Desconoce las bases del convenio del IPAB para entregar la información del proceso

Avala comisión legislativa el acuerdo para asumir costo del rescate bancario

Según la CNBV los intermediarios vendieron al Fobaproa cartera con todo e intereses moratorios

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión Especial para Investigar al IPAB avaló el acuerdo firmado entre la SHCP con Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC (antes Bital), que el pasado 15 de julio convirtió en deuda pública más de 107 mil millones de pesos del programa de capitalización y compra de cartera (PCCC). No obstante, a seis meses de su creación el organismo camaral, que preside el panista Manuel Pérez Cárdenas, no ha iniciado el análisis del rescate bancario con el argumento de no conocer las bases del convenio con el instituto para la entrega de información.

Sin embargo, en el oficio DGAE-715/2002, del 19 de noviembre de 2002, la Dirección General de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario siete actas del Comité Técnico del Fobaproa (31, 32, 39, 42, 47, 54, 56), así como dos circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (1138 y 1169) y las bases de capitalización de Banamex, Bital y Bancomer, de donde se desprenden severas irregularidades en los procesos de decisión y aplicación del CCCP.

Estas irregularidades se refieren a las disposiciones relativas a la calificación de la cartera de créditos en función de su riesgo, a la compra de cartera (créditos) por parte de Fobaproa y a la compra ilegal de intereses moratorios en las operaciones de capitalización y compra de cartera.

De esta manera se desprenden las siguientes conclusiones de acuerdo con las circulares de la CNBV y las bases de capitalización:

De las bases de capitalización, así como los contratos de compra de cartera y las circulares de la CNBV, números 1169, del 22 de diciembre de 1992, y 1138, del 20 de diciembre de 1991, así como a las bitácoras de valuación y cierre del Fobaproa de Banamex y Bancomer, se desprende que los bancos que fueron objeto de los programas de capitalización y compra de cartera obtuvieron beneficios y tratamientos especiales de tres tipos que no fueron aprobados por el comité técnico del fondo que elevaron el costo del rescate bancario en casi 44 mil millones de pesos.

Las bases de capitalización suscritas por los bancos señalan que el Fobaproa adquirirá cartera, "considerando únicamente los intereses ordinarios devengados, aunque éstos no estuvieran cobrados y los gastos legales incurridos".

De acuerdo con la circular 1169 de la CNBV, del 22 de diciembre de 1992 y vigente hasta enero de 1997, se permitía a los bancos que llevaran a resultados los intereses devengados, aunque no estuvieran pagados, pero no se permitía contabilizar los intereses moratorios sino hasta el momento de su cobro. De esta manera Banamex, Bancomer y Bital le vendieron cartera al Fobaproa con todo e intereses moratorios por 12 mil 728 millones de pesos actuales.

El hecho de permitir a los bancos que reconocieran como ingreso dichos intereses moratorios les permitió constituir reservas preventivas de crédito, las cuales fueron menores en virtud de considerar a los intereses moratorios como ingreso, además de que el "riesgo" de la cartera que conservaban era menor puesto que le habían vendido al Fobaproa la cartera más riesgosa, lo que les permitió disminuir el nivel de sus reservas preventivas y en lugar de inyectarlas al capital del banco para fortalecerlo las retiraron a los bolsillos de los accionistas.

En el caso de Banamex y Bancomer se observó un beneficio adicional y consistió en un perdón equivalente a 20 por ciento sobre el nivel de las reservas que se requerían de acuerdo con las valuaciones del riesgo de la cartera que tenían los bancos.

El esquema de incentivos sobre la cartera que recuperaran los bancos se aplicó con la finalidad de que los bancos estuviesen motivados a obtener el mayor valor posible de la cartera que le vendían al Fobaproa y ellos continuaban con la obligación de realizar las gestiones de cobro.

En el caso de Banamex y Bancomer se identifican créditos reportables del tipo Aa, es decir aquellos que no cumplían con los criterios de compra de cartera del Fobaproa, así como de diversas personas físicas con actividades empresariales en banco Bital por 26 mil 195 millones de pesos a valor actual.

De esta manera, adujo el analista financiero Mario Di Costanzo, si sumamos todos los beneficios adicionales y no aprobados por el comité técnico del Fobaproa tenemos que tan sólo estos tres bancos tendrían que ver reducido el monto de sus pagarés en 43 mil 955 millones de pesos que se distribuirían en la siguiente forma: 22 mil 522 millones en Banamex, 16 mil 855 millones en Bancomer y 4 mil 578 en Bital.