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Sábado 15 de enero de 2005

Enfrenta Coca-Cola campaña de repudio

Sindicatos impulsan demanda y boicot por el asesinato de líderes gremiales en Colombia

JIM CASON, DAVID BROOKS Y ROBERTO GONZALEZ CORRESPONSALES Y REPORTERO

Organizaciones gremiales de Colombia y Estados Unidos acusan a Coca-Cola y a la empresa mexicana Femsa, dueña de embotelladoras de esa marca de refrescos en el país sudamericano, de contratar a paramilitares para asesinar a sindicalistas. Las agrupaciones denunciantes promueven una campaña internacional -que incluye una demanda legal en Estados Unidos contra estas dos empresas- en favor de la protección de los trabajadores y la compensación a las familias de los sindicalistas asesinados.

El sindicato nacional siderúrgico de Estados Unidos presentó una demanda judicial ante los tribunales federales estadunidenses contra Coca-Cola, Femsa y la embotelladora colombiana, que potencialmente podría representar cientos de millones de dólares en daños para estas empresas. Femsa fue incluida en la demanda, ya que es uno de los dueños principales de la embotelladora en Colombia.

En tanto, sindicalistas y estudiantes en Estados Unidos y otros países promueven una campaña con el lema ''killer coke" (coca asesina) para informar sobre las prácticas laborales, de derechos humanos y ambientales de la refresquera, y ya lograron que varias universidades cancelen contratos de venta en sus instalaciones académicas.

La marca, por su parte, ya montó una contraofensiva de alto nivel contra la demanda legal y la campaña, mediante el envío de ejecutivos a las universidades, con el propósito de enfrentar la amenaza del boicot. Además, lanzó su propia página de Internet, www.cokefacts.org, como respuesta al sitio www.killercoke.org.

Aunque el caso legal ha enfrentado escollos y ha sufrido reveses, su promotor, Ray Rogers, afirma que la campaña es cada vez más fuerte. Seis universidades en Estados Unidos y tres en Irlanda ya han rechazado la venta de Coca-Cola en sus centros académicos.

Los sindicatos nacionales de trabajadores de correos (APWU, por sus siglas en inglés) y de empleados de servicios (SEIU), así como la Federación de Maestros de California, se han sumado de manera formal a la campaña, mientras otros gremios y federaciones laborales abonan en favor de la causa.

Rogers, quien como director de la organización Corporate Campaign ha encabezado ambiciosas acciones nacionales en apoyo a luchas sindicales durante más de dos décadas, calcula que esta campaña ya ha costado a Coca-Cola millones de dólares. ''Eso sí, hemos captado su atención'', expuso en entrevista con La Jornada.

''La revista Fortune ha dicho que esta es la peor pesadilla de relaciones públicas que podría imaginarse Coca-Cola.''

Rogers ahora traza planes para entrar en contacto con estudiantes y sindicatos en México, y con los accionistas de Femsa.

"ƑSabrán los accionistas de Femsa que esta demanda en Estados Unidos podría costarle cientos de millones de dólares a su empresa?", pregunta. ''También estamos buscando contacto con dirigentes estudiantiles y académicos para ver si Coca-Cola tiene una presencia mayor en centros universitarios como la UNAM, y para ver si tienen interés en sumarse a la campaña mundial killer coke".

SOS ante abusos

La campaña contra Coca-Cola comenzó después de que trabajadores sindicalizados de las embotelladoras en Colombia, recientemente compradas por Femsa, solicitaron apoyo internacional. ''Necesitamos su apoyo para detener un ciclo atroz de asesinatos, secuestros y tortura contra líderes y organizadores de Sinaltrainal (sindicato nacional del ramo de alimentos), quienes están cotidianamente en luchas de vida y muerte en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia", escribió Javier Correa, presidente del sindicato, en una carta abierta a sindicalistas del mundo.

El sindicato ahora acusa a Coca-Cola en Colombia de cesar selectivamente a trabajadores de sus plantas para eliminar al sindicato. Esto es la culminación, acusa, de una campaña de intimidación a lo largo de una década contra sindicalistas, la cual incluye el asesinato de siete dirigentes gremiales y, en abril pasado, el asesinato de tres familiares del líder Efraín Guerrero, justo durante las negociaciones con la empresa.

La acusación de que la embotelladora de Coca-Cola en Colombia está ligada con grupos paramilitares recibió nueva credibilidad en Estados Unidos en 2004, cuando un juez en Miami aceptó que la embotelladora colombiana sí podía ser demandada en este país por violación de derechos humanos de sus trabajadores.

Al resumir el caso presentado ante el tribunal a nombre del sindicato colombiano, el juez describió lo que ocurrió en 1995 después que Isidro Gil fue electo presidente de la sección de Sinaltrainal en Carepa, donde está una de las plantas de la embotelladora Bebidas y Alimentos: "Un mes después, Be-bidas contrató a miembros de los paramilitares para trabajar en los departamentos de ventas y producción de la empresa".

Un nuevo administrador empresarial fue contratado, "permitió a los miembros paramilitares acceso a la planta y llegó a acuerdo con los líderes paramilitares para sacar al sindicato de la planta de Bebidas empleando amenazas de violencia, si fuese necesario".

