REPORTAJE /LOS FRENTES DEL PPP

Indígenas, campesinos y ONG se unen contra el "despojo" de tierras

Organizaciones étnicas denuncian la militarización de sus propiedades

Grupos autóctonos denuncian que las obras del Plan Puebla-Panamá no tienen componente social, y no han generado beneficios para los pueblos; por el contrario, han sido causa para que aumente el principal flagelo que iba a combatir entre estos pueblos: la pobreza

ELIZABETH VELASCO C./ IV Y ULTIMA

Comunidades indígenas y campesinas, agrupaciones de derechos humanos, trabajadores, ambientalistas, sociedad civil de México y Centroamérica confluyen en varios movimientos para hacer frente al "despojo" de tierras, a la militarización de ciertas regiones, a la privatización energética y a la miseria extrema que "no ha paliado" el Plan Puebla-Panamá (PPP), pese a que se ha esgrimido que su principal razón de ser es el combate a la pobreza.

Gabriela Rangel, integrante de la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), dice que desde 2001 "las organizaciones indígenas y rurales se coordinan para hacer frente a los efectos" del PPP: despojo de tierras comunales, ejidales y áreas naturales, donde pretenden construir presas hidroeléctricas y carreteras".

Es el caso de 13 pueblos del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde los pueblos originales en coordinación con organizaciones sociales, autoridades civiles, agrarias y otros, crearon la Coordinadora en Defensa del Territorio y de los Pueblos Indígenas del Istmo (CDTPII), en respuesta al "rápido avance" de la supercarretera Oaxaca-Istmo-Huatulco y sus ramales.

Los miembros del CDTPII iniciaron su movimiento de "resistencia" en noviembre de 2003 -hoy articulado con muchos otros- porque, además de que "no existe información clara sobre el proyecto carretero y durante todo el proceso de construcción de los caminos las comunidades han sido excluidas", se observó "la presencia de largos cercos de alambre que impiden el libre tránsito de los campesinos; cobros de cuotas de hasta 95 pesos; destrucción de bosques, afectación de ríos y devastación de antiguas piezas arqueológicas (...) en los pueblos donde ya se construyeron tramos de carreteras; es el caso de Rincón Moreno, Guelaguichi, Tlacotepec, Barrio Lieza, Las Jícaras, en los municipios de Tehuantepec, Ixtepec y La Mata-La Ventosa", dicen en su pronunciamiento.

También denuncian "hostigamiento e intimidación" en las poblaciones de Guiechiquero y Cerro Chivo, Municipio de Jalapa del Marqués, por oponerse a la instalación de una presa hidroeléctrica, y las "amenazas" del titular estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reynaldo Guajardo, de clausurar la emisora comunitaria Radio Huave que opera en San Francisco del Mar.

Rangel -quien dice que en el contexto del PPP se planea la construcción de unas 60 presas- señala que casos similares se presentan en Tepeaca y Tecamachalco, Puebla; en La Parota, Guerrero; en los límites de Puebla y Oaxaca, donde se intenta construir la presa El Zapote; en la frontera de Chiapas con Guatemala, donde "pretenden hacer varias presas", razón por la cual se constituyó el Frente Contra las Represas de Chiapas, entre otros muchos movimientos.

Según la AMAP, la construcción de la presa La Parota ocasionaría la expulsión de 25 mil comuneros debido a la inundación de 17 mil hectáreas de tierras agrícolas. Por su extensión prevista -10 veces más grande que la bahía de Acapulco- afectaría el medio ambiente por la devastación del río Papagayo.

En Centroamérica también hay protestas que exigen detener "la privatización del sector eléctrico". En El Salvador, por ejemplo, la Alianza Ciudadana contra la Privatización (representa agrupaciones comunales, de trabajadores, ambientalistas y sociales), pidió al Congreso de ese país que rechace el préstamo del BID para la construcción del SIEPAC, ya que con la red de interconexión eléctrica "los únicos beneficiados serán las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica que ven en la interconexión un nuevo y lucrativo negocio".

La alianza afirma que "con el SIEPAC se profundizará la privatización del sector eléctrico centroamericano, donde 50 por ciento de la generación y 70 de la distribución están en manos de multinacionales estadunidenses y españolas (...), aumentará los costos de la energía y agravará los actuales problemas de acceso y cobertura en las zonas pobres y rurales".

