REPORTAJE /LOS FRENTES DEL PPP

El mercado eléctrico regional abrirá las puertas a la inversión extranjera

Buscar la participación privada, meta de la "interconexión mesoamericana"

Mediante la concreción de esta iniciativa se creará, según adelanta el BID, un espacio comercial en el cual los "agentes habilitados" podrán libremente realizar transacciones de compraventa dentro o fuera de su país, "accediendo sin discriminación" a las redes transmisoras con el pago de un peaje

ELIZABETH VELASCO C. /III

El mercado eléctrico regional (MER), que dará apertura a la inversión extranjera directa en Centroamérica, tendrá una generación equivalente a alrededor de 7 mil millones de dólares en la próxima década. Ha sido constituido ya y estará en operación en 2007, al concluirse la red del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac), línea de transmisión de alta capacidad que unirá los sistemas del sector desde Panamá a México, y de México a Estados Unidos.

Para la construcción del Siepac ya se cuenta con un financiamiento de 337 millones de dólares y se han creado instancias supranacionales (órganos reguladores y operadores del sector energético regional), con los que se dan "pasos firmes" para la operación del MER.

Este tendrá una "capacidad de intercambio entre los países de 300 megavatios, en una red de mil 830 kilómetros", consigna el informe ejecutivo sobre los avances de las iniciativas del Plan Puebla-Panamá (PPP), del 25 de marzo de 2004.

El Siepac se inscribe en la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Eléctrica (IMIE) del PPP, la más avanzada en términos de diseño jurídico-institucional y asignación de inversiones.

Su objetivo, consigna el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es crear "una interconexión mesoamericana que atraiga la participación del sector privado (sobre todo en generación) para el desarrollo del mercado eléctrico de la región".

En el Siepac se incluye la conformación del MER, que -según el BID- es "un espacio comercial de ámbito regional en el cual los agentes habilitados para ello pueden realizar libremente transacciones de compraventa de electricidad dentro o fuera de su país, accediendo sin discriminación alguna a las redes de transmisión con el pago de un peaje".

Además, este sistema "facilitará la convergencia con el futuro desarrollo de la industria del gas natural en la región", al promover "la instalación de plantas de generación eléctrica con tecnologías avanzadas (...) creando los incentivos para la construcción de gasoductos y una integración energética más amplia con países vecinos, como México y Colombia, potenciales suministradores de gas natural a la región".

En ese contexto, el MER "se inscribe en una fuerte tendencia internacional hacia la creación de mercados eléctricos regionales o supranacionales para mejorar la eficiencia económica del proceso completo de suministro", señala el BID.

El PPP ha sido el "paraguas" para agilizar el Siepac, conformado por tres subproyectos (cada uno con sus propios "tiempos y autonomía", pero con un desarrollo simultáneo) para la creación del MER:

La interconexión del istmo centroamericano, que está en operación desde 1976 entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, al igual que las correspondientes a Guatemala-México y Guatemala-Belice. Se evalúa también el proyecto de otra nueva línea, con un costo de 200 millones de dólares, entre Panamá y Colombia.

El ex jefe de la unidad coordinadora del PPP de México, Herbert Taylor, admitió que la iniciativa tiene más de 25 años en desarrollo. Con el lanzamiento del plan se "retomó" y se incluyó en los acuerdos de éste.

A partir de 2001, comenta, se empezó a trabajar en su "figura jurídica". En palabras del BID: "la creación y consolidación" del MER, con la constitución de dos instituciones regionales "supranacionales": la Comisión Reguladora Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR). Además, añade Taylor, se creó la Empresa Propietaria de la Red Eléctrica (EPR).

El entramado jurídico e institucional se acordó en 20 meses, precisa; actualmente se han creado "mesas para estudiar la homologación, en lo general, de las normas comunes, algunas de las cuales pasan por leyes y otras por reglamentos".

En ese contexto, los gobiernos de Guatemala y México acordaron en 2003 la interconexión energética con la que el país se suma al Siepac.

Según datos del informe ejecutivo, esa interconexión añade a la red cien kilómetros que amplían dos subestaciones ya existentes: Tapachula, Chiapas, en México, y Los Brillantes, en Guatemala. La línea tendrá una capacidad de 400 kilovatios.

Para su construcción se tiene un financiamiento de 44.5 millones de dólares, de los cuales 11.4 millones serán aportados por el erario federal mexicano y 33.1 millones del lado guatemalteco, con un crédito del BID y otros organismos. "Se estima la puesta en operación de este proyecto para mediados de 2005", según el informe ejecutivo.

La red total del Siepac estará lista en 2007, señala Taylor, y advierte: la conexión entre México y Guatemala "sólo da la posibilidad, que quede claro, de que en algún momento, bajo alguna circunstancia, las autoridades definan si hay intercambio de energía de un lugar a otro.

