México D.F. Viernes 12 de noviembre de 2004
Antes beneficiarios, hoy los campesinos son
las principales víctimas de la disputa
La Laguna: la nueva guerra por el agua
El cambio de recursos hídricos del sector social
al privado, por la producción lechera intensiva
LUIS HERNANDEZ NAVARRO/III ENVIADO
Torreón, Coahuila. En plena escalada de confrontación
social en La Laguna estalló, en 1936, una huelga general: 20 mil
trabajadores agrícolas pararon labores. Las tropas federales protegieron
a los esquiroles. La sangre de los huelguistas corrió por los campos
algodoneros.
A
bordo del tren presidencial, el Verde Olivo, Lázaro Cárdenas
se trasladó a la región con ánimo de resolver el problema.
Después de escuchar a los jornaleros, el mandatario decidió
resolver el conflicto sindical mediante la dotación ejidal y la
explotación colectiva. El michoacano escribió en su diario:
"el problema ejidal en La Laguna es el más serio que resuelve hoy
el régimen de la Revolución. La fuerte organización
de los capitalistas propietarios y su oposición constante a que
sus propiedades se reduzcan al límite señalado por el Código
Agrario ha venido provocando agitaciones".
En 45 días el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores
organizaron 226 ejidos para 34 mil 743 campesinos, en una superficie de
218 mil hectáreas de riego y pasto. Otorgó, también,
un generoso programa de apoyos. Los antiguos dueños conservaron
tierras de la mejor calidad.
Ignacio y Arturo Orona son los herederos de esos pioneros
luchadores sociales de 1936. Forman parte de la tercera generación
de los agraristas originales. Esos campesinos, según ellos, ya se
acabaron. "Ya no es el ejidatario quien produce", aseguran. Sus hijos han
tenido que emigrar o están trabajando en las maquiladoras.
Efectivamente, las tierras ejidales de la región
están en su mayoría yermas, mientras que las privadas, o
las que los ganaderos han rentando, verdes. Según la Confederación
Nacional Campesina (CNC), 70 por ciento de los habitantes de los ejidos
del municipio de Lerdo ya se fueron.
De acuerdo con las investigadoras Estela Martínez
y Susana Suárez, 71 por ciento de tierras ejidales son regadas con
agua superficial y únicamente el 29 por ciento restante con agua
subterránea, mientras 74 por ciento de las tierras de propiedad
privada se riegan con líquido de los acuíferos y el resto
con agua superficial.
La mayoría de los productores sociales cultivan
algodón, mientras los privados siembran forrajes y producen leche.
En 1997 se cultivaban más de 34 mil hectáreas de alfalfa.
Más rápido que despacio, los campesinos han ido perdiendo
el control de los recursos hidráulicos.
El periodista Juan Monreal explica así el fenómeno:
"comenzaron a arrendar tierras y ahora rentan los derechos de agua. Entre
70 y 80 por ciento de las aguas rodadas son privadas, han dejado de ser
del sector social. Se rentan los derechos. Lo mismo sucede con las norias".
El ganadero Pedro Vázquez coincide en el diagnóstico:
"la tierra está casi toda comprada y rentada. La ley lo permite.
La superficie ejidal está entre 70 y 80 por ciento comprada o rentada.
Una hectárea con derecho a agua de río se renta entre 2 mil
500 y 3 mil pesos para una cosecha. El ejidatario se queda con el Procampo".
"Mi padre era ejidatario -cuenta el doctor Javier García
Salcedo. Tenía derecho a cultivar cuatro hectáreas. Ahora
sigue teniendo derecho, pero no tiene agua."
Los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
señalan que en 1998 se extrajeron en la región alrededor
de mil 200 millones de metros cúbicos al año, mediante casi
3 mil pozos. El año pasado el comité directivo de la presa
Lázaro Cárdenas autorizó el uso de 800 millones de
metros cúbicos. Ese volumen de líquido es motivo de fuerte
disputa. Y el pleito es grande y se encuentra atravesado por las continuas
denuncias de corrupción contra las autoridades responsables.
Uno de los puntos centrales en disputa es el de la titularidad
de los derechos de agua.
A partir del reparto agrario de 1936, poco más
de 33 mil personas son derechohabientes del líquido de las presas.
Pero de acuerdo con Vázquez, esos 33 mil usuarios "murieron, algunos
heredaron los derechos o se fueron a Estados Unidos, porque la agricultura
no era rentable. Fueron vendiendo y rentando a raíz de la reforma
al 27 constitucional, pero los derechos siguen estando en manos de los
nombres viejos. Hay más derechos de agua que líquido. Los
ejidatarios rentaron derechos del agua, pero siguen teniendo sus boletas
y piden el mismo líquido. Ellos conservan el recibo. La autoridad
está dando dobles derechos. No hay un padrón de usuarios
actualizado".
