Lo acusan ante Rodríguez Alcaine de corrupto

Demandan electricistas de Acapulco destituir a líder

FABIOLA MARTINEZ

Un grupo de electricistas de Acapulco realizó ayer un plantón frente a la sede del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), para exigir al dirigente de este gremio y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leonardo Rodríguez Alcaine, que haga respetar la decisión de la mayoría de los afiliados de la sección 2 y se proceda a la destitución del líder local, Mario Ramírez.

En este hecho poco común en las filas del SUTERM, los manifestantes alegan que en asamblea -realizada el pasado 7 de septiembre- la mayoría de los trabajadores votó en favor del relevo en la secretaría general de la sección 2, de cuyo resultado (90 votos en favor, dos en contra y 17 abstenciones) dio fe un notario público.

Señalaron que continuarán en posesión del inmueble sindical hasta que obtengan una respuesta satisfactoria de la directiva nacional del sindicato. Por lo pronto, una comisión de los trabajadores fue recibida por los allegados a Rodríguez Alcaine, ante quienes expusieron "las irregularidades y excesos" cometidos por Mario Ramírez.

En principio, piden investigar el supuesto enriquecimiento ilícito del mencionado líder local, acusado no sólo de "hostigar" a sus opositores, con el apoyo de su hermano, un jefe policiaco de Guerrero, sino de usar y vender las plazas laborales.

Lo acusan además de impedir el levantamiento de actas de riesgos y accidentes de trabajo, "para no afectar la estadística de la Comisión Federal de Electricidad", y de cobrar hasta 30 mil pesos para conceder plazas de base a familiares de empleados con mínima antigüedad.

Debido a este movimiento, varias decenas de electricistas recibieron suspensiones temporales. Sin embargo, los manifestantes confían en que no haya más represalias, "porque no tenemos nada en contra de la empresa, sólo queremos una representación sindical auténtica".

Protesta en General Motors

Al mismo tiempo de la protesta de los electricistas, trabajadores de General Motors, planta Silao, adheridos al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz, acudieron a la CTM para informarle a Rodríguez Alcaine de los actos de "corrupción y violación a los derechos laborales" a cargo del líder sindical en esa planta, Arturo Sánchez Hernández.

Los obreros de General Motors, integrantes de la planta de producción de camionetas y motores, manifestaron su voluntad de convocar a una asamblea en la que se revoque el mandato de su líder. Señalan que no tienen ningún conflicto con la empresa y ratifican su militancia a la CTM. Sin embargo, rechazan las acciones de su directiva, "la cual ha originado la pérdida de empleo de varios de nuestros compañeros y ejerce prácticas de acoso laboral, hostigamiento e intimidación" contra los que manifiestan oposición a la forma de utilizar el sindicato "para beneficio personal".

Los integrantes del comité sindical -le informaron a Rodríguez Alcaine- sólo se han preocupado por sus intereses y protagonismo personal. Señalan como ejemplo que la amenaza de estallar una huelga en la planta Silao se emitió sin el acuerdo de la base, aun cuando un eventual paro de esa naturaleza pone en riesgo la fuente de empleo, afirman.

Los trabajadores piden una auditoría imparcial y autónoma respecto de los recursos sindicales. Precisan que en el pasado informe del grupo de Arturo Sánchez se informó de un saldo de 846 mil 138 pesos, cuando los ingresos por concepto de cuotas ascienden a casi 10 millones anuales. "¿Dónde quedó el resto?", se preguntan. Piden cuentas también del uso de los recursos de la caja de ahorro, así como de los intereses ganados en la cuenta bancaria respectiva, documentos que no son mostrados a los delegados sindicales, "porque sólo rinde informes generales, sólo nos dicen ingresó tanto y se gastó tanto, pero no hay papel alguno que avale sus cuentas".

Al máximo dirigente cetemista le piden que convoque a una asamblea general extraordinaria para recibir informes financieros y pruebas documentales de las irregularidades. Rechazan también que el propio sindicato les cobre por la gestión realizada ante la Secretaría de Hacienda para la devolución de impuestos del ejercicio fiscal 2002, ya que para ello deberían usar un porcentaje del fondo sindical del que nunca reciben cuentas claras.