Un año después, líderes paramilitares dispararon y mataron a Gil cuando abría la puerta de la planta. El juez estadunidense continúa: "testigos identificaron a los asesinos como paramilitares que previamente habían aparecido en la planta de Bebidas" con el administrador. En su fallo preliminar, el juez desechó a la empresa Coca-Cola de la lista de acusados en la demanda inicial, porque no podía ser responsabilizada de las acciones de la embotelladora en Colombia.

Pero desde esa primera evaluación judicial del caso, Femsa, hace dos años, ha comprado a los principales embotelladores co-lombianos. Coca-Cola USA es dueña de 46 por ciento de Femsa. El sindicato colombiano, el sindicato siderúrgico estadunidense y Terry Collingsworth, abogado estadunidense del Fondo de Derechos Laborales Internacionales, quienes presentaron la demanda, han solicitado formalmente que el juez considere restituir a Coca-Cola USA y a Femsa como acusados en la demanda. Se espera que el juez emita un fallo sobre la solicitud en el transcurso de este año.

"Coca-Cola tiene que estar preocupada por esto", dijo Collingsworth a La Jornada. "Si 100 por ciento de tus embotelladores en Colombia están ahora ante los tribunales por tortura, eso es nuevo". Ahora que Femsa es dueña de las embotelladoras colombianas, y que Coca-Cola USA es accionista mayor de Femsa, dice estar confiado en que el juez aprobará que ambos sean incluidos en el caso judicial.

En su defensa, Coca-Cola en Estados Unidos señala que las acusaciones de que su embotelladora local estaba ligada a los paramilitares ya fueron investigadas por los tribunales colombianos, los cuales determinaron que no era cierto.

También citan a otro sindicato colombiano, Sinaltrainbec, que también representa a algunos trabajadores de la embotelladora, y afirma que "no hay un solo indicio" de que Coca-Cola esté ligada con grupos armados ilegales. Finalmente, Coca-Cola recuerda en su sitio de Internet que el juez estadunidense la eliminó de la demanda como acusada.

Por su parte, Femsa en México también rechaza las acusaciones. Voceros de Femsa entrevistados en ese país afirmaron a La Jornada que "las reiteradas acusaciones del sindicato colombiano contra la compañía Coca-Cola y sus socios embotelladores son totalmente falsas. No son más que una descarada campaña destinada a obtener publicidad utilizando el nombre de nuestra compañía y sus marcas registradas".

Agregan que "The Coca-Cola Company y sus socios embotelladores deploramos y condenamos todo acto de violencia cometido en Colombia por cualquier grupo paramilitar o guerrillero contra dirigentes sindicales o cualquier otro grupo. Asimismo, hemos trabajado con los sindicatos colombianos para proporcionar amplias medidas de seguridad a empleados y dirigentes sindicales".

Finalmente, los voceros de Femsa afirmaron que "el respeto por los derechos laborales y humanos es uno de los principios fundamentales que caracterizan las actividades comerciales de Femsa en todo el mundo. Tratamos a nuestros empleados de todos los países con justicia, dignidad y respeto. Tanto nosotros como Coca-Cola operamos de acuerdo con las leyes locales y contribuimos a las comunidades a las que servimos".

Pero hay indicios de que la empresa estadunidense sí está sufriendo daños por esta campaña en su país. El líder de la campaña contra Coca-Cola, Ray Rogers, y otros activistas generaron mayor atención pública de los asesinatos y violaciones de sindicalistas en Colombia en la reunión anual de accionistas de Coca-Cola en Atlanta, en 2004.

Por otro lado, el Washington Post reportó que el vicepresidente ejecutivo y jefe de abogados de la empresa, Deval L. Patrick, re-nunció el año pasado en parte porque la empresa rehusó cumplir con su promesa de realizar una investigación independiente del supuesto vínculo entre las embotelladoras de Coca-Cola y los paramilitares en Colombia.

Corporate Campaign ha desarrollado una estrategia de cuatro partes para retar la imagen empresarial de Coca-Cola, negarles ac-ceso a mercados particulares como universidades y buscar avergonzar a accionistas e inversionistas de la empresa. La consigna de la campaña, "Asesinato... es la cosa real", es un juego de palabras con el lema publicitario de la empresa: "Coke... es la cosa real".

El sitio de Internet de la campaña, killercoke.org, irrita tanto a la empresa que ésta lanzó su propio sitio en respuesta y compró direcciones cibernéticas parecidas como killercoke.com y otras variaciones que ahora llevan a un sitio defendiendo el comportamiento de la empresa en Colombia.

Rogers argumenta que la campaña no tiene intención de promover un boicot general de Coca-Cola, pero sí busca atacar mercados específicos de la empresa como universidades y sindicatos. La campaña también busca provocar tensiones con bancos, em-presas e instituciones que tienen negocios con la empresa. "A Coca-Cola en Atlanta (sede mundial de la empresa) le encanta hablar del 'mundo de la Coca-Cola'", explicó Rogers. "La realidad es un mundo lleno de mentiras, engaños, inmoralidad, corrupción y serios abusos de derechos humanos y del medio ambiente".

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