Los productores privados insisten en que se regularice
la titularidad de esos derechos, que hoy, por la vía de los hechos,
han pasado a sus manos. Quieren que se reconozca legalmente lo que controlan
de facto y, por supuesto, que se cancelen los derechos originales
de los ejidatarios.
Lo mismo sucede con los pozos. Cuatro de cada cinco se
destinan a uso agrícola, y son un gran negocio. Según Monreal,
se "han otorgado muchas licencias para perforar nuevos pozos. El gobernador
Enrique Martínez, por ejemplo, ha adquirido desde 2000, él
solo, 15 permisos de explotación. Es tal el abuso, que el mandatario
estatal tiene una licencia de derecho de agua en Saltillo y lo explota
en Ocampo, que además es zona protegida".
El diputado Fernando Ulises Adame, fundador de Laguneros
por el Agua y uno de los principales promotores de la construcción
de las presas para defender el municipio del que proviene, concuerda con
el periodista. "A la gente de Nazareno, que tiene más de 10 mil
habitantes, le va mal -asegura-, y para acabarla de amolar le acaban de
perforar, para regar 500 hectáreas, cuatro pozos en la orilla de
las calizas que le van a secar sus acuíferos. Se está utilizando
agua de las calizas y éstas son la reserva de la humanidad." Quienes
lo hacen, añade, "son gente con mucha capacidad económica
que no acepta regular los volúmenes de agua porque tiene establos
grandes, parcelas grandes, compromisos. Ahora se defienden contra los medidores
que la ley impone. Queremos regularizar los 2 mil 800 pozos que están
provocando el abatimiento de los acuíferos, pero no se dejan. No
es fácil, porque son intereses muy grandes."
En opinión de Pedro Vázquez, parte de la
problemática proviene de la decisión de los ex gobernadores
Maximiliano Silerio y Rogelio Montemayor de rehabilitar 500 norias del
sector social que estaban casi abandonadas. "Nosotros les dijimos -afirma
el ganadero-: denles el dinero como si hubieran cosechado, pero no les
den los pozos porque los van a vender. Hoy día esos 700 pozos ya
están comercializados. Eran pozos que en muchos ejidos los usaban
como fuente de abastecimiento. Eran para que las mujeres se bañaran
el sábado o para beber. Ahora están trabajando al 100 por
ciento. Los han vendido o rentado. El daño está hecho."
Pero, de acuerdo con el vocero de los productores agropecuarios
de la región, la situación es aún más grave.
"Hicimos -explica- una denuncia en noviembre de 2003 de 550 pozos piratas,
sin título, en la región. La Comisión Federal de Electricidad
contestó que eran 300 y pico lo que estaban dando de energía
subsidiada, sin título de concesión. El gerente de la Conagua
regional nos contestó en una simple carta que habían revisado
el asunto y que no habían encontrado más de tres pozos irregulares.
Que todo lo demás estaba normal."
Entre una cosa u otra, dos hechos son claves. Uno: entre
las primeras víctimas de la guerra del agua en La Laguna se encuentran
los campesinos. Dos: el motor que alimenta esta transferencia de recursos
hídricos del sector social al privado es la producción lechera
intensiva.
Pastizales del desierto
Uno de cada dos vasos de leche que se beben en México
son de Lala. A pesar de que en el país se consumen sólo 270
mililitros diarios por persona, el coloso agroindustrial lagunero tuvo
ingresos durante 2003 por 2 mil millones de dólares. Las marcas
Boreal, Nutrileche, Mileche y ahora Parmalat están bajo su control.
Junto con Alpura controla 80 por ciento del mercado nacional.
Tanta es la influencia que tiene el grupo Lala en el gobierno
federal, que el antiguo director general, Cristóbal Jaime Jáquez,
fue nombrado director de la Conagua al comienzo de la administración
de Vicente Fox. Es como si en un partido de futbol el árbitro hubiera
salido de las filas de uno de los equipos que disputan el juego. La Conagua
desempeña el papel clave en el manejo administrativo del líquido
en toda la Comarca Lagunera.
El diputado Adame sostiene que los grandes empresarios
lecheros, los dueños de Lala, gente como los Aguinaga, quienes controlan
quién agarra el agua, manejan entre 80 y 85 por ciento del líquido
en la región. Y a contracorriente del vínculo evidente que
liga al director de la Conagua con el consorcio agroindustrial, sostiene:
"esa gente tenía antes mucha fuerza para acercarse y gritar al Presidente,
pero ahora no ha sido así. Nosotros, los laguneros -dice-, sí
sabemos quién agarra el agua".
Parte de este éxito empresarial tiene que ver con
la reconversión productiva hacia la ganadería lechera, ocurrida
desde la década de los 50 en La Laguna. Surgió así
un modelo muy especializado y de tecnología de punta, basado en
ganado de alto registro y calidad genética, que se desarrolla en
explotaciones estabuladas.
