| México D.F. Miéecoles 20 de octubre de 2004
La doble moral del grupo gobernante
Cuando,
en marzo pasado, manos que ya no son tan anónimas hicieron llegar
a dos empresas televisivas videos aparentemente incriminatorios de ex funcionarios
del Gobierno del Distrito Federal y de políticos perredistas capitalinos
-Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas, apostando en Las Vegas; René
Bejarano, ex coordinador de perredistas en la Asamblea Legislativa, y Carlos
Imaz, ex delegado en Tlalpan, recibiendo fajos de billetes de Carlos Ahumada-,
el gobierno de Vicente Fox y los dirigentes de PAN y PRI se rasgaron las
vestiduras por lo que se presentó como pruebas irrefutables de la
corrupción imperante en el gobierno de la ciudad y en el PRD. Esos
mismos gobernantes y políticos, acompañados por empresarios
e informadores destacados, elogiaron los supuestos aportes de los medios
electrónicos a la transparencia de las administraciones públicas
y descalificaron a quienes, sin desconocer la gravedad de los actos de
Ponce, Bejarano e Imaz, sostuvieron la posibilidad de que aquellas videograbaciones
hubiesen sido reveladas a la opinión pública en el marco
de una conjura para golpear políticamente al Ejecutivo local, Andrés
Manuel López Obrador.
Muy pronto hubo datos para corroborar que el complot había
existido y que funcionarios de la Procuraduría General de la República,
del Cisen -dependiente de la Secretaría de Gobernación, que
encabeza Santiago Creel- y el senador Diego Fernández de Cevallos
habían participado, días antes de que estallara el escándalo,
en una reunión con el propio Ahumada, autor de los videos, en un
hotel capitalino. Posteriormente, la sobrerreacción del gobierno
federal a la expulsión de Cuba del prófugo Ahumada -expulsión
del representante cubano y virtual ruptura de relaciones con la isla- no
hizo más que reforzar la percepción generalizada de que el
equipo del presidente Vicente Fox estaba tratando de ocultar su participación
en la difusión de los videos, que el grupo en el poder desea evitar
a toda costa que López Obrador se convierta en candidato presidencial
en 2006 y que para lograrlo no duda en utilizar de manera facciosa las
instituciones.
El lunes pasado, en un contexto en el que la ofensiva
contra el titular del gobierno capitalino se ha intensificado y ampliado
a toda la población de la ciudad, por la vía de un brutal
ataque legislativo a las finanzas urbanas, el procurador del Distrito Federal,
Bernardo Bátiz, dio a conocer fragmentos de otra conversación
entre Ahumada y Bejarano, grabada en video, que hasta ahora no conocía
la opinión pública, pero que desde hace varios meses obra
en poder de la PGR, y cuyo audio fue depurado por técnicos de la
procuraduría capitalina. En la grabación, realizada, al igual
que las otras, por el propio empresario de origen argentino, y confiscada
en un cateo a sus oficinas, Ahumada hace alarde de su relación con
Carlos Salinas y amenaza al ex perredista con "enterar" de algo a ese ex
presidente, al secretario de Gobernación, al periódico Reforma
y a Televisa en caso de que el gobierno capitalino no acceda a remover
a dos funcionarios de la Contraloría local y a pagarle una suma
no especificada de dinero.
Las reacciones gubernamentales, panistas, priístas,
empresariales y mediáticas, permiten hacerse una idea de la profundidad
del golpe recibido. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió
en marzo pasado, todos esos actores condenan en forma virulenta la difusión
del video; los menos incontinentes la califican de "distracción",
"cortina de humo" y de intento de ayudar a Bejarano en el proceso de desafuero
que enfrenta, en tanto que los más lenguaraces, como Fernández
de Cevallos, la catalogan como "trampa", "abuso" y hasta "crimen" de la
procuraduría capitalina.
Hay que señalar que, a diferencia de las cintas
divulgadas en marzo, los fragmentos de audio dados a conocer el lunes no
están manipulados y adulterados por manos anónimas, sino
reconstruidos por técnicos y peritos oficiales, tarea que contrasta
con la indolencia de la PGR, cuya Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, encabezada por María de
los Angeles Fromow, admitió que nunca se tomó la molestia
de "limpiar" el audio de la grabación ni de someterla a peritajes.
Pero si hace siete meses el foxismo ampliado -panistas y priístas-
no cuestionó la autenticidad de los videos de Ahumada ni los motivos
para sacarlos a la luz pública, ahora el grupo gobernante descalifica
la grabación mostrada por la procuraduría capitalina y afirma
que su difusión es una maniobra propagandística del Gobierno
del Distrito Federal.
Al margen de esa deplorable doble moral del foxismo, que
no hace sino afianzar ante la opinión pública su protagonismo
en los ataques mediáticos, judiciales, legislativos y presupuestales
contra las autoridades de la capital -mención aparte merecerían
las recientes intrusiones ilegales en las líneas telefónicas
de diputados y asambleístas del PRD y de funcionarios urbanos-,
los fragmentos de video dados a conocer el lunes hacen necesario que los
jueces que llevan las causas contra Ahumada, Bejarano y Ponce citen a declarar
a Salinas de Gortari y a Creel Miranda para que expliquen su papel en las
maquinaciones del empresario corruptor, papel que se documenta pero no
se detalla en la conversación referida. Si no se procede así,
quedará claro que el actual gobierno oculta y encubre su propia
participación en el complot y su alianza con Salinas para destruir
a López Obrador. Todavía es tiempo de reconocer esos errores
políticos mayúsculos, ofrecer disculpas, rectificar y recuperar
el tiempo perdido para el desarrollo nacional. Aún hay margen para
disipar la crispación política y garantizar una transición
pacífica, democrática y transparente en 2006.
| |