La derecha se
oponía Ursula Weiser El pasado 7 de octubre fue aprobada en España, por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Detrás del aplauso con que el que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y los legisladores celebraron los 320 votos a favor, queda no sólo un intenso y polémico debate, sino el trabajo realizado por miles de mujeres españolas agrupadas en los distintos colectivos y organizaciones que durante 14 años denunciaron este grave problema hasta hacerlo visible para la sociedad y realizaron un intenso cabildeo para lograr que la iniciativa conocida como la Ley Integral fuera finalmente adoptada. La puerta del Sol, en el corazón de Madrid, como muchas otras plazas en toda España, ha sido testigo durante los últimos años de las concentraciones de las mujeres agrupadas en la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, que no se han limitado al 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres), sino que se efectúan el día 25 de cada mes. Allí han estado reunidas mujeres de toda condición social: abogadas, políticas, víctimas del maltrato, madres que reclamaban sus hijas muertas舰 Todas, allí, para contar muerte por muerte. También para pedir el indulto de mujeres procesadas judicialmente, como por ejemplo Oliva Vacas, una mujer de la provincia de Cáceres, víctima de constantes agresiones y golpes por parte de su marido quien, en uno de sus arranques, la arrojó en mitad de la carretera por un precipicio, haciéndole perder un ojo, y a la que posteriormente denunció por una supuesta agresión hacia él. Oliva fue sentenciada a tres años y medio de prisión, y aunque luego de una intensa campaña, el 13 de junio del 2003 se consiguió un indulto parcial para ella, su versión de que las quemaduras por las que fue denunciada fueron hechas por su propio marido, nunca obtuvo el crédito suficiente ante las autoridades. Casos como el de Oliva Vacas, entre otros, hicieron patente la necesidad de contar con instrumentos jurídicos efectivos para la protección y combate a la violencia de género, y pusieron de relieve no sólo las lagunas legales existentes en la legislación española, sino también disposiciones a menudo contradictorias que permitían, por ejemplo, que una mujer denunciante obtuviera una orden de alejamiento pero que al mismo tiempo se le concediera al hombre un régimen de visitas a sus hijos, dando ocasión a nuevas agresiones. Dos décadas de lucha La violencia hacia las mujeres en España ha cobrado oficialmente en lo que va del 2004, la vida de 55 mujeres. Las organizaciones que integran la Red Estatal de Organizaciones Feministas Contra la Violencia de Género dicen que las muertas son 92. En cualquier caso, este país miembro de la Unión Europea ve así diluidos los avances de las mujeres en España desde el fin de la era del franquismo. Aunque es perfectible, la ley aprobada comprende una serie de medidas judiciales, penales, laborales, educativas y hasta de control del papel de la mujer en los contenidos publicitarios y en los espacios escolares. Así, entre otras medidas, prevé la creación de juzgados y fiscalías especializadas; establece que una mujer víctima de maltrato podrá cambiar de centro de trabajo, de provincia y de horario, y contempla la protección policial individual con unidades especializadas en violencia de género. A pesar de las 350 enmiendas que introdujo la oposición, y que fundamentalmente eliminaron tipos penales diferenciados para hombres y mujeres, la ley consiguió mantener penas más altas para los hombres, un aspecto polémico cuestionado principalmente por el Poder Judicial español. Desde 1991, las organizaciones agrupadas en la Red publicaron cada año las diversas propuestas para acabar con la violencia de género en España. En 1993, el Congreso Estatal de Mujeres Abogadas emitió un comunicado en favor de una Ley Integral contra la Violencia de Género como un instrumento para combatir efectivamente las agresiones desde una perspectiva amplia que integrara todos los aspectos involucrados en el asunto: desde las leyes y la protección a la mujer maltratada, hasta los aspectos sociales, psicológicos, educativos y el papel de la mujer en los medios de comunicación. Pero lo más importante de la iniciativa era que consagraba el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y establecía obligaciones específicas que el Estado debía cumplir para garantizar este derecho. La resistencia conservadora Los jaloneos por el poder político en España entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) sacrificaron esa iniciativa. Durante la campaña electoral del 2000, José María Aznar ofreció a la Plataforma de Mujeres Artistas que, de llegar a gobernar, pondría en marcha una ley integral para combatir la violencia hacia las mujeres. Sin embargo una vez en el poder, Aznar bloqueó una iniciativa presentada a principios de septiembre del 2002, por el hecho de ser promovida por el PSOE. Casi todos los grupos parlamentarios habían apoyado la iniciativa, pero el PP votó en contra. La ley fue rechazada por 165 votos contra 151. Poco después, durante una sesión de control al gobierno, el actual presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero 舑entonces secretario general del PSOE舑 exigió a Aznar un 舠compromiso ante el parlamento舡 de que promovería la Ley Integral en el marco de una subcomisión creada exprofeso a iniciativa de Izquierda Unida (IU) y bajo el consenso de todos los grupos parlamentarios, y le recordó el compromiso que había adquirido en la reunión con mujeres artistas en la Moncloa. En respuesta, un inflamado Aznar negó su promesa de campaña y dijo recordar 舠muy bien舡 que en aquella reunión manifestó a las mujeres sus 舠muy serias dudas舡 de que la Ley Integral fuera 舠el camino más adecuado舡 para enfrentar el problema. Aznar, quien ni siquiera aceptaba el concepto de violencia de género, impuso lo que llamó Plan contra la Violencia Doméstica, con 舠medidas concretas舡, como aumentar las penas a los maltratadores y reforzar las medidas de las órdenes de alejamiento, acciones éstas que ya existían y habían probado no resolver el problema de fondo. Desde 2002, la iniciativa de la Ley Integral se convirtió en objeto de pugnas entre las cabezas del poder político, ajenas todas al verdadero problema: las crecientes agresiones hacia las mujeres, esposas y madres, que murieron a manos de sus parejas por falta de una intervención estatal oportuna cuando éstas denunciaban las amenazas. Mientras tenía lugar la batalla entre Aznar y Zapatero, las organizaciones de mujeres que habían adoptado como suya la iniciativa, por considerar que incorporaba sus propuestas y experiencias, se dieron a la tarea de organizar las campañas 舠¡Cuidado! El machismo mata舡 y 舠Contra la Violencia de Género, Ley Integral舡, para exigir su aprobación. No lo consiguieron sino hasta que el PP salió del gobierno. A pocos meses de la entrada en funciones del primer gobierno paritario en aquél país (el PSOE nombró igual número de ministras que de ministros), mucha gente se pregunta si la instrumentación de la Ley Integral podrá efectivamente frenar los maltratos hacia las mujeres en España. No será en cualquier caso una tarea fácil, ya que se trata de un problema social grave que involucra múltiples elementos y que requiere una transformación social muy compleja. No obstante, el proceso que condujo a la aprobación de la Ley Integral y el debate generado a partir de su discusión ofrecen lecciones importantes para las mujeres en México y en el mundo.
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