Este tipo de ganadería, señala el estudio
Ventajas comparativas en la producción de leche en México,
elaborado por Pius Odermatt y María de J. Santiago Cruz, "es, desde
la perspectiva macroeconómica, rentable".
Se trata de un modelo de producción que requiere
el uso abundante de agua, que no considera incorporar el cuidado de los
recursos naturales y que obtiene el líquido a precio de ganga.
En noviembre de 2002, Fernando Ulises Adame, académico
metido a la política, secretario de Desarrollo Rural de Durango,
aseguró que se necesitan casi mil litros de agua para producir un
litro de leche. Los ganaderos de la región respondieron inmediatamente
rechazando esa afirmación.
Otros, sin embargo, piensan diferente. "A las vacas aquí
se les da de comer caviar", dijo un destacado agrónomo holandés
a Juan Monreal, luego de observar que la alimentación de los animales
estaba basada en alfalfa, uno de los productos que requiere más
agua para su cultivo. Y grandes cantidades de líquido son necesarias
para la limpieza de los equipos de ordeña, el aseo de banquetas,
el uso de sistemas de ventilación y el consumo de los animales.
Para abastecer un hato ganadero, que de acuerdo con Pedro
Vázquez es de 320 mil vacas en ordeña y más de 600
mil animales, con una producción aproximada de cinco y medio millones
de litros de leche diarios, las tierras y el agua de La Laguna se han destinado
mayoritariamente a la producción de forrajes. Son muchos los estudios
que han documentado la relación entre esa actividad y el abatimiento
de los mantos freáticos.
La fiebre de ganaderos e industriales por sacar agua del
desierto y convertirlo en campos de alfalfa llevó a perforar en
Valle Hundido numerosos pozos de ocho y 10 pulgadas de diámetro,
y a arrasar la vegetación para nivelar el suelo. La explotación
de los mantos freáticos allí pone en peligro el área
protegida de Cuatrociénegas y afecta la producción campesina.
La ecologista Magdalena Briones lamenta lo que considera
una insensatez: "convertir el desierto en un pastizal es una locura. Aquí
no hay pastizales naturales. No tenemos medida en la producción
de leche y derivados".
Para mantener a flote esa locura se necesita agua, mucha
agua. "Si ves los padrones de la Conagua -señala Monreal- te vas
a encontrar que los lecheros de Lala han comprado casi todos los pozos
que pertenecieron a los ejidos. Tienen establos de 10 mil cabezas que mantener."
Pero Pedro Vázquez pone en duda que la producción
de alfalfa para ganado sea un problema para la región: "si el abastecimiento
de la actividad lechera tuviera que depender de La Laguna -explica-, se
tendrían que sembrar arriba de 100 mil hectáreas de forrajes.
Y eso no sucede. El 70 por ciento del alimento viene de afuera. De Chihuahua,
donde se siembran entre 35 y 40 mil hectáreas de alfalfa, y de Zacatecas.
Todo el grano viene de Estados Unidos".
Sin embargo, el agua que sobra a las vacas falta en municipios
y comunidades de la comarca. El doctor García Salcedo asegura que
"La Laguna se está acabando porque no tenemos agua. Punto. Hay poblaciones
a las que no les llega el líquido que deberían tener para
tomar, y beben agua aunque sepan que es de mala calidad".
Briones concuerda con él: "todavía hay ejidos
con norias y derechos de agua -destaca-, sin embargo, es de mala calidad.
Les tienen que mandar para beber".
Mas las dificultades del agro no terminan ahí.
"Durante el último año del gobierno del anterior mandatario
estatal, Rogelio Montemayor -comenta Juan Monreal-, se dieron al campo
de Coahuila mil 350 millones de pesos. Ahora se canalizaron apenas 600
millones de pesos. Por supuesto que no fueron para los productores sociales,
sino que se concentró en los hatos ganaderos de primer mundo de
la región."
La correlación de fuerzas sociales que el general
Lázaro Cárdenas trató de establecer en favor de jornaleros
y campesinos con la reforma agraria de 1936 ya no existe más. "Los
ejidos se están vaciando. Los niños lloran de hambre en la
noche", señala el líder sindical de la Confederación
Regional Obrera Mexicana (CROM). Los hijos de los campesinos han migrado
o trabajan, cuando pueden, en alguna maquiladora. "Hay malestar con los
ricos que se quieren quedar con el agua", afirma el doctor García
Salcedo.
A todo el panorama anterior hay que sumar que el narcotráfico
ha florecido.
Durante años se difundió en los medios de
comunicación un promocional que decía: "si la leche es poca,
al niño le toca", que hoy habría que cambiar, pues en el
corazón de la producción láctea de México,
en La Laguna, "si el agua es poca, a la vaca le toca".
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