" con sus demandas jurídicas y resulta que en los hechos, a través de las normas indígenas, se está reforzando una visión segmentada respecto a la orientación general del orden jurídico nacional, pues formalmente les ha ubicado como un parche o retazo de las constituciones. Incluso, un espacio hasta hoy no abordado con suficiencia, como es el del derecho ambiental o el relativo a las normas de comercio internacional, está siendo el campo normativo desde el que se definen las políticas que están amenazando seriamente a los pueblos indios por encima y en contra del derecho indígena hasta hoy reconocido, sin consideración alguna al principio de interconexión entre normas y tratados, y peor aún, éste también es desplazado por los acuerdos bilaterales y multilaterales. Podemos por tanto afirmar que es a los pueblos indígenas a los que se les ha "balcanizado" en una versión moderna de la exclusión histórica.