En los casos de El Encino y Paraje San Juan aplican la ley de manera indebida, señala

En duda, la imparcialidad de jueces federales: consejera jurídica del GDF

Recibe la funcionaria cuestionamientos de todos los partidos al comparecer ante la ALDF

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Al comparecer ante comisiones unidas de la Asamblea Legislativa (ALDF), la consejera jurídica del gobierno capitalino, María Estela Ríos González, lanzó acusaciones contra jueces, tribunales y agentes del Ministerio Público Federal que han tenido que ver con las denuncias contra el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, específicamente en los casos de El Encino y Paraje San Juan, donde -aseveró- están aplicando la ley de manera indebida y parcial, y promueven expedientes "plagados de actuaciones ilegales".

Respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la acusó de "precipitarse" y "mentir" en el caso de El Encino, por el cual el jefe de Gobierno enfrenta un proceso de desafuero.

En tanto, diputados de PAN, PRI, PVEM, e inclusive del PRD, hicieron cuestionamientos a la funcionaria. El coordinador perredista, Carlos Reyes Gámiz, sostuvo que "hay una insatisfacción por el deficiente papel que ha hecho la Consejería en cuanto a la defensa de esos casos". En síntesis, dijo, "se ha actuado con un nivel de impericia que debilita un proyecto alternativo que nos ha costado mucho sostener". Frente a esa postura, María Estela Ríos argumentó que se ha hecho "el mejor esfuerzo" para realizar una "defensa oportuna y a ultranza" en todos los casos que tienen que ver con la afectación jurídica al Gobierno del Distrito Federal (GDF) y al mandatario capitalino.

Dijo tener la "conciencia tranquila" y rechazó la posibilidad de renunciar al cargo por esa situación, y sostuvo que en los casos de Paraje San Juan y El Encino ha imperado más el factor político que el jurídico, y en ese escenario "el derecho está rebasado".

La consejera también se refirió a la "ofensiva" de las autoridades del estado de México, quienes interpusieron primero una demanda de carácter civil, por la explotación de las aguas del Alto Lerma y Chiconautla, que incluye la exigencia de una indemnización por 25 mil millones de pesos; luego, presentaron una controversia constitucional por el uso del relleno sanitario de Bordo Poniente. Al respecto, la funcionaria lamentó que las autoridades de la entidad vecina hayan optado por la confrontación en los tribunales en lugar de buscar una salida negociada en las instancias gubernamentales correspondientes.

En varios momentos de su intervención, la consejera se refirió al caso de El Encino, y dijo que bajo la bandera del respeto a la legalidad se achacó al mandatario capitalino un supuesto incumplimiento de la ley; calificó el planteamiento de "totalmente falso", y dijo que puso en entredicho la imparcialidad de los jueces federales, tribunales y Ministerio Público Federal, pues desde el inicio ese caso "estuvo plagado de actuaciones ilegales".

Citó, entre otros elementos, que se haya otorgado la suspensión de un amparo contraviniendo criterios jurisprudenciales, además de que se dio "efectos restitutorios" a ese recurso legal; además, el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por la supuesta violación al amparo, antes de que el juez de la causa así lo considerara.

"En este asunto se han ofrecido pruebas suficientes para acreditar que el jefe de Gobierno siempre ha cumplido con la ley, que no ha cometido delito alguno y que el asunto, más que jurídico, es eminentemente político", expresó.

Por lo que se refiere a Paraje San Juan, citó los elementos de prueba de que se promovía un fraude procesal, a pesar de que el caso había pasado por las manos de jueces y tribunales. Aquí aprovechó para subrayar que el Gobierno del Distrito Federal no pagará ninguna indemnización cuya resolución esté basada en ilegalidades. Se agotarán todos los recursos legales disponibles para evitar que se dañen las finanzas de esta ciudad, agregó María Estela Ríos.