También, durante la gira del presidente Vicente Fox por Centroamérica -en marzo pasado cuando se "relanzó" el PPP-, indígenas, campesinos y trabajadores protagonizaron diversas manifestaciones contra el plan.

En Guatemala, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, y el líder social Rolling Escobar, en actos por separado coincidieron en que los pueblos no han sido consultados sobre la adhesión a proyectos como el PPP o el ALCA.

En esa ocasión, Elena Coché y Claudia Gaitán, de Sololatecos Unidos y Alianza de Mujeres Rurales, de Guatemala, coincidieron con el sentir de pueblos indios y campesinos en torno a que el PPP "beneficiará sólo a las empresas que lleguen a explotar las riquezas naturales de la región".

Asimismo, advirtieron que pese a la fuerza militar (en febrero de 2001, meses antes del lanzamiento del PPP, el Congreso guatemalteco aprobó el Plan Nuevos Horizontes para realizar "ejercicios de fuerza de tarea" entre los ejércitos de Estados Unidos y Guatemala en la zona de El Petén, limítrofe con Chiapas), "las comunidades de El Petén y Sololá están preparadas para no dejar entrar proyectos que alteren el equilibrio ecológico en sus regiones y para hacer frente a la eventual construcción de varias hidroeléctricas".

El sentir general, dice Rangel, es que las obras del PPP no han reportado beneficios a los pueblos porque ninguna de ellas tiene componentes sociales. "Primero no nos consultaron, y a la fecha no hay apoyos para la producción agropecuaria ni proyectos sociales; la miseria es extrema y ahora pretenden arrebatarle sus tierras a los indígenas y campesinos, fundamentales para su sobrevivencia; en ese sentido, el plan es excluyente".

Además -señala- traemos la experiencia del TLCAN, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que "ha aumentado la pobreza, concentrado la riqueza y traído mayor deterioro social y ambiental". En suma, dice, "no nos queda la menor duda de que las obras del PPP son para fomentar la circulación de mercancías, la inversión extranjera directa y el aprovechamiento de los recursos naturales y la mano de obra barata, elementos viables para el desarrollo del capital privado".

La otra visión

De acuerdo con la visión oficial, representada por quien fuera el jefe de la Unidad Coordinadora del PPP, Herbert Taylor, es "pobre la discusión sobre los daños supuestamente generados por el PPP, porque -dice- eso no está ocurriendo". En ese sentido, sostiene que ninguna de las presas hidroeléctricas tiene que ver con el PPP. "Además, ¿dónde está la gran inundación de El Petén que según generaría la gran presa del Usumacinta? Ese proyecto se canceló hace 20 años."

De la supercarretera Oaxaca-Istmo-Huatulco afirma que su construcción "forma parte de los consensos de los nueve estados del sur-sureste mexicano; es del capítulo mexicano (del PPP), no un asunto internacional".

Niega también que el interés sea favorecer al capital trasnacional. "Esa afirmación es poco sostenible. En un estudio del Banco Mundial se señala que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los pequeños y medianos productores del campo cuando logran colocar sus productos, tienen que destinar en muchos de los casos 40 por ciento del pago que reciben en el flete. ¿Qué culpa tienen ellos de las malas condiciones de las carreteras y el transporte?"

Incluso -apunta Taylor- hay lugares en la frontera con Guatemala donde "para subir la mercancía, un contenedor cobra alrededor de cinco dólares por kilómetro, cuando en otros sitios no pasa de 25 centavos".

Entre algunas obras del PPP que -sostiene- han traído beneficios a la población, están la modernización del puerto Dos Bocas, en Tabasco y el puente internacional de Chiapas; éste, de una Semana Santa a la otra, "incrementó más de 140 por ciento el turismo en la entidad".

Para Taylor la integración mesoamericana es un hecho y el reto de los gobiernos es crear las condiciones para el encadenamiento de los pequeños y medianos productores de la región al "utilizar la inversión extranjera como acompañante de una política de fomento de peque- ñas y medianas empresas, de creación de mercados locales y de generación de aglutinamientos de productores locales que puedan competir en condiciones internacionales".

En ese proceso, afirma, "el gobierno federal no impondrá ningún proyecto a las comunidades indígenas. Son ellas las que tienen que definir qué es desarrollo y cómo alcanzarlo. No podemos cometer el mismo error de imponerles un modelo que les sea ajeno".

Para Rangel, lo que en el fondo se debate en el PPP, "son dos modelos de desarrollo diferentes, de ahí la imposibilidad de llegar a acuerdos".