Miguel Marín Bosch *

Carta de Nueva York

Hace poco se develó en Nueva York una estatua de Benito Juárez. Se encuentra en Bryant Park, atrás del imponente edificio de la biblioteca pública, sobre la sexta avenida, entre las calles 41 y 42. La estatua, que fue un obsequio del gobierno de Oaxaca, tiene un defecto: es de tamaño natural y, por tanto, sumamente pequeña para el espacio en que fue colocada. Peor aún, está muy cerca de la estatua de José Bonifácio Andrade e Silva, uno de los próceres de la independencia del Brasil. Fue donada por el gobierno de ese país hace medio siglo y sus dimensiones hacen de Andrade un impresionante inquilino del Bryant Park. La estatua del Benemérito de las Américas es apenas visible.

La relación entre las estatuas de Juárez y Andrade debe ser del agrado de los diplomáticos brasileños que laboran en la misión permanente de su país ante Naciones Unidas. Les debe gustar, porque podría interpretarse como una expresión física de la diferencia entre las aspiraciones de los gobiernos de México y Brasil para ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. En efecto, en fechas recientes se ha intensificado el debate en torno a la reforma de la ONU en general y de la composición del Consejo de Seguridad en particular. Y, en cuanto al consejo, varios países han venido insistiendo en que se amplíe su composición y el número de asientos permanentes. Los aspirantes más activos a un puesto permanente han sido, desde hace años, Japón y Alemania, seguidos en fechas más recientes por India, Nigeria, Sudáfrica y Brasil. Hasta hace poco México se había manifestado en favor de un aumento en la membresía del consejo, pero se había opuesto categóricamente a un incremento en los países con derecho a veto. Es más, durante muchos años abogamos por reducir el número de miembros permanentes en el consejo. Ahora hemos declarado que no descartamos la posibilidad de ocupar uno de esos puestos.

La reforma de la ONU es uno de varios temas que han dominado los debates, públicos y privados, en este arranque de la sesión anual de la Asamblea General, sin duda el foro más representativo de la comunidad internacional. Otro de esos temas es el relativo al posible escándalo en torno al programa de la ONU en Irak, denominado Petróleo por alimentos, que se inició en 1996 y concluyó con la invasión de ese país en 2003 por la coalición encabezada por Estados Unidos. Es una cuestión que desde hace tiempo apareció en los medios de comunicación, pero que en la ONU se discute más bien en los pasillos y en privado.

Cinco años después de la guerra del Golfo, y ante la creciente presión de muchas organizaciones humanitarias y no pocos gobiernos, la ONU estableció un programa que permitió a Saddam Hussein comprar alimentos y ciertos bienes que el Consejo de Seguridad calificó de humanitarios. Y se adquirieron con los ingresos obtenidos de la venta de petróleo.

El número y monto de las transacciones fue enorme. Se calcula que unas 250 compañías erogaron casi 65 mil millones de dólares en la compra de petróleo a Saddam Hussein y que más de 3 mil 500 compañías vendieron alimentos y otros bienes por un total de 33 mil millones de dólares en aquella parte de Irak controlada por Saddam Hussein. Hubo otras mil compañías que hicieron lo propio en el norte del país, en las regiones controladas por los kurdos. Los principales proveedores de bienes humanitarios fueron compañías de Rusia, Francia y Egipto.

Con tantos actores involucrados y con tanto dinero de por medio, no debe sorprendernos que hubiera algunos casos de corrupción en el programa. Eso mismo lo estamos viendo ahora en los esfuerzos de Estados Unidos por mejorar la seguridad en Irak y continuar con su reconstrucción. Resulta que ese gobierno ha descubierto que ciertas compañías que había contratado para llevar a cabo esas tareas han venido inflando muchísimo sus costos.

Cuando empezaron a surgir rumores de corrupción en el programa Petróleo por alimentos, el secretario general de la ONU trató de enterrar el asunto. Pero no pudo y acabó optando por una investigación a fondo que encabeza Paul A. Volker, antiguo dirigente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hace poco Volker indicó que no sería hasta fin de año cuando estaría en situación de responder a las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios de la ONU. También anunció que su informe definitivo no estará listo hasta mediados del año entrante. Por último, dijo estar muy molesto con ciertas especulaciones en la prensa británica acerca de los vínculos del hijo de Annan con una de las compañías acusadas de corrupción en Irak.

En el informe reciente de la CIA acerca de las armas de destrucción en masa que nunca se encontraron en Irak, también se habla de la corrupción en el mencionado programa. Se dan los nombres de las compañías e individuos en Rusia, Francia, Bielorrusia y Estados Unidos (y una decena más de países) que recibieron vales para la compra de petróleo de Irak. Se piensa que el gobierno de Saddam Hussein entregaba esos vales para ganarse el apoyo de ciertos individuos. Se habla inclusive de políticos franceses y rusos que se beneficiaron de estos vales. De ahí que haya quienes especulen acerca de los verdaderos motivos de Francia y Rusia al oponerse a principios de 2003 a la invasión de Irak. Se dice que hubo individuos que recibieron vales de petróleo hasta por 9 millones de barriles. Pero todo eso podría resultar falso. De cualquier modo, como dijo el propio Kofi Annan, pase lo que pase este episodio ha dañado la imagen de la ONU.

* Ex subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de Desarmex, AC