Entregó $132 millones y falseó informes financieros para los diputados, reporta

Estrada Cajigal benefició irregularmente a varios municipios panistas, indica informe del Congreso

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 18 de octubre. La administración que encabeza el gobernador Sergio Estrada Cajigal ha beneficiado irregularmente con recursos económicos a 33 municipios, en su mayoría panistas, a los que entregó aproximadamente 132 millones de pesos de octubre de 2000 -cuando comenzó su gestión- hasta marzo de este año, de acuerdo con un documento del Congreso estatal en poder de La Jornada Morelos.

Ante el presunto desvío de fondos en detrimento de las arcas del estado, Estrada Cajigal ha falseado los informes financieros que envió a la Cámara de Diputados local, se indica en el citado escrito.

Se acota que el Poder Ejecutivo ha financiado a corporaciones policiacas y plantas tratadoras de aguas residuales en más de 30 municipios, pero se ha negado a reportar los egresos en sus cuentas públicas.

La asignación de esos recursos se ha manejado de forma irregular, pues desde el gobierno de Estrada Cajigal sale el recurso sin afectar al gasto, como una cuenta por cobrar, y en los municipios se ha omitido su registro, como una cuenta por pagar, como un ingreso, y consecuentemente, como un gasto.

En el documento se precisa que en estas irregularidades se han desviado casi 132 millones de pesos, no reportados como gasto ejercido en la cuenta pública del Poder Ejecutivo, y se presenta como una cuenta por cobrar (incobrable) a cargo de varias comunas.

El escrito indica que los montos desviados corresponden "a un gasto de diferentes municipios, que selectivamente se les ha beneficiado, privilegiando con ello de manera principal a Cuernavaca", que durante la gestión del panista José Raúl Hernández Avila se negó a pagar las erogaciones hechas por el gobierno estatal para la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Acapantzingo.

Sin embargo, el ahorro que debió generar en el gasto de los municipios -indica el informe-, no se vio reflejado en las cuentas públicas de ayuntamientos.

El presunto desvío de esos 132 millones de pesos propició que se distorsionen "las cifras de la cuenta pública, reduciendo la confiabilidad y credibilidad de las cifras reportadas al Congreso", el cual es la instancia encargada de la fiscalización de recursos por medio de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de la Auditoría Superior Gubernamental.

En el escrito se destacó que el Congreso morelense no ha ejercido "la facultad coactiva para la recolección de estas anomalías y el fincamiento de responsabilidades", que no han sido establecidas en la anterior ni en la actual Legislatura. "Esa indiferencia o actitud pasiva promueve la impunidad, merma la autoridad fiscalizadora y genera incredibilidad de la sociedad en sus instituciones", se advierte en el documento.

Anomalías en organismos estatales

Las irregularidades financieras también se han detectado en los organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado, los cuales no han incluido en sus presupuestos los ingresos propios, y esto representa la violación a los artículos 10 y 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Morelos.

En el mismo expediente se indica que en la práctica "los ingresos propios no son incluidos en la Ley de Ingresos, por lo tanto no se prevé su aplicación en el presupuesto de egresos".

Se agrega que de esa manera "se impide su conocimiento de parte del Congreso del estado, imposibilitando la autorización respecto a su destino o aplicación. Al captarse dichos ingresos en la realidad, son tratados como adicionales o extraordinarios, y su uso o aplicación es decidida internamente por los órganos de gobierno".

Esa situación irregular ha originado que el Congreso local esté al margen del conocimiento y la autorización de la administración pública, así como del destino de los ingresos de los organismos auxiliares de dicha institución, cuyo capital es utilizado, principalmente, en el gasto corriente de ayuntamientos, sobre todo en el rubro de "remuneraciones al personal".

"En el ejercicio de 2001 se obtuvieron ingresos propios en los diferentes organismos (de la Administración Pública estatal) por cerca de 93 millones de pesos, sin considerar los ingresos propios del Instituto de Crédito, estimándose que para el 2002 alcanzarían los 130 millones de pesos", se señala.

Además, indica el informe, es común en Morelos omitir presupuestar los ingresos propios y, en su lugar, "se instituye una reserva financiera que en no pocas ocasiones es utilizada, sin autorización previa, para pagos de bonos o compensaciones, así como para la adquisición de equipo suntuario". Asimismo, esos ingresos, provenientes de las contribuciones de los ciudadanos, también son canalizados para "cubrir excesos en el gasto, obtener rendimientos financieros, atenuar resultados deficitarios o convertirlos en remanentes presupuestales", entre otros.

Ante la situación, el Congreso local recomendó que para cumplir con el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, los organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado se sujeten a lo establecido en la legislación, con el propósito de no violentarla y evitar sanciones legales, y "que los organismos integren en su proyecto de presupuesto los ingresos propios para que se someta, por medio del Poder Ejecutivo estatal, a la autorización del Congreso del estado, tanto los ingresos como los egresos".