"No estamos obligados a transmitir nada ni a recibir nada, pero estás conectado para lo que el tiempo encoje (sic) y, en su momento, se definirá qué se hace con esa conexión que, dicho sea de paso, la tenemos en otros lugares: en la frontera con Guatemala -en varios poblados de ese país México provee energía eléctrica-, y en el caso de Estados Unidos nuestro país está interconectado a la red estadunidense. Eso no nos obliga ni a comprar ni a vender; sólo a estar conectados y, en su momento, a tomar determinaciones".

La concreción del MER ocurre cuando, según datos de la Cepal y de InterAction, más de 50 por ciento de la generación eléctrica estatal en América Central ya ha sido transferida a las transnacionales, principalmente estadunidenses (AES Corp., Costal de El Paso, Constellation, Duke Energy, PP&L, Ormant); de España (Iberdrola y Unión Fenosa), y de Canadá (HydroQuebec).

El entramado

El antecedente del Siepac data de 1976, cuando se concretan las interconexiones en los países del istmo centroamericano. En aquel año entró en servicio el enlace Honduras-Nicaragua, con una línea de 230 kilovatios; en 1982, la interconexión Costa Rica-Nicaragua, y en 1986 tanto la Costa Rica-Panamá como la El Salvador-Guatemala. El proyecto fue financiado y asesorado "técnicamente" por el BID y la trasnacional española Endesa.

Tras las interconexiones, los países centroamericanas crearon, junto con Endesa, un consorcio con "capitales privados y públicos" mediante el cual constituyeron, en 1998, la Empresa Propietaria de la Red (EPR).

Información de la también denominada Empresa Propietaria de la Línea de Transmisión Eléctrica, SA -con sede en Panamá y oficinas gerenciales en San José, Costa Rica- señala que la EPR "se rige por el derecho privado" y jurídicamente se sustenta en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito en 1996 y ratificado en 1998 por los poderes legislativos de los seis países.

Según Taylor, los siete socios tienen la misma proporción del capital accionario. Datos de la EPR revelan que ninguno de ellos posee más de 15 por ciento del capital social. Los integrantes son: Instituto Nacional de Electrificación, de Guatemala; Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, de El Salvador; Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de Honduras; Empresa Nicaragüense de Electricidad, de Nicaragua; Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica; Empresa de Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima de Panamá, y Endesa.

Esta última se ubicaba en 2001 como la empresa generadora de electricidad más importante del mundo, con un valor total en sus activos de 16 mil millones de dólares y un control de 10 por ciento de la generación en América Latina, según datos de InterAction, agrupación civil con sede en Washington que monitorea el desarrollo del PPP y las actividades del BID.

Conforme al tratado y su protocolo, cada gobierno socio de la EPR "otorga el respectivo permiso, autorización o concesión, según corresponda, para la construcción y explotación" del sistema regional.

Taylor puntualiza que en el segundo semestre de este año se lanzaron las licitaciones para la construcción de la red: "De hecho, el 6 y 7 de octubre tenemos una reunión en Costa Rica con el director del Siepac, quien hará una presentación al PPP de los trabajos que ya se realizan".

El tratado "abre los mercados nacionales al regional, tanto en el acceso abierto a la transmisión eléctrica como en las oportunidades de comprar y vender electricidad entre participantes de los diferentes países"; además promueve la creación de "mercados regionales o supranacionales".

Para ello se creó el CRIE, que "se atiene a una ley supranacional que regulará únicamente los mercados internacionales de electricidad, pero tendrá acceso a todos los datos de los mercados nacionales", subraya InterAction.

El BID consigna que "el principal desafío de la CRIE es el de mantener la independencia que como ente regional le otorga el tratado, al constituirla como entidad regional con personalidad jurídica propia y capacidad de derecho público internacional, con independencia financiera mediante un cargo por regulación que deberán cubrir los agentes del mercado".

Además, tendrá el reto de "hacer cumplir la regulación regional (que actualmente se diseña) en coherencia con las leyes nacionales -que en años recientes sufrieron reformas en materia energética; la última fue la Constitución de El Salvador- y de mantener una estrecha coordinación y cooperación con los reguladores nacionales para facilitar la implantación de la normativa regional". La CRIE es formada por uno de los miembros de cada país.

A su vez, el EOR será el "organismo responsable de asegurar que la operación y el despacho regional de energía sea realizado con criterio económico".

El financiamiento para la construcción del Siepac, que se inició el año pasado, está conformado de la siguiente manera: un préstamo del BID -aprobado en 1997- por 240 millones de dólares, de los cuales 170 millones provienen de su capital ordinario y 70 por ciento de los fondos de una fundación del gobierno de España, administrados por el BID; 35 millones de dólares aportados por los sectores públicos energéticos de los seis países miembros de la EPR, y 20 por ciento de Endesa.