Admite a trámite la inconformidad del Ejecutivo federal con el PEF
Ordena la Suprema Corte suspender la ejecución de 50 partidas presupuestales
GEORGINA SALDIERNA, ROBERTO GARDUÑO Y ALFREDO MENDEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer a trámite la controversia constitucional promovida el pasado martes por el presidente Vicente Fox Quesada, para impugnar los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, y ordenó suspender provisionalmente la ejecución de 50 partidas, por un monto de 4 mil 195 millones de pesos.
De manera inusual, los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso del máximo tribunal, concedieron al Ejecutivo federal la suspensión precautoria solicitada para la aplicación de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para la construcción de carreteras y de infraestructura social. Asimismo, los juzgadores concedieron a la Presidencia la gracia de no presentar garantía alguna en compañía de la mencionada controversia constitucional.
Los ministros enfatizaron que con la suspensión no se causará daño a la economía nacional, ni grave perjuicio a la sociedad, ya que el monto que dejará de aplicarse mientras concluye el litigio equivale a 0.23 por ciento del presupuesto federal.
No obstante, la Cámara de Diputados aún puede impugnar tanto la admisión a trámite de la controversia como la suspensión, mediante un recurso de reclamación que resolvería el pleno de la Corte y que deberá ser interpuesto en un plazo de cinco días hábiles, que corren a partir de este jueves.
En el acuerdo respectivo, los ministros de la Suprema Corte Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo determinaron que la demanda del Ejecutivo sí debe ser motivo de estudio por parte del máximo tribunal, y le dieron a la Cámara de Diputados 30 días hábiles para contestar la demanda.
Sin embargo, resolvieron que este plazo deberá comenzar a correr de inmediato, y no el 3 de enero, que es cuando concluye el periodo vacacional del Poder Judicial federal.
De esta forma, el Poder Legislativo tendrá hasta finales de enero para responder a la demanda, en la que Fox pidió a la Corte declarar la invalidez de dos anexos y seis artículos transitorios del presupuesto, por considerar que los diputados federales invadieron atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
Al admitir la demanda, los ministros aceptaron manifestarse sobre si el Presidente de la República tiene facultad o no para formular observaciones al presupuesto -el llamado ''veto''-, pues la Cámara de Diputados consideró que la Constitución no le otorga ese derecho al titular del Ejecutivo federal.
No obstante, será al final del estudio del fondo de la controversia cuando el máximo tribunal determine cuál de las dos partes tiene la razón respecto al veto.
Asimismo, ambos juzgadores nombraron a su compañero Guillermo Ortiz Mayagoitia ''ministro instructor'' encargado de estudiar en lo particular la controversia y elaborar un proyecto de resolución que en su momento será votado por el pleno de 11 ministros que integran la Suprema Corte.
En el cuerpo del incidente de suspensión de la referida controversia se acepta la solicitud enviada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con objeto de habilitar como días hábiles el periodo vacacional de los integrantes de la SCJN. El fundamento de esa decisión se centra en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, donde se advierte que ''el tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse''.
Los dos integrantes de la Comisión de Receso -quienes tuvieron que haber leído y analizado en menos de 24 horas la controversia constitucional- defendieron a la SCJN sobre futuras suspicacias por su actuar: ''(...) se admite la demanda considerando que en el caso no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como podría ser el caso que se hubiere impugnado alguna partida del presupuesto de egresos que correspondiera ejercer al Poder Judicial de la federación''.
De tal forma, el incidente de suspensión de la controversia constitucional 109/2004 establece que se ''estima pertinente conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en esta controversia, para el único y exclusivo efecto de que no se realicen las transferencias, ni en consecuencia se apliquen las partidas presupuestarias previstas en el decreto de Presupuesto de Egresos 2005, en las obras, servicios y transferencias que específicamente señala la parte actora''.
Entre las 50 partidas que no se ejecutarán de manera temporal, según concluyeron los dos ministros, se encuentran: mantenimiento de la compañía operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana; orden de realizar obras y adquisiciones relativas a la Biblioteca CCU (Centro Cultural Universitario) de Jalisco; seguridad y reposición de equipos del Museo de Antropología Carlos Pellicer, de Tabasco; asignación especial para el proyecto Ciudad Inteligente, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Metro de la ciudad de Monterrey; instalaciones deportivas en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.
También se toca la construcción y modernización de 31 carreteras, entre ellas: El Sauzal-Tecate; Vizcaíno-Bahía de Tortugas; Palomas-Parral; Ampliación Mozimba-Pie de la Cuesta; Tepatitlán-Puerta de Acahuales; Ixtapan de la Sal-Tejupilco; Toluca-Ciudad Altamirano-Tejupilco; México-Toluca, en su distribuidor La Marquesa, y Puebla-Amozoc.
En tanto, los ministros Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño designaron ayer encargado de la controversia a Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien se encuentra de vacaciones hasta el 3 de enero.
Fue en punto de las 13:59 cuando en la oficina de la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro el diputado priísta Alfredo Villegas -en nombre de la Comisión Permanente- firmó la notificación, que incluye cuatro anexos.
Según fuentes judiciales consultadas, el trámite completo de la controversia podría llevar por lo menos seis meses, aunque, si no existe una sentencia para el 31 de diciembre de 2005, el litigio quedaría sin materia, pues la vigencia del presupuesto es de un año.
Por la noche, Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo aclararon en una entrevista televisiva que analizaron ''por completo y en detalle'' todo el contenido de la controversia, y ''no apreciamos que hubiera causales de improcedencia para desecharla por notoriamente improcedente''.
Refirieron que el sentido del fallo no significa que la Presidencia de la República hubiera ganado el juicio, sino que únicamente analizaron la forma del documento, es decir, revisaron que cumpliera con todos los requisitos para su estudio. Será en el fondo de la demanda, aclararon, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ''defina si confirma o modifica el acuerdo al que llegamos''.
Finalmente descartaron que su determinación hubiera obedecido a motivos políticos, pues ''sólo revisamos que (la demanda) cumpliera con las características jurídicas para su estudio''.
