Pretenden vender a extranjeros lo que se privatice, advierte Abraham Nuncio

El relevo en Pemex aumenta la influencia de empresarios de Monterrey en el sector energía

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El reacomodo de esta semana en la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa de América Latina y la quinta petrolera más importante del mundo, no fue un movimiento más en la alta burocracia de un gobierno.

''Se trata de una posición ganada por el influyente grupo empresarial de Monterrey para impulsar una mayor privatización de las empresas estatales de energía en México'', opinó Abraham Nuncio, quien por décadas ha estudiado a las élites empresariales del país y en especial a la que tiene su asiento en la capital de Nuevo León.

Al comentar la destitución de Raúl Muñoz Leos y la llegada a la dirección de Pemex de Luis Ramírez Corzo, ocurrida el lunes anterior, el especialista explica: ''la estrategia en marcha, de la que participa el gobierno del presidente Vicente Fox, es impulsar el aumento de la participación privada en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así sea al margen de las disposiciones constitucionales''.

De acuerdo con Nuncio, la intención de los empresarios de Monterrey, sede de consorcios como Alfa, Vitro, IMSA y Cemex, y donde nació el actual secretario de Energía, Fernando Elizondo, ''es participar en los negocios que se están dando con la apertura a trasmano de las empresas energéticas, luego asociarse con extranjeros y después venderles, para repetir el mismo esquema de extranjerización que ya ocurrió con el sistema bancario'' tras la reprivatización realizada entre 1991 y 1992 y que concluyó con la entrega de las instituciones bancarias al capital foráneo.

Apenas iniciada la actual administración en diciembre de 2000, el presidente Fox lanzó como una de sus iniciativas más audaces la incorporación de cuatro prominentes empresarios al consejo de administración de Pemex: Lorenzo Zambrano (Cemex, con sede en Monterrey), Alfonso Romo (Savia, también regiomontana), Carlos Slim (Carso, Telmex y América Móvil), así como a Rogelio Rebolledo (Frito Lay's, subsidiaria de Pepsico). El intento fracasó en medio del repudio de amplios sectores políticos y sociales a esa decisión gubernamental, que parecía sepultada.

Abraham Nuncio comenta: ''El actual secretario de Energía (Fernando Elizondo Barragán, esposo de Verónica Ortiz, la directora de la Fundación Vamos México, presidida por la esposa del presidente Fox, Marta Sahagún) es un hombre identificado con los intereses de los industriales en Monterrey y su presencia en esa secretaría de Estado no es gratuita. Su sola presencia podría explicar cualquier cambio en Pemex''.

Fernando Elizondo, quien sustituyó interinamente como gobernador de Nuevo León a Fernando Canales, cuando éste fue nombrado secretario de Economía del gabinete foxista, fue antes dirigente de organizaciones empresariales en Nuevo León, entre ellas el influyente Consejo de las Instituciones.

''La intención de este grupo, tolerada y avalada por el presidente Fox, es incrementar la influencia que ya tiene en las empresas estatales del sector no sólo a través de la Secretaría de Energía sino también de otras instancias y aquí es donde se puede enmarcar lo que pasó en Pemex'', sostuvo Nuncio en una conversación con La Jornada.

Desde hace varios meses, empresarios del Grupo Monterrey han acentuado sus críticas a la posesión estatal de las empresas energéticas, sobre todo a partir de cuestionar la fórmula para calcular el precio del gas, uno de sus insumos más esenciales. De ahí han pasado, como hizo Dionisio Garza Medina (Grupo Alfa) a cuestionar públicamente la eficiencia de la gestión gubernamental.

El movimiento en Pemex tiene, entre una de sus aristas, un guiño del gobierno de Fox con ese grupo empresarial que lo ha criticado, apunta Nuncio. ''Pienso que en todo esto hay un nuevo intento del presidente Fox para incorporar a los empresarios en general y en particular a los de Monterrey a la estructura institucional de Pemex, de tal manera que su influencia pudiera incidir más aún en decisiones como la privatización de esa empresa estatal en varias de sus áreas, así sea a contrapelo de la Constitución'', añadió el autor de libros como El PAN (1986) y Visión de Monterrey (1997).

Nuncio añadió que desde el punto de vista de los empresarios regiomontanos -que se han sentido excluidos de los negocios que se están haciendo con los cuestionados contratos de servicios múltiples que promueve Pemex para la explotación de la cuenca gasífera de Burgos, en el noreste del país- la industria energética mexicana ''debe pasar a manos de los inversionistas privados, es decir, de ellos, en asociación con los foráneos para luego vender a los extranjeros y que ocurra como con la banca en la última década''.

El punto de fondo, consideró el analista, es que todo este fenómeno representa una ''regresión histórica'', para llevar al país a la situación que vivió hasta antes de marzo de 1938, fecha de la expropiación de la industria petrolera, cuando estaba sujeto a la explotación de los hidrocarburos por parte de las trasnacionales.

''Es claro el interés del presidente Fox para privatizar todo y más aún si, como se ve ahora, el PAN -el partido del Presidente- va a perder la elección presidencial de 2006'', comentó Nuncio.

''Por el perfil y la manera en que se ha conducido Fox en estos cuatro años, se ha percibido la existencia de un presidencialismo en retirada. Sin embargo, el Presidente ha tomado medidas que ninguno de sus antecesores del PRI se hubiera atrevido a impulsar, es decir, decisiones contrarias a la Constitución sin antes reformarla. Para modificar la estructura agraria del país o la explotación de la banca, los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas promovieron y lograron modificaciones al marco legal. Y no es el caso de Fox con la participación privada en Pemex. Entonces, ese presidencialismo en retirada no es tanto'', apuntó Abraham Nuncio.