Contra el linchamiento a René Bejarano

Señora directora: Por este conducto deseo fijar mi postura, a la vez que expresar la más categórica protesta ante el virtual linchamiento mediático de que está siendo objeto el profesor René Bejarano, ante el inminente proceso de desafuero que debe enfrentar el día 4 del corriente mes de noviembre, en el pleno de la Cámara de Diputados.

Nada nuevo estoy revelando al asentar que el profesor se ha hecho culpable, ante la opinión pública, de una serie de errores y actos condenables desde más de un punto de vista, como él mismo ha aceptado públicamente, y como nos fue revelado y restregado una y otra vez, hasta la saciedad, a través de la difusión amarillista y aun tramposa de los ya célebres videos.

Actos reprobables, sin duda. ¿Delitos? Es posible, y justamente por eso es menester que los presuntos ilícitos por él cometidos sean expuestos y comprobados más allá de toda duda, para que pueda ser sometido a un proceso justo e imparcial. De ser hallado culpable, y sólo en ese caso, el profesor Bejarano deberá purgar la pena a la cual sea condenado.

Sin embargo, Bejarano en ningún momento se ha beneficiado de la presunción de inocencia, mientras no sea demostrado lo contrario, como la ley lo exige. Políticos variopintos, autoridades diversas y la mayoría de los medios lo han condenado de antemano. Al llevarlo a juicio de desafuero, la Cámara de Diputados ha dado muestras de una sospechosa premura, sin respetar en ningún momento, como la ley lo exige, el orden de prelación; existe un número significativo de casos de desafuero que anteceden a éste, por meses si es que no por años, y que parecen estar archivados sine die, durmiendo el sueño de los justos. Casos que conciernen, por cierto, a delitos infinitamente más graves que los imputados al diputado Bejarano.

Evidentemente no dispongo del espacio necesario para enumerar el conjunto de irregularidades que se están cometiendo en este paradigmático caso. La lista es larga y, en lo general, del dominio público. Sólo cabría añadir que para nadie es un misterio el porqué de este ajusticiamiento adelantado. Todos entendemos que se trata de un ensayo general que visa mucho más arriba, cuyo objetivo último, sin duda, es el de cerrarle el paso a la candidatura presidencial al jefe de Gobierno del Distrito Federal. De ahí mi toma de posición y mi indignada protesta.

Para concluir, quisiera dejar asentado que soy diputada local por el PRD en la Asamblea Legislativa, y que no pertenezco a ninguna de las corrientes de ese partido.

Atentamente

Diputada María Rojo

Perito cuestiona la actuación de la PGJDF en tres casos

Señora directora: Por diferentes circunstancias personales tuve la cercanía suficiente para conocer de modo directo y serio tres asuntos que han pasado recientemente por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Como perito ante la sección instructora pasé por el bochorno de conocer un dictamen con el que la PGJDF intentaba presentar como "apoyos visuales" las obvias alteraciones a que fueron sometidos los videos que esa institución presentó como prueba contra René Bejarano. Me limitaré a señalar que gracias a las preguntas de los abogados defensores, el propio experto de la PGJDF terminó aceptando que los videos estaban "manipulados", y así consta en el acta respectiva. Sin embargo, el procurador Bernardo Bátiz declaró ayer que esas mismas grabaciones son pruebas "muy contundentes" en contra del ex diputado, de la misma disparatada manera que el 24 de octubre pasado explicó a La Jornada que la razón por la cual Bejarano es acusado de lavado de dinero, a diferencia de Carlos Imaz, a quien se acusó de delitos no graves, es que durante las averiguaciones previas aquél "no quiso participar en nada" y en cambio Imaz brindó elementos que llevaron a la procuraduría a imponerle un castigo menor. Según Bátiz el dinero ofrecido por Ahumada a Imaz y a Bejarano tiene idéntico origen pero distintas implicaciones penales, dependiendo de las ganas de "participar" que muestren los acusados.

Por otra parte, conocí los argumentos con los que la misma procuraduría intentó justificar la versión del "suicidio" para explicar la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido; conocí asimismo el testimonio de personas cercanas a esa investigación. Como a muchos, me parece lamentable el absurdo dictamen con el que la procuraduría capitalina dio carpetazo al caso Digna Ochoa y comprendo el malestar de familiares y amigos de esa defensora de los derechos humanos.

Tuve, por último, la responsabilidad de atestiguar la presentación -ante la PGJDF- de tres o cuatro denuncias en contra del empresario taurino Rafael Herrerías: amenazas de muerte; vejaciones a un juez de plaza; fraude y falsificación de contratos, entre otros presuntos delitos que a pesar de su flagrancia quedaron en el olvido gracias a la negligencia de ciertos funcionarios de la benemérita procuraduría del DF.

A la luz del aprendizaje que en materia de justicia me brindó esta triple experiencia, me permito ofrecer un consejo a los familiares de Digna Ochoa y a René Bejarano: que "participen" en la negociación de la justicia como sugiere el maestro Bátiz o, mejor aún, que hagan como Herrerías y se consigan un defensor en el bufete que está en el número 18 de la avenida Chapultepec. No falla.

Agradezco a la directora de La Jornada la generosidad de ofrecer este espacio.

Carlos Mendoza