Dos empresas y un ex delegado del ISSSTE, hoy diputado priísta, implicados en el caso

Podrían ir a la calle 300 familias yucatecas por maniobras ilícitas

Los moradores pagan créditos por casas de pésima calidad que tal vez nunca les pertenezcan

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 31 de octubre. Aproximadamente 300 familias que habitan el fraccionamiento Residencial Kanasín, mejor conocido como Arboleda I, en su mayoría empleados gubernamentales federales, están desesperados ante el riesgo de perder sus predios por un embargo promovido por una constructora con domicilio en Michoacán, que afirma ser propietaria de los 72 mil metros cuadrados donde se ubica dicha unidad habitacional.

El asunto involucra a empresarios y ex delegados del ISSSTE en la entidad, en un manejo irregular de créditos de vivienda.

La historia de Arboleda I es complicada, más cuando las autoridades municipales de Kanasín han ignorado las quejas de los colonos.

Kanasín es un municipio rural conurbado con Mérida, muy conocido por los antojitos regionales que allí se expenden (salbutes y panuchos) y por las decenas de cabaretes instalados en su territorio, lo que ha convertido a la comunidad en la nueva zona de tolerancia de la capital del estado.

La historia

Todo comenzó en 1994, cuando una constructora llamada Urbanizadora Americana, con oficinas en la ciudad de México y en Michoacán, comenzó la edificación de viviendas en un terreno de 72 mil 191 metros cuadrados. Sin embargo, tres años después la empresa abandonó por motivos aún desconocidos los trabajos y sólo quedaron 70 pies de casa.

Los albañiles, obreros y veladores que participaban en la obra interpusieron la demanda laboral 88/97 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra quienes los contrataron. El 15 de julio de 1998 el órgano emitió un fallo favorable a los demandantes y les adjudicó el terreno donde se construía la unidad habitacional. En ese año, el valor catastral del sitio era de 670 mil pesos. En el remate, uno de los beneficiados fue el "albañil" Bruno Morales Lara, aparentemente uno de los obreros perjudicados.

Pero el 19 de marzo de 1999 hizo acto de presencia Francisco Manuel Morales Blanco, quien dijo ser profesional de informática, sacó la cartera y mediante 3 millones 750 mil pesos compró el terreno a Bruno Morales Lara y a otros tres o cuatro supuestos beneficiados.

El asunto no termina allí. En abril de 1999 aparece Jesús Sarabia Rivera, representante legal de Stutzpunkt Constructora y Perforadora SA de CV y le compra a Morales Blanco la propiedad por un monto de 7 millones 800 mil pesos, como consta en el Registro Público de la Propiedad. Morales Blanco en pocas semanas duplicó su inversión.

Es en esta fase cuando se involucra el entonces delegado del ISSSTE, José Dafne López Rodríguez, actual diputado priísta, quien figura también como representante legal de la constructora, cuyo nombre es una palabra alemana que significa "punto fuerte o de apoyo".

López Rodríguez está avalado por la notaría pública 77 con el acta 135 de marzo de 2000. Como delegado del ISSSTE, aparentemente avaló una compraventa de casas de Arboleda I sin mayor explicación.

El meollo del asunto supuestamente se encuentra en la venta de Morales Blanco a la constructora Stutzpunkt, con domicilio en Yucatán, y la adjudicación de créditos para vivienda otorgados por el Fovissste -con injerencia de Dafne López- y del Infonavit.

El hoy diputado priísta y entonces delegado del ISSSTE consiguió que la institución otorgara créditos, mediante el Fovissste, para la compra de viviendas en un terreno propiedad de una constructora de la que él era el representante legal.

Cuando los 70 pies de casa (obra negra) quedaron definidos dentro de los 72 mil metros cuadrados de terreno que pasaron de mano en mano, corría 1999 y a los burócratas se les invitó por medio de la constructora a comprar casas en Arboleda I. El gancho era precisamente que se tramitaban los créditos mediante el Fovissste.

El 28 de junio de 1999 se procedió a fraccionar el terreno en 286 partes, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, cuyo proceso estuvo a cargo de Sarabia Rivera, representante de Stutzpunkt (ahora con el nombre comercial de TuKasa). No obstante, el promotor de las casas fue Ricardo Soto Guzmán, quien se ostentó como gerente regional de dicha constructora. En el transcurso de ese año y de 2000 se terminaron de edificar 280 predios, la mayoría de muy escasa calidad, con materiales baratos y en pésimas edificaciones.

Hasta ese momento los trabajadores estaban contentos. Al fin lograrían tener su casa. Como requisito, la constructora pidió a las familias endosar en favor de la constructora los cheques recibidos del Fovissste y el Infonavit. Ambas dependencias liberaron, en menos de tres meses, créditos por 35 millones de pesos para los supuestos beneficiados.

Todo estalló cuando María del Socorro Ramírez Rodríguez y Lucina Villela Ramírez, dos vecinas de Arboleda I cuyos predios colindaban con un lote sin construir, intentaron comprarlo para ampliar sus propiedades. Para ello acudieron con Ricardo Soto Guzmán y éste les vendió, el 9 de agosto de 2002, el lote por la cantidad de 21 mil 714 pesos. Cada señora recibió una porción de 395 metros cuadrados, según se ampara en los recibos que les entregó el tramitador.

Cuando ambas intentaron registrar la propiedad del terreno recién adquirido, casi se van de espaldas. En el Registro Público de la Propiedad les indicaron que la operación era imposible porque había un amparo promovido por la constructora Urbanizadora Americana, aquella que en 1994 empezó los trabajos de las viviendas y que, sin motivo aparente, se retiró.

El amparo prácticamente le restituyó a la empresa los derechos por los 72 mil 191 metros cuadrados.

Urbanizadora Americana reclamó el terreno que antes se adjudicó a los trabajadores demandantes, el cual vendieron en 3 millones 750 mil pesos a Manuel Morales Blanco, quien a su vez revendió en 7 millones 800 mil pesos a la empresa que representaba Sarabia Rivera y el ex delegado del ISSSTE. La constructora Stutzpunkt (ya con el nombre comercial de TuKasa) terminó las casas de Arboleda I y recuperó su inversión por medio de los créditos del Fovissste.

A este respecto, Dafne López Rodríguez, dedicado al mundo empresarial, rechazó en entrevista haber participado directamente en algún tipo de fraude con la constructora de nombre casi impronunciable. Argumentó que sólo se encargó de tramitar los créditos para que los trabajadores adquirieran sus propiedades a precios accesibles.

El problema es que las casi 300 familias (aproximadamentemil personas) que habitan Arboleda I continúan pagando las mensualidades de sus casas, pero en realidad no son propietarias de ellas, debido a la intención de Urbanizadora Americana de recuperar su antigua propiedad. El Fovissste y el Infonavit se limitaron a cobrar sus créditos mediante los descuentos a los trabajadores y no quieren saber más del caso.